CNE – Centro Para Una Nueva Economía – Center for a New Economy
Non-profit, economic research and policy development organization
En esta coyuntura de incertidumbre resulta útil establecer contextos y miradas comparativas: sirven para entender situaciones complejas como la que vivimos y forjar alternativas. A medida que se ha ido precisando la magnitud de la crisis económica y fiscal, Puerto Rico ha sido comparado con Grecia y Argentina, con Detroit.
No fueron pocos los que cabildearon a favor y aplaudieron la eventual aprobación del proyecto de ley federal conocido por sus siglas en inglés, PROMESA. Luego de un largo año desde que el gobernador de entonces, Alejandro García Padilla, apalabró lo evidente: que la matemática fiscal no cuadraba y que no había dinero para pagar la deuda pública, el gobierno federal intervino nombrando una junta para tomar control de las nuevas peripecias de la colonia y atender nuestros entuertos legales y económicos.
La médula del plan fiscal es un escenario base, que a su vez es función de unas proyecciones de crecimiento económico. Este escenario asume que no hay cambios en las leyes o políticas fiscales existentes. El objetivo es establecer un marco de referencia para estimar el impacto de diversas propuestas de política pública.
I am writing on behalf of the Center for a New Economy (“CNE”), a Puerto Rico, non-partisan, not-for-profit, independent think tank, to convey our analysis of the Fiscal Plan presented by the government of the Commonwealth of Puerto Rico on October 14, 2016 (the “Fiscal Plan”), pursuant to the formal Invitation to Comment issued by the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (the “FOB”), which you preside. We thank you and the FOB for this opportunity to present our analysis and comments on the Fiscal Plan.
La sección 201 de la “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act” requiere que el gobierno de Puerto Rico prepare y presente a la Junta de Control Fiscal un plan fiscal a cinco años (como mínimo), para el gobierno central y cualquiera otra agencia o instrumentalidad gubernamental cubierta por dicha ley.
We are writing in response to the request for “stakeholder input” issued by the Bipartisan Congressional Task Force on Economic Growth in Puerto Rico (the “Task Force”), which was established pursuant to Section 409 of the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (“PROMESA”).1
El gobierno finalmente ha publicado el informe anual con sus estados financieros auditados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades.
