CNE – Centro Para Una Nueva Economía – Center for a New Economy
Non-profit, economic research and policy development organization
Ahora que el gobierno de Puerto Rico, con el aval de la Junta de Control Fiscal ha cruzado finalmente el umbral del Titulo III de PROMESA, nos encontramos encaminados a un proceso de restructuración de por lo menos $52,000 de los $74,000 millones de nuestra deuda pública.
Buenos días a todos los presentes y mi agradecimiento a la administración y gerencia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en especial a su presidente el Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, al Padre Feliciano Rodríguez Domínguez, director del Instituto Superior Nacional de Pastoral, y al Licenciado Víctor García San Inocencio por la invitación a participar en este Foro sobre el Acceso a la Información y la Documentación Pública y la Fiscalización Ciudadana.
En Puerto Rico se está contemplando actualmente legalizar la práctica de otorgar préstamos por depósito diferido, conocida en inglés como “payday lending.” En términos generales, un préstamo por depósito diferido consiste de una transacción crediticia donde un prestamista le ofrece a un consumidor un préstamo a corto plazo a cambio de un cheque personal postdatado con un valor mayor, el cual el prestamista se compromete a no depositar o negociar hasta la fecha de vencimiento del préstamo.
El debate público durante los últimos dos meses se ha concentrado en el impacto de las medidas especificas de ajuste fiscal propuestas tanto por la Junta de Control de Fiscal (“JCF”) en su carta del 18 de enero al Gobernador Rosselló, como por la administración actual en su Plan Fiscal del 28 de febrero.
El 30 de julio de 1965, el Presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley creando los programas de Medicaid y Medicare. El Presidente describió con elocuencia los objetivos de la nueva ley:
La médula del plan fiscal es un escenario base, que a su vez es función de unas proyecciones de crecimiento económico. Este escenario asume que no hay cambios en las leyes o políticas fiscales existentes. El objetivo es establecer un marco de referencia para estimar el impacto de diversas propuestas de política pública.
I am writing on behalf of the Center for a New Economy (“CNE”), a Puerto Rico, non-partisan, not-for-profit, independent think tank, to convey our analysis of the Fiscal Plan presented by the government of the Commonwealth of Puerto Rico on October 14, 2016 (the “Fiscal Plan”), pursuant to the formal Invitation to Comment issued by the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (the “FOB”), which you preside. We thank you and the FOB for this opportunity to present our analysis and comments on the Fiscal Plan.
La sección 201 de la “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act” requiere que el gobierno de Puerto Rico prepare y presente a la Junta de Control Fiscal un plan fiscal a cinco años (como mínimo), para el gobierno central y cualquiera otra agencia o instrumentalidad gubernamental cubierta por dicha ley.
