Primer evento de Blueprint

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Los impactos de los huracanes Irma y María dejaron al descubierto uno de los problemas más duraderos relacionados a la vivienda en Puerto Rico: la falta de tenencia formal de la tierra y los asentamientos irregulares que albergan a cientos de miles de personas en la isla. Esta situación no es única, sino que se manifiesta alrededor del mundo.

¿Qué esfuerzos se han llevado a cabo en la isla para atender esta situación? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué lecciones se pueden extraer de otros lugares? 

Ante la necesidad de definir una política pública para el sector de vivienda, el Centro para una Nueva Economía (CNE) articula un esfuerzo colectivo con su iniciativa “Blueprint” para definir principios y propuestas innovadoras que integren las perspectivas e ideas de grupos que llevan años incidiendo sobre este tema.

El CNE llevará a cabo una serie de conferencias a lo largo del 2019 para promover el intercambio de conocimiento sobre los temas de tenencia de tierra y asentamientos irregulares, vivienda asequible y vivienda segura y duradera.

La primera de las conferencias, titulada “Tenencia de tierra y asentamientos irregulares: Experiencia internacional y lecciones para Puerto Rico”, está pautada para el 8 de febrero en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, entre 8:00 AM y 12:00 PM.

Panelistas invitados:

  • Annette M. Kim, Profesora Asociada, University of Southern California
  • Enrique R. Silva, Director de Iniciativas Institucionales e Internacionales, Lincoln Institute of Land Policy
  • María Luisa Zanelli, Advocacy & Policy Manager para America Latina y el Caribe, Habitat for Humanity 
  • Arq. Edwin Quiles, Fundador y Director del Taller de Arquitectura y Urbanismo Comunitario
  • Lcda. María E. Hernández, Profesora Adjunta, Clínica de Asistencia Legal, Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
  • Lyvia Rodríguez, Directora Ejecutiva, Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña

 

Los interesados en asistir favor registrarse aquí: http://bit.ly/2UzW2Pm

Estacionamiento disponible en el edificio multi pisos del Hospital San Jorge

Lectura adicional:

El documento adjunto por Raúl Santiago Bartolomei, Investigador Asociado de CNE, esboza en más detalle esta problemática y el marco que proponemos.

 

Blueprint contará con la colaboración de ReImagina Puerto Rico y otras organizaciones.

BlackStart

 

 

 

 

Black Start 2019_ Future of Energy Summit will convene top international and local leaders to provoke participants to envision the future of Puerto Rico’s modern utilily.

Stay tuned for weekly updates of participants, panelists and speakers that will be part of this full-day event.

Put Puerto Rico First

Scroll down for the Spanish version

During the past few months a narrative has taken hold, on both sides of the political spectrum, that Puerto Rico is “using federal disaster relief funds to pay bondholders”. This narrative is wrong and dangerously simplistic.

The use of federal funds, appropriated by Congress and allocated by federal agencies, is subject to numerous laws, rules, and regulations. Specifically, in the case of FEMA and HUD, which administer the two largest sources of federal disaster relief funds, each has issued regulations governing the obligation and expenditure of those moneys. In addition, these agencies have internal audit and control procedures and eventually could be subject to ex-post audits by their respective Inspector Generals and the Government Accountability Office, and to Congressional oversight hearings as well. Therefore, those crafting this narrative either lack an understanding of the disaster recovery process or are simply misrepresenting the truth to score cheap political points. Unfortunately, cheap politics usually transform into expensive policy blunders.

That being said, and given that money is fungible, it is true that:

  • Recovery funds will free up other Puerto Rican government funds that could be reprogrammed for other purposes (let’s call this the endowment effect)
  • The economic activity generated by recovery spending in Puerto Rico will increase tax revenues which could be used for any other purpose, including to increase bondholder payouts (let’s call this the income effect)

In our view, too much effort has been devoted to finding a way to put a firewall between federal funds and debt service. This is a fool’s errand: although Congress can legislate that “no federal disaster relief funds can be used to pay bondholders”, there is no absolutely fail-safe way to prevent this given the fungibility of money. What is required, instead, is the political will to tell bondholders that they will have to accept a large haircut even though the fiscal numbers look fine. And reason the numbers look good is because of the endowment and income effects described above, not because the Puerto Rican economy is growing at a sustainable rate.

Furthermore, the restructuring process designed under PROMESA didn’t anticipate these funds would ever be available to substitute for other Puerto Rico government funds. If a large surplus had been foreseen back in 2016, then Congress wouldn’t have legislated to allow for the restructuring of Puerto Rico’s debt. Revising the fiscal plan to include the effect of disaster recovery spending was a serious policy mistake.

Puerto Rico is in a unique bankruptcy situation in the midst of a massive recovery effort after a natural disaster. In this context, the correct strategy should be to “Put Puerto Rico First” by planning and requiring that funds from both the endowment and income effects be plowed back into the Puerto Rico economy before paying off bondholders.

Elements of a Puerto Rico First strategy would include the following:

  1. Recalculating the available surplus in the fiscal plan, net of disaster recovery funds
  2. Drafting a plan for investing the funds generated by the endowment and income effects on public good
  3. Calculating bondholder haircuts based on the “available surplus” net of federal funds
  4. Developing and offering to bondholders a bond whose repayment is contingent on Puerto Rico’s economic growth or on achieving certain tax revenue targets

In conclusion, at a time when the bad happens and the worse threatens, all of us who care about Puerto Rico have to be cautious about the language we use to further Puerto Rico’s cause. The island has few champions in Washington and certainly no shortage of detractors. It is imperative that all of us who care about the island do not undermine our cause by using ill-defined concepts and ideas and careless language.

Sergio M. Marxuach, Public Policy Director
November 28th, 2018


Poniendo a Puerto Rico Primero

 

Durante los últimos meses una narrativa se ha hilvanado, en ambos lados del espectro político, de que Puerto Rico está “utilizando la ayuda federal para la reconstrucción de la isla para pagarle a los bonistas”. Esta narrativa es errónea y peligrosamente simplista.

El uso de fondos federales, asignados por el Congreso y administrados por agencias federales, está sujeto a numerosas leyes, reglas y reglamentos. En términos específicos, en el caso de FEMA y HUD, que administran las dos fuentes más importantes de fondos federales de ayuda en casos de desastres naturales, cada una ha emitido regulaciones que rigen la obligación y el gasto de esos fondos. Además, estas agencias cuentan con procedimientos de control y auditoría interna y, en última instancia, podrían estar sujetas a auditorías ex-post por parte de sus respectivos Inspectores Generales y la Government Accountability Office, así como a la supervisión directa por parte del Congreso. Por lo tanto, aquellos que utilizan esta narrativa o bien no comprenden como funciona el proceso de recuperación post-desastre o simplemente están tergiversando la verdad para lograr objetivos políticos a corto plazo. Desafortunadamente, estas “victorias” políticas a corto plazo tienden a convertirse en desastres de política publica a largo plazo.

Dicho esto, y dado que el dinero es fungible, también es cierto que:

  • Los fondos de recuperación liberarán otros fondos del gobierno de Puerto Rico que podrían reprogramarse para otros fines (llamémoslo el efecto de dotación)
  • La actividad económica generada por el gasto de recuperación en Puerto Rico aumentará los ingresos fiscales que podrían utilizarse para cualquier otro propósito, incluso para aumentar los pagos a los bonistas (llamémoslo el efecto ingreso)

Desde nuestro punto de vista, se ha dedicado demasiado esfuerzo a encontrar una manera de construir una muralla entre los fondos federales y el servicio de la deuda. Al final del camino, esta es una tarea de tontos: aunque el Congreso puede legislar que “no se puede usar dinero de ayuda federal para desastres para pagarle a los bonistas”, no existe una manera absolutamente segura de evitar esto, dada la fungibilidad del dinero. Lo que se requiere, en cambio, es la voluntad política de decirles a los bonistas que tendrán que aceptar una reducción significativa en sus acreencias, a pesar de que la posición fiscal se vea bien. Y es que los números se ven bien debido a los efectos de dotación y de ingreso descritos anteriormente, no porque la economía puertorriqueña esté creciendo a una tasa sostenible.

Además, el proceso de reestructuración diseñado bajo PROMESA no anticipaba que estos fondos estuvieran disponibles para sustituir otros fondos del gobierno de Puerto Rico. Si en el 2016 se hubiera anticipado un gran superávit en el 2019, entonces el Congreso no habría legislado para permitir la reestructuración de la deuda de la isla. Revisar el plan fiscal para incluir el efecto del gasto en la recuperación y reconstrucción fue un error grave de política publica.

Puerto Rico se encuentra en una situación de bancarrota única en medio de un esfuerzo masivo de recuperación después de un desastre natural. Dadas estas circunstancias, la estrategia correcta debe ser “Poner a Puerto Rico Primero” planificando y requiriendo que los fondos producto de los efectos de dotación y de ingreso se reinviertan en la economía de Puerto Rico antes de pagarle a los bonistas.

Los elementos de una estrategia de Puerto Rico Primero incluirían lo siguiente:

  1. Recalcular el superávit disponible en el plan fiscal, neto de los fondos para la recuperación
  2. La redacción de un plan para invertir los fondos generados por los efectos de la dotación y los ingresos en bienes públicos
  3. Calcular los recortes a los bonistas basados en el “excedente disponible” neto de los fondos federales para la recuperación
  4. Ofrecerle a los bonistas un bono cuyo repago sea contingente a que Puerto Rico logre una tasa de crecimiento económico sostenible o a que se logren una serie de metas con respecto a los ingresos del gobierno central.
En conclusión, en un momento en que lo malo pasa y lo peor amenaza, todos los que nos preocupamos por Puerto Rico debemos ser cautelosos con el lenguaje que usamos para promover la causa de Puerto Rico. La isla tiene pocos defensores en Washington y ciertamente no tiene una escasez de detractores. Es imperativo que todos los que nos preocupamos por Puerto Rico no socavemos nuestra causa utilizando ideas y conceptos pobremente definidos y un lenguaje impreciso.
 
Sergio M. Marxuach, Director de Política Pública
28 de septiembre de 2018

Puerto Rico’s Unfinished Business After Hurricane María


Haga click aquí para la versión en español

It has been a little over a year since Hurricane María fractured Puerto Rico’s infrastructure and its demographic and economic landscape. Currently, all the critical infrastructure—electricity, water, telecommunications, schools, and hospitals—is functional. The enormous effort and the amount of hard work put into removing millions of cubic yards of debris; patching up the electrical grid and the water treatment system; putting hospitals in working order; temporarily fixing damaged housing; among a host of other emergency response activities, sometimes under conditions dangerous to life and limb, should be acknowledged and recognized by one and all.

However, a year after the storm a kind of nervous normalcy prevails in the island and while the amount of work that has been done since last year should not be dismissed, it is important to understand the magnitude of the task at hand and the challenges that lie ahead. The island’s economic fundamentals remain fragile, the electrical system is unstable, the Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority still needs electrical generators to back-up critical water pumps, and despite an effort from all sectors to be vigilant and prepared for another natural disaster, there is significant uncertainty as to how well equipped the central government and its municipalities are to face another storm.

Furthermore, federal funds allocated thus far will not be sufficient to successfully rebuild Puerto Rico’s infrastructure. The Federal Emergency Management Agency (FEMA), using a model designed by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), has acknowledged that total damages could add up to approximately $90 billion in Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. By the end of the 2018 federal fiscal year, estimates of funds appropriated for Puerto Rico disaster relief still range anywhere from $33 to $45 billion, or about half of what is anticipated to be necessary. And when compared to the total funds allocated to address the 2017 natural disasters, the amount obligated by FEMA’s individual assistance programs for Hurricane Maria’s disaster victims has been significantly lower than the portion obligated for victims of Hurricane Harvey or Hurricane Irma.

As noted throughout the report, Puerto Rico’s current situation is extremely complex, a fact that should be considered and addressed early in the recovery process, before making decisions that could have permanent and damaging social and economic implications. Fully understanding the current lay of the land is important because Puerto Rico is the only jurisdiction, to the best of our knowledge, tosimultaneously go through a bankruptcy procedure, a twelve-year economic recession, a fiscal and debt crisis managed under the purview of a congressionally-mandated oversight board, and a large-scale recovery process after a massive natural disaster.

In sum, the report seeks to frame Puerto Rico’s recovery process by providing a snapshot of where the island is today and how much federal money has been allocated, casting light on some of the reconstruction challenges, and igniting a discussion on the options available for a sustainable recovery. It is the first of a series that CNE intends to produce with the goal of educating policymakers about the nuances and complications they will face when designing long-term solutions for the island.

 

My first Publication CNE-Policy-Paper_-Puerto-Ricos-Unfinished-Business

Blackout in Puerto Rico

Frontline and PBS report about the Blackout in Puerto Rico after Hurricane Maria.

Aprendiendo sobre la marcha: procesos para tiempos de crisis

Resulta desconcertante, tras una década perdida en un trote acelerado hacia el desbarrancadero económico, y otra que se avecina según las proyecciones gubernamentales, que todavía ansiemos la llegada de “el plan” que nos va a sacar del lodazal. La terrible situación que enfrenta el país ha alimentado la sed de propuestas abarcadoras y soluciones repentinas. Al mismo tiempo, la incertidumbre nos ha tornado inmunes a la decepción y miopes en cuanto a exigencias cívicas, pues el cementerio de planes gubernamentales está abarrotado pero se le sigue implorando al estado que confeccione y presente un mapa de ruta que asegure el éxito. En esta encrucijada, un plan o instrumento que provea detalles sobre cómo sobreponer la crisis y mejorar el bienestar de la mayoría es necesario pero insuficiente. Más que producir buenos planes, necesitamos encaminar mejores procesos de desarrollo.

Como nos explica el profesor Leonardo Santana Rabell en su análisis crítico sobre el ejercicio de la planificación en Puerto Rico, nuestro antojo por los planes tiene raíces coloniales profundas. En los años treinta, la administración norteamericana estableció la Puerto Rican Emergency Relief Adminstration (PRERA) y luego la Puerto Rican Reconstruction Administration (PRRA), siguiendo las recomendaciones del Plan Chardón, para poner en marcha un programa de trabajo que atendiese los efectos de una grave crisis socioeconómica mediante la extensión de políticas “novotratistas” al terruño. Estos esfuerzos, aunque parciales, sirvieron de zapata y campo de entrenamiento para la creación, en los años cuarenta, de la Junta de Planificación, entidad que se pensó como un centro de comando nacional para “guiar el desarrollo de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y económico” a través de una serie de planes y programas financieros. No obstante, el olimpo tecnocrático y científico que delineó Rexford G. Tugwell—veterano planificador y último gobernador estadounidense de la isla—no se consumó, gracias, en gran parte, a las veleidades del partidismo legislativo y la presión ejercida por diversos intereses económicos.

Desde entonces, la Junta de Planificación ha preparado ambiciosos planes de desarrollo, que según su ley orgánica, se supone que sirvan de guías para ordenar el país. A pesar de sus contribuciones técnicas y analíticas, usualmente terminan siendo ignorados y archivados en algún rincón oscuro —especialmente si su contenido no encaja con la doctrina partidista del momento—. De esta patética experiencia se desprende una lección valiosa: las estrategias, planes y proyectos de desarrollo no son herramientas apolíticas, todo lo contrario. Por más que se promuevan como soluciones técnicas, calculadas y científicas, las maniobras desarrollistas son el producto de fuerzas históricas y políticas.

Interesantemente, el desdén hacia los esfuerzos de la Junta de Planificación no ha amainado el afán por los planes con el paso del tiempo. Producir y promulgar al menos uno se ha convertido en un rito de nuestra burocracia; y no son pocas las firmas y consultores, foráneos y locales, que prestan sus servicios y cobran grandes sumas para cumplir con el simulacro que consiste, en gran medida, en recalentar ideas y plasmarlas en diapositivas coloridas. Ciertamente, no todo es bagazo. Pero raras veces se pasa del texto a la discusión, a la gestión, a la revisión crítica o a la evaluación.  Al parecer, armar un plan se ha convertido en un fin en sí mismo pues la coartada por excelencia del administrador gubernamental arrinconado por el escrutinio público suele ser la lapidaria frase “tenemos un plan”.

Rebasar el fetichismo con “los planes” requiere repensar y proveer alternativas sobre cómo se conciben las propuestas y oportunidades de desarrollo. De entrada, esto requiere entender el desarrollo como un proceso, no un destino o desenlace económico que se manifiesta cuando ciertos indicadores estándar apuntan en la dirección correcta.  

Varios estudiosos argumentan que el enfoque procesal nos permite tomar nota de los giros y vueltas, los cambios en las dinámicas de poder, las consecuencias no intencionadas y las oportunidades de aprendizaje que surgen a medida que las ideas de desarrollo se convierten en proyectos y políticas realmente existentes. Además, esta perspectiva nos ayuda a conceptualizar los proyectos de desarrollo como esfuerzos dinámicos que pueden trascender intenciones y planes originales.

La agenda de trabajo de la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del Centro para una Nueva Economía apunta hacia esta dirección. Más que producir otro plan o una colección de estudios, nos interesa encaminar un ejercicio alterno para proponer y ensayar estrategias de desarrollo socioeconómico. Aprovechando el peritaje de expertos locales y de otras latitudes, con diversas perspectivas disciplinarias e ideológicas, nos enfocaremos en realizar análisis, diseñar políticas y, en algunos casos, llevar a cabo proyectos de demostración con entidades estatales, ONGs, el sector privado y académicos. Uno de los objetivos principales es generar ciclos de aprendizaje y que muchas de las lecciones acumuladas se institucionalicen.

También nos interesa fomentar que diversos grupos participen para identificar las soluciones. De nada vale esperar resultados distintos si las mesas de trabajo están pobladas por los mismos de siempre. Sin lugar a dudas, la apertura se traduce en mayor complejidad; de eso se trata. Tradicionalmente, el diseño de políticas y la toma de decisiones sobre el desarrollo económico se han realizado a puertas cerradas, lo que ha permitido que ciertos intereses empresariales y partidistas logren beneficios hechos a la medida, y que cada nueva administración imponga su propio libreto. Bajo este tipo de arreglo, el chanchullo prolifera, pues escasean el monitoreo y la rendición de cuentas. Así pues, la inclusión sirve para fomentar el debate, también para arrojarle luz a un ejercicio tradicionalmente opaco y asegurar que lo acordado se cumpla.   

No somos ilusos. Sabemos que para generar oportunidades de desarrollo se necesitan estrategias multifacéticas, duraderas y bien financiadas —preferiblemente lideradas y apoyadas por el estado—. En Puerto Rico, la depresión económica, el entuerto de la deuda y las directrices impuestas por la limitan aún más la poca capacidad que posee el gobierno para atender estos temas. Lejos de relevar al estado, queremos que la Comisión de Crecimiento del CNE encamine acuerdos generales sobre lo posible y deseable, que ayude a mejorar la calidad de las discusiones sobre políticas de desarrollo y que ayude a mejorar el desempeño del sector público. En fin, queremos facilitar un proceso que nos ayude a repensar el desarrollo para generar nuevas posibilidades.

Por: Deepak Lamba-Nieves
Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
Twitter: @deepakln