Publicado el 14 de agosto de 2019 / Read in English
La prolongada depresión económica de Puerto Rico — y las medidas draconianas implementadas para combatir los desequilibrios fiscales a consecuencia de dichas medidas — han erosionado la capacidad del gobierno de la isla para desempeñarse a todos los niveles y han creado un terreno fértil para que personas inescrupulosas cometan fraude. Los programas de austeridad severa implementados desde el 2006 han provocado: recortes de presupuesto drásticos en agencias claves, una alta tasa de rotación de personal, baja moral entre los servidores públicos y recursos limitados en general. Además, cada vez se han empleado más contratistas privados a quienes se les ha pagado decenas de millones para asumir responsabilidades del sector público.
En Puerto Rico donde la tasa de pobreza es de 44% y el ingreso promedio es tan sólo $19,775, hay contratistas en el sector público que ganan diez veces esa cantidad. No debe ser una sorpresa que en este ambiente algunos de estos se han aprovechado para explotar el proceso y las oportunidades para la cacería de rentas. Además, los programas de austeridad han contribuido a una pobre ejecución de los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Este escenario complejo es un semillero para la corrupción.
La insatisfacción actual con la clase política y las instituciones públicas en Puerto Rico se ha utilizado para justificar un aumento en la intervención federal en la isla. Podría ser conveniente considerar la narrativa simplista de que la condición actual de Puerto Rico se debe únicamente a su propia negligencia. Pero, a pesar de que los políticos puertorriqueños han cometido muchos errores y tomado malas decisiones, la culpa de los problemas actuales no se le pueden adjudicar a Puerto Rico exclusivamente.
Durante décadas, la actitud del Congreso hacia Puerto Rico se puede describir en los mejores términos como una dejadez benigna; y los estragos del huracán María dejaron al descubierto muchas de las inequidades enfrentadas por los residentes de la isla. A pesar de reconocer estos desbalances, la narrativa prevaleciente en los círculos de EE.UU. se ha enfocado en crónicas de clientelismo, algunas sazonadas con prejuicios raciales y culturales negativos—parecido a lo que ocurrió en Nueva Orleáns, luego del paso del huracán Katrina.