CNE – Centro Para Una Nueva Economía – Center for a New Economy
Non-profit, economic research and policy development organization
Imagine, amigo lector, que a usted se le encomienda seleccionar el sistema eléctrico para un país del cual usted no conoce nada. No sabe si es rico o pobre, industrializado o agrícola, grande o pequeño, o si tiene recursos naturales para la producción de energía.
Hablar sobre la desigualdad se ha puesto de moda. Este concepto, que ha sido objeto de análisis por lo menos desde finales del siglo 18, ha cobrado importancia recientemente en el contexto de la crisis financiera de 2008 y sus consecuencias.
Comentarios CNE P. de la C.1457 para adoptar la Ley de la Junta Reguladora de Utilidades Públicas de Puerto Rico.
Ponencia ante la Comisión de Asuntos Enérgeticos y Recursos de Agua Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 882.
La necesidad de que Puerto Rico comience una transición hacia una economía basada en el conocimiento y la producción de ideas se ha estado discutiendo recientemente en el foro público. Para lograr esa transición se requieren, entre otras cosas, políticas públicas que fomenten la generación del conocimiento; escuelas y universidades con currículos modernos que enfaticen el pensamiento crítico; e instituciones que protejan y fomenten la creación de nuevo conocimiento.
Recientemente la Rama Ejecutiva ha presentado un proyecto de ley, el P. del. S. 882, para crear una Comisión de Energía y Telecomunicaciones. Esta propuesta surge en medio de los crecientes reclamos públicos para la creación de un ente externo que fiscalice a la Autoridad de Energía Eléctrica y que regule la industria eléctrica en la isla.
Sin un servicio de energía eléctrica de alta calidad, confiable y a un costo razonable, va a ser muy difícil, por no decir imposible, promover el desarrollo económico de Puerto Rico de manera sostenible y a largo plazo.
El equipo financiero del Gobierno presentó de manera sorpresiva varias propuestas para atender la crisis del sistema de retiro de los maestros. Sin embargo, el Gobierno no ha hecho público un análisis actuarial del impacto de la medidas que está proponiendo.
