Publicado el 3 de octubre de 2010

Sergio M. Marxuach

El Sistema de Retiro de Puerto Rico, fundado en 1951, cubre básicamente a todos los empleados del gobierno central, corporaciones públicas, y los municipios, con la excepción de los maestros, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, los empleados de la Universidad de Puerto Rico, y los empleados de la Judicatura, quienes participan en sistemas de retiro separados.

Desde sus comienzos el Sistema de Retiro careció de planificación adecuada.  El problema principal era, y en gran medida todavía es, que las aportaciones tanto de los empleados como de los patronos eran relativamente bajas y no fueron determinadas actuarialmente; mientras los beneficios fueron estipulados por ley y no guardan ninguna relación con el nivel de aportaciones al sistema o con el rendimiento de las inversiones del mismo.

En 1990, se legisló para aumentar la edad de retiro, reducir los beneficios para todos aquellos empleados gubernamentales contratados después del 1 de abril de 1990, y para aumentar las aportaciones, tanto de los empleados como de los patronos.  No obstante, las obligaciones del sistema seguían creciendo de manera descontrolada.  Con miras a remediar esta situación, a finales de la década de los noventa se legisló para eliminar los beneficios estipulados por ley y crear un sistema bajo el cual los beneficios de pensiones, para todos aquellos empleados gubernamentales contratados después del 1 de enero de 2000, dependen exclusivamente de las aportaciones que haga el empleado y del rendimiento que se obtenga en el mercado producto de la inversión de éstas.

Desafortunadamente, el gobierno de Puerto Rico tardó demasiado tiempo para efectuar estos cambios.  De acuerdo con el informe actuarial mas reciente, el Sistema tiene una obligación actuarial acumulada de $18,943 millones y activos netos de solamente $1,851 millones.  Por tanto, el Sistema tiene un déficit de $17,092 millones.  Esa sería la cantidad de dinero que habría que depositar hoy en el Sistema e invertirla a un rendimiento anual promedio de 7.5% para amortizar las obligaciones del sistema en un periodo de 30 años.  Para poner esta cifra en perspectiva, el déficit del sistema de pensiones del gobierno central de Francia—la octava economía del mundo—suma unos $14,000 millones.

Por suerte no hay que depositar esa cantidad toda de golpe, ya que los empleados se retiran poco a poco.  Los actuarios del Sistema determinan la cantidad de la aportación anual requerida para mantener el Sistema adecuadamente capitalizado.  Sin embargo, dado que el nivel de las aportaciones al Sistema no ha sido determinado actuarialmente, la cantidad actual de aportaciones que se hacen al Sistema se encuentra muy por debajo de la requerida.  Por ejemplo, las aportaciones patronales hechas durante los últimos cinco años fiscales han promediado un 53% de la cantidad determinada por los actuarios.  No deber sorprendernos, por tanto, que los actuarios hayan concluido que la obligación actuarial acumulada del Sistema seguirá creciendo indefinidamente en el futuro en vez de ser amortizada.

Además de los problemas separando fondos para cubrir obligaciones futuras, el sistema también tiene un agudo problema de flujo de efectivo.  Esto se debe a que los pagos de beneficios y gastos administrativos del Sistema exceden las aportaciones anuales y el Sistema tiene que usar ingresos producto de inversiones para cubrir esta deficiencia.  En la medida en que este flujo negativo de efectivo continué y exceda el rendimiento de las inversiones del sistema, los activos se reducirán.  A este paso, el Sistema se quedaría sin activos en el 2014, aún asumiendo un rendimiento anual de 7.5% en sus inversiones.

Este problema tiene dimensiones financieras, políticas, legales, y morales de una complejidad extrema.  La dimensión financiera es de una magnitud enorme.  Las obligaciones del Sistema equivalen a 27% del producto nacional bruto de Puerto Rico.  Una obligación de esta magnitud no se resuelve con trucos financieros o de contabilidad.  Simplemente, el dinero tiene que aparecer o hay que recortar beneficios.

En términos políticos, los pensionados son un grupo bien organizado y simpático, y a los políticos les encanta complacerlos.  Por otro lado, podemos esperar que las generaciones más jóvenes protesten el tener que pagar esta cuenta gigantesca.  Puerto Rico, colectivamente como sociedad, le debe casi el 30% de su ingreso a 4% de su población.  Transferencias de riqueza de esta magnitud no ocurren sin consecuencias políticas.  Además cada dólar que se utiliza para saldar esta deuda significa un dólar menos para atender la educación, salud, seguridad pública y otras necesidades sociales apremiantes.

Por el lado legal, usualmente se asume que los beneficios de las personas ya retiradas no se pueden reducir debido a la protección constitucional de los contratos.  Sin embargo, el estado de Colorado aprobó legislación recientemente recortando beneficios a personas ya retiradas.  Esta por verse si los tribunales de Estados Unidos avalan esta acción.

En el plano moral, se han hecho promesas a miles de personas quienes planificaron su retiro contando con una serie de beneficios.  Por otro lado, las generaciones jóvenes argumentarán que es injusto que tengan que cargar con los errores del pasado.  ¿Cómo surgen las obligaciones morales? ¿Está cada uno de nosotros vinculado solamente por aquellas obligaciones morales que cada uno, en el ejercicio de su libertad, decide asumir?  ¿O somos responsables por obligaciones morales que heredamos del pasado, por ejemplo, esta deuda de $17,000 millones con 170,000 personas?

Atender este problema va requerir tolerancia, capacidad para el dialogo franco, el compromiso de negociar de buena fe, y la voluntad de hacer y honrar concesiones por parte de los retirados, los empleados del gobierno, y los ciudadanos en general.  Nos parece que una solución justa a este problema va a requerir sacrificios de cada uno de esos grupos.  Los retirados tendrán que aceptar alguna reducción en sus beneficios, los empleados del gobierno tendrán que aumentar sus aportaciones, y todos nosotros tendremos que pagar algún impuesto especial dedicado exclusivamente a reducir el déficit del Sistema.  Cada cual tiene que poner de su parte, de lo contrario nos arriesgamos a desgarrar el tejido social de Puerto Rico.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 3 de octubre de 2010.