El claroscuro de la AEE

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El diccionario de la Real Academia Española provee cuatro definiciones para la palabra claroscuro. Dos de éstas son particularmente relevantes para describir la realidad de la Autoridad de Energía Eléctrica (la “AEE”), en general, y el Acuerdo de Reestructuración de la Deuda de esa agencia con un grupo de bonistas (“RSA” por sus siglas en inglés), en especifico. De acuerdo con el diccionario, claroscuro puede referirse a: (1) una “distribución muy acusada de la luz y de las sombras de un cuadro”; o (2) un “conjunto de rasgos contradictorios de una persona, de una situación o de una cosa.”

Por décadas la AEE ha operado en esa frontera de grises que yace entre las luces y las sombras; entre la verdad y la mentira; entre el cabildeo legal y el chanchullo ilegal. El recién negociado RSA es un buen ejemplo: es un acuerdo negociado en nombre del pueblo de Puerto Rico en cuartos oscuros por asesores y consultores extranjeros, algunos de ellos de dudosa reputación, y avalado por los agentes ilegítimos de un régimen burocrático-autoritario que funciona en el vasto claroscuro político que existe entre la democracia y el totalitarismo.

El RSA propone el intercambio de los bonos existentes de la AEE por dos tipos de bonos nuevos. Los Bonos Clase A (“Tranche A”) serán intercambiados a una proporción de 67.5% de la cantidad principal de los bonos pendientes sujetos al intercambio, además de otros pagos. Mientras que los Bonos Clase B (“Tranche B”) se intercambiarán a una proporción de 10% de la cantidad principal de bonos pendientes sujetos al intercambio. Esto implica una reducción en el valor nominal de los bonos existentes de 22.5%. De los documentos públicos no se puede determinar si esa reducción en la deuda resulta en una carga sustentable para la AEE.

Los Bonos Clase A tendrán un vencimiento de 40 años, sujeto a una amortización temprana en ciertas circunstancias. Dichos bonos devengarán intereses a una tasa anual de 5.25% que se pagarán en efectivo y serán exentos de impuestos. Los Bonos Clase B tendrán un vencimiento de 47 años. El interés de los Bonos Clase B se pagará en especie, es decir, con bonos adicionales Clase B y se acumulará a una tasa anual de 7.00% (si exento de impuestos) o de 8.75% (si sujeto a impuestos).

El repago de los bonos nuevos estará asegurado por un gravamen en el flujo de efectivo futuro generado por la AEE mediante la imposición de un cargo de transición. Este es un cargo especial que se añadirá a las facturas de todos los consumidores de la AEE y se utilizará exclusivamente para pagar los bonos nuevos. El cargo de transición está diseñado para aumentar escalonadamente, comenzando en 2.768 c/kWh durante el año fiscal 2021 hasta un límite máximo de 4.552 c/kWh durante el año fiscal 2044 y hasta el vencimiento de los bonos nuevos.

Es importante señalar que estos términos y condiciones son esencialmente los mismos del RSA negociado en julio de 2018, y que eventualmente fue rechazado; con la excepción del cargo por transición que es más alto en el RSA nuevo. Así que después de diez costosos meses adicionales de negociaciones, Puerto Rico termina con la misma reducción en la deuda de la AEE y un cargo de transición mayor al acordado en el 2018. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Por qué aquel acuerdo era “malo” y este es “bueno”? Solo aquellos que transitan sigilosamente en las penumbras oscuras alrededor de la AEE saben la contestación.

Los consumidores que generan su propia electricidad también estarán sujetos al cargo de transición, a menos que estén completamente y de manera permanente desconectados del sistema eléctrico estatal. Según se está proponiendo, el cargo de transición esencialmente sería un impuesto regresivo sobre todos los consumidores. Además, desalentará a que los consumidores instalen sistemas de energía renovable (“behind the meter generation systems”). Esto en contradicción de la Ley de Política Energética de Puerto Rico, del Plan Integrado de Recursos preliminar y del Plan Fiscal de la AEE, los cuales promueven, por lo menos en teoría, una transición hacia la generación distribuida basada en fuente renovables de energía.

El RSA también exige la imposición de un cargo por subsidio para todos los consumidores excepto los que han recibido excepciones mediante legislación. Este cargo se impone para recuperar de los consumidores de la AEE: (1) los costos incurridos por la AEE o cualquier sucesora por subsidios otorgados a varias clases de consumidores; (2) cantidades facturadas y no cobradas a clientes privados; y (3) cantidades facturadas y no cobradas a clientes del gobierno.

Además, el RSA incluye otro cargo por acuerdo de transacción, que se incluirá en las facturas de todos los consumidores empezando el 1 de julio de 2019 y equivale a 1 c/kWh. Comenzando el 30 de agosto de 2019, la AEE les pagará a los bonistas que suscriben el RSA una cantidad igual a los kilovatios/horas facturados por la AEE durante el mes anterior, multiplicada por 92% y luego multiplicada por el cargo por acuerdo de transacción.

En conclusión, el RSA es emblemático de ese “conjunto de rasgos contradictorios” que constituye la política energética de Puerto Rico. Sus términos y condiciones son demasiado generosas con los acreedores; está repleto de cargos escondidos; desalienta la transición a la generación distribuida con fuentes renovables; es incierto que provea el alivio a la deuda necesario para mantener la AEE funcionando sin tener que entrar en otro proceso de restructuración a corto o mediano plazo; y resultará en un aumento significativo en la tarifa para los consumidores puertorriqueños durante décadas.

En términos sencillos, el acuerdo propuesto no es una buena transacción para Puerto Rico. Por todas estas razones el RSA se debe rechazar y respetuosamente recomendamos que las partes regresen a la mesa de negociación.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

CNE Analyzes the New PREPA Restructuring Support Agreement: It is Worse Than You Think

On May 3, 2019, the Puerto Rico Electric Power Authority (“PREPA”), the Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority (“AAFAF”), and the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (the “FOMB”), executed a “Definitive Restructuring Support Agreement” (the “RSA”), with the members of the Ad Hoc Group of PREPA Bondholders (the “Ad Hoc Group”), and Assured Guaranty Corp. and Assured Guaranty Municipal Corp. (collectively, “Assured”), for the restructuring of a portion of certain bonds issued by PREPA.

Last week, CNE Public Policy Director and energy policy expert Sergio M. Marxuach published an analysis of the new RSA and its implications for Puerto Rico.

In his analysis, Marxuach reaches the following conclusions about the agreement:
  • Its terms and conditions are overly generous to creditors;
  • it discourages the transition to distributed renewable generation;
  • it is uncertain whether the deal provides the debt relief necessary to keep PREPA functioning while avoiding another restructuring in the short to medium term; and
  • it will in all likelihood result in a significant rate increase for Puerto Rican ratepayers for decades to come.
Additionally, the new RSA established even greater charges for ratepayers than last year’s proposed restructuring agreement.

“After ten months of additional negotiations, we’ve ended up with the same reduction in principal and paying a greater Transition Charge than we would have paid under the July 2018 RSA,” said Marxuach, who added: “…if Puerto Rico continues to be too generous with its creditors, the likelihood of experiencing another debt crisis in the short to medium term increases significantly.”

Breakdown of new consumer charges included in the 2019 PREPA Restructuring Support Agreement
 
In the report and executive summaries linked below, we summarize some of the principal terms and conditions of the RSA and provide some analysis of its potential effects on Puerto Rico’s electricity market.

 

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Transiciones

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Los períodos de transición suelen ser tiempos convulsos, llenos de incertidumbre y conflictos. Por ejemplo, en las ciencias, tal y como explicara Thomas Kuhn en su libro La Estructura de las Revoluciones Científicas, el período entre el cuestionamiento de un paradigma prevaleciente y la aceptación de un nuevo paradigma que lo reemplace, está lleno de incertidumbre y surgen amargos debates entre los que defienden el paradigma existente y los que promueven una manera nueva de entender la naturaleza.

En estos días en Puerto Rico estamos comenzando el proceso de transición de nuestro sistema eléctrico, de uno basado en grandes unidades generatrices centralizadas que queman combustibles fósiles a uno nuevo basado mayormente en la generación distribuida de electricidad utilizando fuentes renovables de energía.

No debe sorprendernos, entonces, que comience un debate público entre los que apoyan distintos derroteros para llevar a cabo esta transformación. Este choque de ideas y visiones es saludable, siempre y cuando los participantes obren de buena fe y con transparencia, como debe ser en una sociedad que se auto-denomina “democrática”.

Nosotros en el Centro para una Nueva Economía creemos que el nuevo sistema eléctrico de Puerto Rico debe maximizar la integración al sistema de capacidad de generación renovable y de tecnologías de almacenamiento, para proveer reservas, otros servicios auxiliares y carga adicional en las horas pico.

Cuando nos referimos a fuentes renovables de energía para generar electricidad, nos referimos no solamente a la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, sino también a cualquier otra tecnología renovable, limpia y segura, que se ha comprobado es viable a escala comercial, por ejemplo, la generación con energía solar termal. En nuestra opinión se deben considerar todas las opciones factibles que cumplan con los parámetros anteriores, para confeccionar una cartera de generación lo más diversificada posible, dado el estado actual de la tecnología y el que se proyecta para el futuro cercano.

Desafortunadamente, la tecnología disponible en estos momentos no permite que toda la demanda de electricidad en Puerto Rico se pueda satisfacer con fuentes renovables de energía. La generación con fuentes renovables es intermitente, y aunque ese problema se puede manejar con tecnologías de almacenamiento de energía (baterías), no se puede eliminar en su totalidad.

Puerto Rico necesita satisfacer una carga base todo el día para mantener las escuelas, comercios, oficinas, hospitales, hoteles y fabricas funcionando, sin mencionar, la electricidad necesaria para nuestros hogares. No es lo mismo proveerle energía solar al colmadito de la esquina que a una economía y sociedad modernas de 3.1 millones de personas. Y simplemente no vemos factible—en el corto o mediano plazo—un escenario en el cual la capacidad de generación distribuida, usando placas fotovoltaicas, se pueda instalar masivamente utilizando los techos de 65% o más de las edificaciones existentes en Puerto Rico.

Por tanto, va a ser necesario añadir capacidad de generación nueva utilizando generación basada en fuentes no renovables. Sin embargo, se nos ha criticado por sugerir que la brecha entre la demanda y la oferta de electricidad se cierre con generación utilizando gas natural, el cual entendemos es una de las fuentes no renovables que menos contamina y de las más seguras. Eso a pesar de que hemos dejado claro que la construcción de infraestructura nueva de gas natural debe ser la mínima necesaria para mantener la estabilidad del sistema y permitir la maximización del uso de recursos renovables.

Esto significa:

  1. promover la integración al sistema de unidades de generación altamente eficientes y relativamente pequeñas; de manera consistente con el rediseño de la red de transmisión y distribución, y sin utilizar gasoductos;
  2. que dicha construcción debe limitarse a unidades cuya inversión pueda ser recuperada en 20 años o menos;
  3. prohibir la construcción nueva de unidades de generación que utilicen combustibles fósiles después del 2030 para fomentar la transición a fuentes renovables y lograr el objetivo de generar 100% de nuestra electricidad con fuentes renovables en el 2050. Obviamente, estamos dispuestos a escuchar a organizaciones o personas que apoyen otras alternativas o planes.

Por otro lado, también nos han criticado por no favorecer la generación de electricidad con energía nuclear, a pesar de los avances en esa área. Es cierto que la tecnología de generación nuclear ha mejorado significativamente desde la década de los años 70, tan es así que de acuerdo con una reseña reciente en la revista The Atlantic algunos de los arquitectos del “Green New Deal” no la descartan como parte de su solución para eliminar las emisiones de gases invernadero.

En el caso de Puerto Rico no la vemos como una opción viable. Por más que haya mejorado la tecnología, el riesgo de un evento tipo “black swan”, de poca probabilidad pero con consecuencias catastróficas, no se puede eliminar por completo. El riesgo de un accidente nuclear en una isla del tamaño de Puerto Rico, por más remoto que sea, simplemente no es aceptable porque supone una amenaza existencial a nuestra sociedad. Además, pregúntese usted si se siente cómodo con la idea de proveerle Uranio-235 a la AEE, una de las agencias gubernamentales más corrupta y peor administrada en nuestra historia.

Al comienzo de esta transición tenemos que aceptar que no existen soluciones perfectas, todas tienen sus costos y beneficios y requieren que hagamos lo que en inglés llaman “tradeoffs”. Cuidado pues con los falsos profetas vendiendo soluciones que requieren la suspensión voluntaria de nuestra incredulidad. Especialmente con aquellos que acaban de desembarcar en Puerto Rico con poco conocimiento y menos entendimiento de nuestra economía, sociedad y sistema eléctrico.

 

Por: Sergio M. Marxuach

Director de Política Pública

Centro para una Nueva Economia

Esta columna se publicó originalmente en El Nuevo Día el 17 de marzo de 2019

Transformación energética

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El sector de energía eléctrica en todo el mundo está cambiando rápidamente a medida que nuevas tecnologías incompatibles con el modelo centenario de generación centralizada de electricidad entran en funcionamiento. Debemos aprovechar esta coyuntura para traer al siglo 21 el anquilosado sistema eléctrico de Puerto Rico.

Para llevar a cabo con éxito la transición a un nuevo modelo de generar y vender electricidad es necesario desarrollar una nueva visión del sistema; enmendar leyes y reglamentos; modernizar las redes de transmisión y distribución; y fomentar el uso eficiente de la energía por parte de los consumidores.

El primer paso es desarrollar una visión a largo plazo que determine y establezca los objetivos que se quieren lograr a través de la política pública energética y el marco regulatorio, proceso que se ha estancado en el comité de conferencia sobre el P. del S. 1121.

Desarrollar esta visión requiere pensar más allá de los confines de la isla, pero tomando en consideración y entendiendo a fondo las limitaciones y retos que enfrenta Puerto Rico. Además, se necesitarán políticas públicas y reglamentos de avanzada para implementar esa visión, así como establecer lineamientos con respecto a los objetivos ambientales, los estándares de energía renovable, la eficiencia energética y el manejo de la demanda energética.

También debe incluir entre tres a cinco objetivos estratégicos, así como una meta ambiciosa pero realista a largo plazo y partir de la premisa que el modelo de hacer negocios de las compañías de generación eléctrica, tradicionalmente conocido como “build and grow”—basado en la construcción de plantas generatrices cada vez más grandes y eficientes, utilizando combustibles fósiles baratos y en un aumento continuo en el consumo de electricidad—ya no es factible debido a limitaciones en la eficiencia alcanzable en la generación de electricidad, el aumento en el precio de los combustibles fósiles, nueva reglamentación ambiental, la reducción en la demanda de electricidad y la entrada de tecnologías nuevas de generación utilizando fuentes renovables.

En términos de la generación, la nueva política pública energética debe maximizar la integración al sistema de generación renovable y de tecnologías de almacenamiento, para proveer reservas, otros servicios auxiliares y carga adicional en las horas pico. Este diseño no solo es eficiente, sino que puede ayudar a proporcionar un servicio con menos interrupciones y más costo-efectivo para todos los clientes.

Es importante que al comparar el costo de alternativas tradicionales de generación con el costo de alternativas de energía renovable se tomen en consideración todos los costos asociados con la generación tradicional, no solo el costo del combustible fósil pero los costos sociales también. Por ejemplo, el costo de la contaminación ambiental; el costo del tratamiento médico de casos de asma, problemas respiratorios, de los ojos y la piel; así como el costo de las muertes prematuras causadas por el cáncer y otras enfermedades causadas directa o indirectamente por las emisiones de contaminantes. Ya existen metodologías, como la desarrollada por William Nordhaus, profesor de Yale y ganador del Premio Nobel de Economía en el 2018, para realizar estos cálculos.

Desafortunadamente, la tecnología disponible en estos momentos no permite que toda la demanda de electricidad en Puerto Rico se pueda satisfacer con fuentes renovables de energía. Por tanto, va a ser necesario añadir capacidad de generación nueva utilizando gas natural.

Ahora bien, la construcción de infraestructura nueva de gas natural debe ser la mínima necesaria para permitir la maximización del uso de recursos renovables. Esto significa promover la integración al sistema de unidades de generación altamente eficientes y relativamente pequeñas; construidas y distribuidas a través de la isla, de manera consistente con el rediseño de la red de transmisión y distribución; y que dicha construcción debe limitarse a unidades cuya inversión pueda ser recuperada en 20 años o menos. Finalmente, se debe prohibir la construcción nueva de unidades de generación que utilicen combustibles fósiles después del 2030 para fomentar la transición a fuentes renovables y lograr el objetivo de generar 100% de nuestra electricidad con fuentes renovables en el 2050.

Por el lado de la transmisión y distribución, la política pública energética debe fomentar la evolución de la red para incorporar de manera eficiente y confiable la generación distribuida y el uso de baterías a nivel de la red, así como al detal, para permitir el almacenamiento de electricidad cuando no se requiera su uso inmediato y así promover y aumentar el valor de los recursos de generación intermitente.

Además, dados los efectos previsibles del rápido cambio climático, la red del siglo 21 tiene que ser lo suficientemente flexible para incorporar micro y mini-redes que puedan conectarse y desconectarse de la red principal, según sea necesario, para asegurar que las instalaciones de infraestructura crítica (hospitales, bombas de agua, telecomunicaciones etc.) tengan un respaldo adecuado en caso de desastres para proteger a las comunidades aisladas de interrupciones prolongadas de esos servicios y limitar los impactos a la salud y al ambiente.

En resumen, la transformación energética de Puerto Rico tiene que ser bien pensada, estratégica, y seguir una secuencia lógica, más aún cuando la AEE enfrenta simultáneamente los retos de la reconstrucción del sistema eléctrico después del Huracán María, la reestructuración de su deuda bajo el Titulo III de PROMESA, una reducción sustancial en la demanda por sus servicios, y la privatización, total o parcial, de un sistema eléctrico que ha sido administrado y operado como un monopolio por más de setenta años.

Esta es una tarea compleja y difícil, pero no podemos posponerla o permitir que el proceso sea capturado por grupos de interés particulares y llevado a cabo en cuartos cerrados y oscuros. Súmate al CNE en este esfuerzo participando en la conferencia Black Start, el próximo 21 de marzo en el Centro de Convenciones.

Por: Sergio M. Marxuach

Director de Política Pública

Centro Para Una Nueva Economia

Esta columna se publicó originalmente en El Nuevo Día el 3 de marzo de 2019

The Transformation of the Energy System

Lea la versión en español

Around the world, the electric energy sector is undergoing rapid change as new technologies incompatible with the century-old model of centralized generation come on line. We should seize this critical juncture to bring Puerto Rico’s obsolete electrical system into the twenty-first century.

To successfully bring about the transition to a new model of generating and selling electricity, there are a number of tasks before us. We must develop a new vision of the system; amend laws and regulations; modernize the transmission and distribution networks; and encourage the efficient use of energy by consumers.

The first step is to develop a long-term vision that will establish the objectives to be achieved through the public energy policy and regulatory framework—a process that has been stuck in the legislature’s conference committee on S.B. 1121.

Developing this vision requires that we think beyond the confines of Puerto Rico while at the same time fully understanding and considering the limitations and challenges the island faces. To implement the vision, we will need enlightened, forward-thinking public policies and regulations. We will have to establish guidelines with respect to our environmental objectives as well as renewable-energy, energy efficiency, and demand management standards.

The vision should also include from three to five strategic objectives and an ambitious yet realistic long-term goal based on the premise that the model by which electrical-generation companies have traditionally done business, known as “build and grow”—that is, building ever-larger generating plants, using cheap fossil fuels, and supplying ever-increasing demands for electrical power—is no longer feasible, due to limitations on the efficiency obtainable in electric generation, the increase in the price of fossil fuels, new environmental regulations, a decline in the demand for electricity, and the entry into the field of new generating technologies using renewable sources of energy.

In terms of generation, the new public energy policy should maximize integration into the system of renewable generation and storage technologies that can provide reserves, other auxiliary services, and additional load at peak hours. This design is not only efficient, but can also help provide cost-efficient service with fewer interruptions.

It is important that in comparing the cost of traditional generation alternatives to the cost of renewable-energy alternatives, all the costs associated with traditional generation be taken into account—not simply the cost of fossil fuels but also such social costs as the cost of environmental pollution; the cost of medical treatment for asthma and other respiratory problems and eye and skin problems; and the cost of premature deaths from cancer and other diseases caused directly or indirectly by the emission of pollutants. Methodologies already exist, such as that developed by William Nordhaus, Yale professor and winner of the Nobel Prize for Economics in 2018, for doing these calculations.

Unfortunately, with the technology available at the moment it is not possible to fulfill all the demand for electricity in Puerto Rico with renewable sources of energy. Therefore, it will be necessary to add new generation capacity using natural gas.

We should emphasize, however, that new natural-gas infrastructure should be as limited as possible, so as to allow the maximum use  of renewable resources. This means ensuring that high-efficiency, relatively small generation units are built and distributed all around the island and integrated into the system in a manner consistent with the redesign of the transmission and distribution network. Investment in these new generating plants should be limited to those whose investment cost can be recouped in twenty years or less. Finally, in order to encourage the transition to renewable energy and achieve the objective of generating 100% of our electricity with renewable sources by 2050, the construction of new generating units using fossil fuels should be prohibited after 2030.

With regard to transmission and distribution, the public energy policy should encourage the evolution of the network toward efficiently and reliably incorporating distributed generation and the use of battery storage at both the individual and network level, in order to allow storage of electricity when it is not immediately needed and thus encourage and increase the value of intermittent-generation resources.

In addition, given the foreseeable effects of rapid climate change, the twenty-first-century network must be sufficiently flexible to incorporate micro- and mini-networks that can be connected and disconnected from the main network as needed, in order to ensure that critical infrastructure facilities (hospitals, water pumping stations, telecommunications, etc.) have adequate backup in case of a disaster in order to protect isolated communities from prolonged interruptions of these services and limit the impacts on health and the environment.

In summary, the transformation of Puerto Rico’s energy system must be well-thought-out, strategic, and follow a logical sequence, especially as PREPA is simultaneously facing the challenges of rebuilding its electrical system after Hurricane Maria, restructuring its debt under Title III of PROMESA, a substantial decline in demand for its services, and the total or partial privatization of an electrical system that has been administered and operated as a monopoly for more than seven decades.

This is a complex and difficult task, but we cannot postpone it or allow the process to be taken over by private-interest groups and carried out in back rooms. Join the CNE in this effort by taking part in the Black Start Conference, to be held on March 21 in the Puerto Rico Convention Center.

By Sergio M. Marxuach

Public Policy Director

Center for a New Economy

This column was originally published in El Nuevo Día on March 3, 2019

Reestructuración de la deuda de la AEE 2.0

Para leer la versión en inglés, haga click aquí.

Introducción

El 31 de julio el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) y la Junta de Control Fiscal (“JCF”) anunciaron un acuerdo preliminar para apoyar la reestructuración de una parte de la deuda de la AEE con un grupo de bonistas no-asegurados de dicha entidad.

Descripción de la Transacción

La transacción propuesta consiste de un intercambio de los bonos existentes (no-asegurados) de la AEE por bonos nuevos a ser emitidos por la Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica o por una entidad nueva creada especialmente para ese propósito (“a new bankruptcy-remote special purpose vehicle”).

Los bonos nuevos, a su vez, se dividen en dos grupos: los Bonos Clase A (“Tranche A”) y los Bonos Clase B (“Tranche B’). Los Bonos Clase A se intercambiarían por bonos existentes de la AEE a razón de 67.5 centavos por cada dólar de valor nominal (“face value”) de bonos existentes. Mientras los Bonos Clase B se intercambiarían a una tasa de 10 centavos por cada dólar de valor nominal de bonos existentes.

Por ejemplo, una persona que es dueña de bonos de la AEE con un valor nominal de $100,000, recibiría Bonos Clase A con un valor nominal de $67,500 y Bonos Clase B por con un valor nominal de $10,000, para una recuperación total de $77,500. Esto implica una reducción en el principal nominal de los bonos existentes de 22.5%.

Los Bonos Clase A pagarían intereses en efectivo a una tasa anual de 5.25% sobre su valor nominal y tendrían un término (“maturity”) de 40 años; mientras que los Bonos Clase B pagarían interés en especie (“payment in kind”), es decir mediante la emisión adicional de Bonos Clase B, a una tasa equivalente al 7.0% del valor nominal (o de 8.75% en el caso de que se determine que una porción de los Bonos Clase B no es exenta del pago de impuestos), y tendrían un término de 45 años.

En ambos casos el término de los bonos pudiera ser menor al establecido inicialmente si se cumplen ciertas condiciones. Por otro lado, el término de los Bonos Clase A se pudiera extender mas allá de la fecha de vencimiento inicial, si a esa fecha, el interés y principal de esos bonos no ha sido pagado en su totalidad.

Repago de los Bonos Nuevos

El repago de ambas clases de bonos nuevos estaría asegurado con un gravamen sobre el flujo de efectivo futuro generado por la AEE que sería gravado mediante la imposición de un Cargo de Transición. Ese Cargo sería de 2.636 c/kWh durante los primeros cinco años; de 2.729 c/kWh durante los años del 6 al 10; de 2.868 c/kWh durante el año 11; y aumentaría a una tasa anual de 2.5% hasta llegar a la cantidad de 4.348 c/kWh. En ese momento el Cargo de Transición se mantendría fijo en esa cantidad hasta el vencimiento de los bonos nuevos.

Los Bonos Clase A comenzarían a acumular y pagar intereses en efectivo inmediatamente después de su emisión; mientras que los Bonos Clase B comenzarían solamente a acumular intereses durante ese mismo periodo. Eventualmente los dueños de los Bonos Clase B recibirían 100% del flujo de efectivo en exceso del requerido para amortizar los Bonos Clase A, pero los dueños de Bonos Clase B no podrán recuperar una cantidad en exceso de (1) el valor nominal de intercambio mas (2) el valor en efectivo del pago de interés en especie.

Impago no es Incumplimiento

Resulta interesante que uno los términos acordados, por lo menos en el acuerdo preliminar, es que los bonistas no podrán declarar un evento de incumplimiento en el caso de que la AEE incumpla en algún momento con el servicio de la deuda pautado, siempre y cuando el dinero producto del Cargo de Transición se utilice en su totalidad para el pago de los bonos nuevos.

Por ejemplo, si el servicio de la deuda para el año X es de $100 millones, pero el Cargo por Transición solo genera $80 millones, debido digamos a una baja mayor a la proyectada en la demanda por electricidad, entonces los bonistas no podrían declarar un evento de incumplimiento siempre y cuando la AEE abone esos $80 millones en su totalidad al pago de la deuda. A cambio de esa concesión por los bonistas, los bonos continuarían acumulando intereses a la tasa acordada y el vencimiento de los Bonos Clase A se extendería hasta ser repagados en su totalidad. Pero ese no sería el caso con los Bonos Clase B, que en teoría podrían vencer aún cuando faltara una porción por amortizar.

Finalmente, los bonistas que participen en el intercambio recibirían como incentivo, a cambio de renunciar ciertos derechos contractuales y de apoyar la transacción, una comisión, pagadera en la forma de Bonos Clase A, igual a 1.72% del valor nominal de los bonos que intercambien. Además, tendrían derecho a recibir una comisión adicional, pagadera también en la forma de Bonos Clase A, igual a 0.95% del valor nominal de los bonos que intercambien si se cumplen otras condiciones.

Recorte del Principal

Mucha de la discusión pública se ha enfocado en la cantidad del recorte (“haircut”) en el principal de los bonos de 22.5%. Es difícil, dependiendo solamente de la información plasmada en los documentos públicos, determinar si esa cantidad es (1) razonable y (2) suficiente para que la AEE continúe en operaciones de manera sostenible.

Por un lado, debemos recordar que los bonos de la AEE son lo que se llaman en ingles, “special revenue bonds”, que usualmente gozan de una gran protección en los procesos de quiebra municipal bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos. Estos son bonos emitidos usualmente por entes gubernamentales que proveen servicios básicos tales como transportación, agua, alcantarillado, electricidad, o gas para calefacción, entre otros. La garantía de repago de estos bonos, al igual que es el caso con los bonos existentes de la AEE, es un gravamen sobre los ingresos netos (después de pagar los gastos operacionales) generados por el emisor.

De acuerdo con James E. Spiotto, experto en quiebras municipales y autor del libroMunicipalities in Distress?: How States and Investors Deal with Local Government Financial Emergencies, el Congreso enmendó el Código de Quiebras en 1988 específicamente para aclarar que los ingresos gravados a favor de este tipo de bonistas no podían ser desviados para otros propósitos y que esos bonistas tenían derecho a seguir recibiendo sus pagos (otra vez, recalco, neto de los gastos operacionales del emisor) aún después del deudor haber radicado el recurso de quiebra. Por esa razón, estos bonos usualmente no sufren modificaciones significativas, si alguna, en un proceso bajo el Capítulo 9. En ese sentido podríamos determinar que en comparación con otras quiebras de entidades similares en los Estados Unidos el recorte de 22.5% es razonable.

Ahora bien, la AEE no se encuentra en un proceso bajo el Capítulo 9, aunque el Titulo III de PROMESA incorpora muchas de las disposiciones de ese Capítulo a través de la sección 301(a) de esa ley. Por tanto, la JCF pudiera tener más grados de libertad al negociar una reestructuración de la deuda de la AEE. Además, en el caso de la AEE tenemos que tomar en consideración los siguientes factores (1) opera en una economía que lleva años sin crecer; (2) sus administradores han pospuesto negligentemente el mantenimiento de las plantas de generación y de las líneas de transmisión y distribución por décadas; (3) la demanda por el servicio eléctrico se proyecta a la baja en los próximos años; y (4) la AEE necesita una inversión de capital masiva para modernizar y optimizar sus operaciones.

Dado todo lo anterior, entonces, el recorte de 22.5% en el principal de la deuda existente puede que no sea suficiente para que la AEE continúe operando de forma sostenible. Esa puede ser la razón que explica porque los bonistas accedieron a renunciar al derecho de declarar un evento de incumplimiento en caso de un impago. Parece que las partes están asumiendo de entrada que existe una probabilidad alta de que la AEE no pueda honrar los términos y condiciones negociados y han acordado un mecanismo ex ante para mitigar ese riesgo.

De hecho, de los documentos del acuerdo preliminar no se desprende como se llegó a la determinación de que esa cantidad de alivio es el requerido para que la AEE pueda seguir operando. En el Plan Fiscal del 1 de agosto de 2018 tampoco se explica o se toma en consideración el servicio de la deuda más allá de estipular que la cantidad de deuda existente no es sostenible (ver página 27 del Plan Fiscal del 1 de agosto de 2018). Tampoco ninguna de las proyecciones plasmadas en el Plan Fiscal incluye un análisis de cómo se afectarían las tarifas en un escenario post-restructuración de la deuda. En nuestra opinión, parece que hay una desconexión entre los escenarios del Plan Fiscal y lo acordado preliminarmente con los bonistas. Por lo tanto, con la información disponible en estos momentos no podemos analizar con certeza si la reducción propuesta en el principal es la necesaria para mantener la factibilidad de la empresa.

Cargo de Transición

Otro asunto que ha captado la atención del público es el Cargo de Transición. Ese debate se ha centrado en tratar de determinar si dicho Cargo constituye o no un aumento en la tarifa. En teoría, tal y como argumentan algunos representantes del gobierno, la imposición del Cargo no necesariamente implicaría un aumento en la tarifa a los clientes,siempre y cuando la AEE reduzca sus costos operacionales por una cantidad igual o mayor a la que representa el Cargo de Transición. En la práctica alcanzar dicha reducción sería bien difícil—pero no imposible.

Por ejemplo, en la factura más reciente que recibí de la AEE, me cobraron 21.41 centavos por cada kWh que consumí. El Cargo de Transición para el primer año sería de 2.636 centavos por kWh, equivalente a un 12.3% del precio que la AEE me facturó por kWh en esa factura. Bajo condiciones normales, pudiera ser factible lograr una reducción en costos operacionales de esa magnitud.

Pero no estamos en tiempos normales. Como argumentamos anteriormente, la economía se encuentra en depresión, la demanda por energía eléctrica esta bajando y se proyecta que siga bajando y de acuerdo con el Plan Fiscal, la AEE necesita hacer una serie de inversiones de capital para reducir su dependencia en el petróleo y reducir sus costos operacionales y esas inversiones tienen que ser financiadas de alguna manera.

En términos específicos, en el Plan Fiscal se proyecta una reducción en el costo por combustible de aproximadamente 25% entre el 2018 y el 2023. Esa premisa nos parece poco razonable. Y se esconde en una nota al calce el hecho de que dicho ahorro depende de una inversión de capital de aproximadamente $2,900 millones en generación nueva (Plan Fiscal páginas 43 y 44). También queda sin contestar la pregunta de quien financiaría dicha inversión en la generación nueva. Dadas esas circunstancias me parece que lograr esos ahorros es muy poco probable, aunque, repito, no imposible.

Efectos sobre la Privatización

Tal vez más importante que ese debate, es que ni el “term sheet” de la transacción ni el Plan Fiscal certificado por la JCF, explican como se calculó ese Cargo de Transición ni a que volumen de ventas de electricidad se aplicaría. Este último punto es sumamente importante porque podría afectar la transformación propuesta para la red de transmisión y distribución.

Por ejemplo, si el cargo sólo se aplica a la producción de electricidad por los activos de generación de PREPA, los bonistas tendrían un incentivo para desalentar la entrada en línea de activos de generación nueva (por ejemplo, energía solar y eólica a gran escala). Si se aplica a toda la energía que se transmita a través de la red, los bonistas tendrían un incentivo para desalentar a los clientes de la AEE a desconectarse de la red, por ejemplo, invirtiendo en sus propias microrredes. Si se aplica a todos los clientes, incluso a aquellos que se han desconectado de la red, esto desalentaría a los abonados de invertir y construir microrredes privadas. Por tanto, es imperativo que se provea información adicional sobre como funcionaria el Cargo por Transición y analizar como su imposición afecta los incentivos económicos o limita las opciones factibles para transformar la red de transmisión y distribución.

Además de todo lo anterior, quedan muchas preguntas sin contestar. Por ejemplo, ¿que va a pasar con los bonistas que tienen bonos asegurados por las compañías aseguradoras de instrumentos financieros? ¿Se le ofrecerán los mismos términos y condiciones o se negociará otra transacción? ¿El Cargo de Transición se le cobraría a todos los clientes, incluyendo los municipios y aquellos que reciben subsidios? ¿La Comisión de Energía de Puerto Rico tendría que analizar y avalar tanto la transacción de intercambio de bonos como el Cargo por Transición? ¿Cómo se afectaría la propuesta de transformación de la AEE a la luz de esta transacción con los bonistas existentes?

Conclusión

En suma, la transacción propuesta constituye un primer paso importante en la transformación de la AEE, pero todavía nos falta mucha información para determinar si la transacción propuesta es en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
 
Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública, Centro para una Nueva Economía

El costo social del plan fiscal

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Seis miembros de la Junta de Control Fiscal (“JCF”), aprobaron el Plan Fiscal para el gobierno de Puerto Rico el pasado 19 de abril. En términos conceptuales, el Plan consiste en la implementación de (1) un programa de reformas estructurales; (2) un programa de consolidación fiscal; y (3) un programa de reconstrucción financiado por el gobierno federal.

La lógica del Plan es la siguiente: el gasto relacionado con la recuperación del huracán María aumentará la actividad económica temporalmente; ese repunte (proyectado) en la economía es el momento adecuado para implementar un plan de austeridad fiscal, que tendrá un impacto negativo modesto en la economía (según la JCF); y concurrentemente implementar una serie de reformas estructurales que servirán de zapata para el crecimiento a largo plazo una vez termine la reconstrucción y el impacto negativo de la austeridad fiscal haya sido asimilado por la economía. El Plan, por tanto, está anclado firmemente en una teoría de ajuste macroeconómico que ha fracasado en docenas de países. La Junta debería ser intelectualmente honesta y admitir que el documento que ha certificado es más un manifiesto ideológico que un plan de recuperación fiscal.

“El Plan, por tanto, está anclado firmemente en una teoría de ajuste macroeconómico que ha fracasado en docenas de países.”

El Plan sufre de múltiples defectos, por ejemplo, no está claro que cumple con todos los requisitos estipulados en la sección 201(b) de PROMESA; se basa en premisas teóricas que hasta el mismo Fondo Monetario Internacional ha aceptado son erróneas; las proyecciones del impacto económico de las reformas propuestas son producto de un modelo económico secreto (nota al calce número 3, pagina 10); el Plan parece subestimar el impacto negativo de la reforma fiscal y sobreestimar el impacto positivo de las reformas estructurales; es internamente incoherente ya que las proyecciones de superávits primarios son inconsistentes con el análisis de sostenibilidad de la deuda que hace la Junta y sugiere que Puerto Rico puede sostener un nivel de endeudamiento en exceso del de un estado promedio; y asume que la economía de Puerto Rico va seguir creciendo aún con una reducción permanente de los fondos federales para Medicaid, la reducción paulatina de los fondos para la reconstrucción, una marcada reducción poblacional, a la misma vez que genera un superávit primario de aproximadamente 2% del PNB. (Brad Setser, “The Oversight Board’s Latest Fiscal Plan for Puerto Rico is Still Too Optimistic”).

Todo suena demasiado optimista. Probablemente lo sea y ya muchos economistas y académicos han comenzado a identificar las deficiencias del Plan Fiscal. Pero no es de eso que quiero escribir hoy. Aún si tomamos como buenas las proyecciones de la JCF y el Plan se cumple al pie de la letra, hay unos costos sociales asociados con el Plan de los que no se están tomando en consideración.

EDUCACIÓN
Comencemos con los recortes al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico. Desde hace más de 60 años, cuando Robert Solow comenzó a calcular y desglosar los factores que influencian el crecimiento económico, la inversión en la educación ha sido identificada como uno de los factores claves. No conozco de ningún país con una economía avanzada que haya logrado crecer significativamente a la misma vez que reduce la inversión en su sistema de educación. Los recortes propuestos, tanto en el sistema de K-12 y el universitario, afectarán adversamente el acceso a la educación de los sectores mas pobres de Puerto Rico, resultando en un aumento en la deserción escolar y en la desigualdad, menor acceso al mercado laboral, y una reducción permanente del potencial de crecimiento de nuestra economía. También pudiéramos ver una reducción en la tasa de escolaridad de la población de Puerto Rico por primera vez casi un siglo.

REFORMA LABORAL
Miremos ahora la reforma laboral. Según se presenta en el Plan, la reforma laboral elimina beneficios y protecciones que considera “excesivas” a cambio de un modesto aumento en el salario mínimo. El Plan estima que una vez implementada dicha reforma, aumentará la tasa de participación laboral, aumentará el ingreso, se reducirá la pobreza y el déficit fiscal se reduciría.

De entrada, notamos que el análisis de la JCF se basa en una interpretación errónea de la tasa de participación laboral. (Página 34). Ese indicador se calcula sumando la cantidad de personas empleadas a la cantidad de personas que están activamente buscando empleo y entonces esa cifra se divide entre la población económicamente activa, que se define como el grupo de personas entre 16 y 64 años de edad. Por tanto, no es necesariamente correcto que un aumento en la tasa de participación significa que hay más gente empleada. La tasa de participación también puede mejorar si la cantidad de personas desempleadas y buscando empleo aumenta, lo que no tiene impacto alguno en los niveles de ingreso y pobreza.

Segundo, no es correcto asumir que un salario modestamente más alto compensa la pérdida de otros beneficios y protecciones laborales. Cada ley o reglamento laboral protege al empleado de un riesgo especifico (despido injustificado, condiciones de trabajo peligrosas etc.) que no necesariamente se compensan de manera lineal con un pequeño aumento en el salario mínimo.

A corto y mediano plazo el efecto más probable de esta reforma laboral será un aumento en la economía informal al hacer el empleo en la economía formal menos atractivo y podemos esperar que trabajadores que ya ganan el salario mínimo o aquellos con vínculos débiles al mercado laboral formal prefieran trabajar “por debajo de la mesa”. Y el aumento proyectado en los recaudos debido al impacto de esta reforma no es más que un ejercicio de pensamiento mágico.

BENEFICIOS DEL PAN
Otra reforma que no se ha pensado bastante es la de requerir a ciertas personas entre 18 y 59 años de edad que se benefician del Programa de Asistencia Nutricional tengan que trabajar un mínimo de 80 horas al mes, o participar en actividades de entrenamiento o servicio voluntario, para recibir los beneficios. Esta es una política clasista y prejuiciada que asume que hay gente pobre porque quiere, porque son vagos, o porque sufren de algún defecto moral. Esta visión del mundo no toma en consideración los impedimentos sistémicos que limitan el acceso al mercado laboral, tales como un sistema público de educación deficiente, la falta de un sistema de transportación pública confiable; la poca oferta de servicios adecuados de cuidado de niños, la discriminación, el racismo, el sexismo, y la desigualdad social.

Dado que vienen obligados a trabajar para no perder beneficios, muchos de los empleos que estarían disponibles inmediatamente a este grupo serían empleos con salarios bajos, pocos o ningunos beneficios marginales y con horarios irregulares. Tomemos el caso de una madre soltera con dos hijos en escuela pública. Para evitar perder sus beneficios del PAN, obtiene un trabajo en una megatienda. En teoría, podría trabajar hasta 40 horas a la semana. Pero en realidad su supervisor le puede asignar 25 horas una semana, 18 horas la otra, y 10 horas la otra. Esta persona, entonces, podría terminar perdiendo sus beneficios a pesar de que trabaja.

Ahora veamos el ejemplo de un estudiante universitario a tiempo completo que tiene que dejar los estudios para cuidar a su padre que esta gravemente enfermo. El muchacho solicita beneficios del PAN para poder alimentarse adecuadamente mientras lleva a cabo sus labores de cuidador. Pero la oficial de la ADSEF le informa que tiene que cumplir con el requisito de 80 horas. ¿Qué se supone que haga esta persona? ¿Que deje solo a su padre 80 horas al mes mientras cumple con los requisitos del programa? ¿Y si lo deja solo y su padre sufre un accidente en su hogar y el paramédico que viene a atenderlo lo denuncia por maltrato a su progenitor?

SISTEMA DE PENSIONES
La reforma del sistema de pensiones es otra área donde los costos sociales no se han tomado en consideración. El plan fiscal requiere un recorte en los beneficios a los pensionados de 10%, en promedio. Estos recortes se basan en la siguiente fórmula: (1) se determina la cantidad mensual promedio de la pensión sumando la cantidad mensual de la pensión regular y de la pensión por ley especial, la aportación para el plan medico, y una doceava parte de los bonos de Navidad y de medicinas; (2) se reducen estos beneficios mensuales por 25%; y (3) a esa cantidad se le añaden $150 (o $250 si no recibe Seguro Social) para reducir el impacto que sufrirían aquellos con los beneficios más bajos. (Nota al calce 159, página 112).

Si le aplicamos esta fórmula a un pensionado que recibe la pensión “promedio” de $1,100 mensuales del Sistema de Retiro y el beneficio “promedio” en Puerto Rico de $859 mensuales del Seguro Social, su ingreso total se reduciría de $1,959 mensuales a $1,469 (reducción de 25%) más $150, lo que suma una pensión mensual ajustada de $1,619. Una reducción mensual de $339, o 17.3%. Enfrentado con esta situación, el pensionado “promedio” tendría que buscarse un trabajo a tiempo parcial, de estar en condiciones para trabajar, o recortar sus gastos personales probablemente en su mayoría medicinas o alimentos; o pedirle ayuda a sus familiares, que podrían ayudarlo en la medida en que tengan los recursos. De todos modos, la vida del “pensionado promedio” se ha precarizado debido a la reducción en su pensión. Los efectos sociales son previsibles: la agudización de enfermedades crónicas al recortar el gasto en medicinas, un aumento en la tasa de pobreza y la malnutrición en la población de mayor edad, un incremento en las personas que posponen el retiro y en el número de personas que literalmente se mueren trabajando, un aumento en el abandono de personas de edad avanzada, y una reducción eventual en la expectativa de vida.

SALUD
Es en el área de salud donde tal vez mas se están subestimado los costos sociales del Plan Fiscal. El Plan Fiscal proyecta ahorros de $840 millones anuales en el 2023 en el costo del plan de salud del gobierno mayormente a través de la implementación de un modelo nuevo de competencia entre las aseguradoras, la utilización de medicamentos genéricos y recortes de beneficios considerados “premium” tales como servicios dentales, oftálmicos y diseño de próstesis, entre otros. Dejando a un lado el hecho que los economistas han determinado que la competencia en los servicios médicos no ha funcionado ni para reducir costos ni para aumentar el acceso, el impacto de estos recortes afectará adversamente la salud de los más vulnerables de nuestra sociedad, los niños, los envejecientes, los desempleados, y los que padecen de enfermedades crónicas. Las consecuencias más probables son un aumento en la migración a Estados Unidos, especialmente entre aquellos que cualifican para Medicaid, Medicare o ambos programas; hacinamiento en los hospitales; y un aumento en muertes prematuras.

ÚLTIMOS COMENTARIOS…..
Los seis miembros de la Junta que aprobaron el Plan creen, a pesar de toda la evidencia al contrario, que Puerto Rico se convertirá en un paraíso neoliberal. Eso es poco probable. Más factible es que acabemos con una distopia infernal: con más polarización social, desempleo, pobreza extrema, criminalidad, maltrato de menores, violencia de genero, abuso de sustancias controladas y suicidios; y menos escolaridad, expectativa de vida y movilidad social.

Probablemente veamos sectores geográficos en ruinas, con escuelas y edificios abandonados convertidos en hospitalillos, puntos de droga y focos de prostitución, así como en hogares improvisados para deambulantes y envejecientes sin vivienda. Dentro de una década podríamos convertirnos en una desolada tierra baldía post-industrial, donde las actividades de mayor crecimiento serán el narcotráfico, la corrupción pública y la compraventa de influencias. Una isla, parafraseando a Rubén Blades, habitada mayormente por fantasmas y muertos en vida, que por alguna extraña razón rehúsan ir a otro lugar.

Por: Sergio M. Marxuach
El autor es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía.
Esta es una versión extendida de la columna publicada originalmente en El Nuevo Día el 28 de abril de 2018.

 

AnchorOn April 19, six members of the Fiscal Control Board (FCB) approved the Fiscal Plan for the government of Puerto Rico. In conceptual terms, the Plan consists of implementation of (1) a program of structural reforms; (2) a fiscal consolidation program; and (3) a reconstruction program financed by the federal government.

The Plan’s logic is the following: The spending related to the recovery from Hurricane Maria will temporarily increase economic activity; that (projected) rebound in the economy is the right time to implement a fiscal austerity plan, which will have a modest negative impact on the economy (according to the FCB); and concurrently implement a series of structural reforms that will serve as the foundation for long-term growth once the reconstruction ends and the negative impact of fiscal austerity has been assimilated by the economy. The Plan, therefore, is firmly anchored in a theory of macroeconomic adjustment that has failed in dozens of countries. The Board should be intellectually honest and admit that the document it has certified is more an ideological manifesto than a fiscal recovery plan.

The Plan, therefore, is firmly anchored in a theory of macroeconomic adjustment that has failed in dozens of countries.

The Plan has many defects. For example, it is not clear that it meets all the requirements stipulated in Section 201 (b) of PROMESA; it is based on theoretical assumptions that even the International Monetary Fund has found to be erroneous; the projections of the economic impact of the proposed reforms are the product of a secret economic model (footnote 3, page 10); the Plan seems to underestimate the negative impact of the fiscal reform and overestimate the positive impact of the structural reforms; it is internally incoherent, since the projections of primary surpluses are inconsistent with the Board’s debt sustainability analysis and suggest that Puerto Rico can sustain a level of indebtedness in excess of an average state of the union; and it assumes that the economy of Puerto Rico is going to continue to grow even with a permanent reduction in federal funds for Medicaid, the gradual reduction of funds for reconstruction, and a marked reduction in population, while at the same time it is generating a primary surplus of approximately two percent of the GNP. (Brad Setser, “The Oversight Board’s Latest Fiscal Plan for Puerto Rico is Still Too Optimistic”)

It all sounds overly optimistic. It probably is, and many economists and academics have already started to point out the Fiscal Plan’s shortcomings. But that is not what I want to write about today. Even if we accept the FCB’s projections and the Plan is followed to the letter, there are social costs associated with the Plan that are not being taken into consideration.

EDUCATION 
Let’s start with the cuts to the Department of Education and the University of Puerto Rico. For more than sixty years, when Robert Solow began to calculate and isolate the factors that influence economic growth, investment in education has been identified as one of the key factors. I know of no country with an advanced economy that has managed to grow in any significant way at the same time it has reduced its investment in education. The proposed cuts, to both the K-12 system and the state university, will adversely affect access to education among the poorest sectors of Puerto Rico, resulting in an increase in the dropout rate and inequality, less access to the labor market, and a permanent reduction in our economy’s potential for growth. We could also see a reduction in Puerto Rico’s educational attainment for the first time in almost a hundred years.

LABOR REFORM 
Let’s look now at labor reform. As presented in the Plan, the labor reform eliminates benefits and protections it considers “excessive” in exchange for a modest increase in the minimum wage. The Plan estimates that once the reform is implemented, the labor force participation rate will increase, incomes will rise, poverty will decrease, and the fiscal deficit will be reduced.

First, we would note that the FCB’s analysis is based on an erroneous interpretation of the labor force participation rate. (page 34) That indicator is calculated by adding the number of persons employed to the number of persons who are actively seeking employment, and then that number is divided by the economically active population, which is defined as the group of persons between 16 and 64 years of age. Therefore, it is not necessarily correct that an increase in the rate of participation means that there are more people employed. The participation rate can also improve if the number of persons unemployed and actively seeking employment increases, which has no impact whatsoever on income and poverty levels.

Second, it is not correct to assume that a modestly higher salary compensates for the loss of other benefits and labor-rights protections. Every labor law or regulation protects employees from a specific risk (unjustified dismissal, dangerous working conditions, etc.) that are not necessarily compensated for in a linear way with a small increase in the minimum wage.

In the short and medium term, the most probable effect of this labor reform will be an increase in the informal economy because jobs in the formal economy become relatively less attractive and we can expect workers already earning the minimum wage or those with weak ties to the formal labor market to prefer to be paid “off-the-books.” And the projected increase in government revenues due to the impact of this reform will be nothing more than an exercise in magical thinking.

NUTRITIONAL ASSISTANCE PROGRAM (PAN) 
Another reform that has not been sufficiently thought out is to impose the requirement on certain persons between 18 and 59 years of age who benefit from the Nutritional Assistance Program (PAN) to work a minimum of 80 hours a month or take part in training activities or volunteer services. This is a classist, prejudiced policy that assumes that poor people are poor because they want to be, because they’re lazy, or because they suffer from some moral defect. This view of the world does not take into account the systemic impediments that limit access to the labor market, such as a poor educational system, the lack of a reliable system of public transportation, the limited offering of satisfactory childcare services, discrimination, racism, sexism, and social inequality.

Given that these individuals will have to work in order not to lose their benefits, many of the jobs that will be immediately available to this group will be jobs with low salaries, few or no fringe benefits, and irregular hours. Let’s take the case of a single mother with two children in public school. To avoid losing her PAN benefits, she gets a job in a megastore. In theory, she could work up to 40 hours a week. But actually, her supervisor can assign her 25 hours one week, 18 the next, and 10 hours the next. This person, then, could wind up losing her benefits despite the fact that she’s working.

Now let’s look at the example of a full-time university student who has to quit his studies to take care of his father, who is gravely ill. The young man applies for PAN benefits in order to nourish himself adequately while he’s serving as his father’s caretaker. But the ADSEF official informs him that he has to meet the requirement of 80 hours of work a month. What is this young man supposed to do? Leave his father alone for 80 hours a month while he complies with the program’s requirements? What if he leaves his father alone and the old man has an accident at home and the paramedic who comes to take care of him reports the young man for senior abuse?
Being poor is complicated. And hard to understand for a person who’s never been poor.

PENSION SYSTEM 
The reform of the pension system is another area in which social costs have not been taken into account. The fiscal plan requires a cut of ten percent, on average, to retirees’ benefits. These cuts are based on the following formula: (1) the average monthly amount of the pension is determined by taking the sum of the monthly amount of the regular pension and the pension from “special laws,” the contribution to the medical plan, and one-twelfth of the Christmas and medicine bonuses; (2) those monthly benefits are reduced by 25%; and (3) and $150 is added to that amount (or $250 if the retiree does not receive Social Security) to reduce the impact on those with the lowest benefits. (Footnote 159, page 112)

If we apply this formula to a retiree who receives the “average” pension of $1,100 a month from the Employees Retirement System and the “average” monthly Social Security benefit in Puerto Rico of $859, the pensioner’s total income would be reduced from $1,959 per month to $1,468 (a reduction of 25%) plus $150, which adds up to an adjusted monthly pension payment of $1,819—a monthly reduction of $339, or 17.3%. Confronted with this situation, the “average” retiree would have to find a part-time job, if he or she is able to work, or cut his or her personal expenses, probably mostly medicines or food, or ask for help from his or her family members, who could help to the extent they themselves are able. At any rate, the life of the “average retiree” has been precarized due to the reduction in his or her pension. The social effects are foreseeable: chronic illnesses become acute when spending on medicines is cut, increases in the poverty rate and malnutrition among the elderly segment of the population, there is an increase in people postponing retirement and in the number of people who literally die working, an increase in the abandonment of the elderly and an eventual decline in life expectancy.

HEALTH
It is the area of health where the social costs of the Fiscal Plan are perhaps most underestimated. The Fiscal Plan projects savings of $840 million per year in 2023 in the cost of the government health plan, largely through the implementation of a new competition model among insurers, the use of generic medicines, and cuts in “premium” benefits such as dental, ophthalmological, and prosthesis-design services. Leaving aside the fact that economists have determined that competition in medical services has worked neither to reduce costs nor increase access, the impact of these cuts will adversely affect the health of the most vulnerable in our society: children, the elderly, the unemployed, and those with chronic diseases. The most probable consequences are an increase in migration to the mainland U.S., especially among those who qualify for Medicaid, Medicare, or both; overcrowding in hospitals; an increase in premature deaths and eventually a decrease in life expectancy.

LAST COMMENTS… 
The six members of the Board who approved the Plan believe, despite all evidence to the contrary, that Puerto Rico will become a neoliberal paradise. That is highly unlikely. More likely is that we wind up with a hellish dystopia: more social polarization, unemployment, extreme poverty, crime, child abuse, gender violence, abuse of controlled-substance and suicides, and lower educational levels, life expectancy, and social mobility.

We will probably see geographical areas in ruins, with closed schools and abandoned buildings turned into “shooting galleries” for drug addicts and lairs of prostitution or improvised shelters for the homeless and the elderly without resources. Within a decade we could become a post-industrial wasteland in which the highest-growth activities will be drug trafficking, public corruption, and influence peddling. An island, paraphrasing Rubén Blades, inhabited mostly by ghosts and the living dead, who for some strange reason refuse to go anywhere else.

By Sergio M. Marxuach
The author is the Policy Director for the Center for a New Economy.
This is an extended version of the column that was originally published in El Nuevo Día on April 28th, 2018

Servicios esenciales

Antes del paso de los huracanes Irma y María, tanto la creación de la Junta de Control Fiscal (“JCF”) como el proceso de restructuración de la deuda fueron objeto de un álgido debate público. Sin embargo, ese no fue el caso con la definición de servicios esenciales y al día de hoy ni el gobierno ni la JCF ha tomado una posición clara sobre cuáles son las prestaciones primarias que provee el gobierno. Ha sido necesario el azote de un huracán categoría 4 para traer este tema al centro del discurso público. Continue reading “Servicios esenciales”