Publicado el 14 de noviembre de 2019 / Read in English
Directora - Oficina Washington, D.C.
Analista senior de políticas públicas en Puerto Rico, CBPP
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Puerto Rico enfrenta un sinnúmero de retos graves que impiden su avance hacia un futuro próspero. Entre tantos obstáculos, se cuentan altas tasas de pobreza (sobre todo la infantil), baja participación laboral, más de una década de contracción económica, niveles de deuda insostenibles, y los estragos históricos de dos huracanes en 2017. Ante semejante adversidad, es evidente que Puerto Rico necesita un programa económico abarcador con herramientas poderosas como el Crédito por Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés). Este crédito contributivo—que comprende uno de los programas anti-pobreza más efectivos en la historia de Estados Unidos—cumple una doble función: beneficia a trabajadores de ingresos bajos y moderados, y paralelamente incentiva la participación laboral en la economía formal.
Puerto Rico ha tomado un paso importante con la creación de su propio EITC, que entró en vigor a principios de este año. Sin embargo, el programa actual tiene un alcance muy limitado y harían falta mayores fondos para que el crédito cumpla, cabalmente, con sus objetivos. Por ello sería oportuno el avance de propuestas federales que ayuden a Puerto Rico a expandir su EITC. En particular, se destaca una medida aprobada este mismo verano por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara federal, que podría llegar a cuadruplicar el EITC de la isla.
Cronológicamente, cabe apuntar que el Ejecutivo y el Congreso de EE. UU. crean el EITC en 1975, para aliviar la carga económica que representaba el impuesto del seguro social sobre los ingresos de trabajadores pobres. Desde ese entonces, presidentes de ambos partidos—por el lado republicano, Reagan, Bush padre y Bush hijo, y por la parte demócrata, Clinton y Obama—han impulsado grandes expansiones del EITC para abarcar un mayor número de familias trabajadoras. Durante casi medio siglo, se ha comprobado que el EITC no solo ataja la pobreza y fomenta la participación laboral; también tiene, a largo plazo, efectos positivos en ámbitos laborales, educativos y salubristas.
Sin duda, el impacto de este crédito ha sido -y continúa siendo- enorme. En 2018 ayudó a sacar de la pobreza a 5.3 millones de personas, incluidos 2.7 millones de niños; también elevó la condición socioeconómica de otros 17.6 millones de personas, entre ellas 6.6 millones de niños, para acercarlos a la superación del umbral que establece la pobreza. Tal ha sido la efectividad del EITC que, hoy por hoy, la mayoría de los estados en EE. UU. ha establecido una versión estatal del crédito para brindar aún más alivio a trabajadores con ingresos bajos. Concretamente, son 29 estados, el Distrito de Columbia -y ahora Puerto Rico- los que han establecido un EITC estatal, a menudo mediante esfuerzos bipartitas entre gobernadores y legislaturas.
En el caso particular de Puerto Rico, un EITC expandido sería una herramienta ideal para combatir índices alarmantes de pobreza y participación laboral. Poco más de un 43% de la población de Puerto Rico vive en la pobreza: más del doble de Mississippi, cuya tasa ronda el 20% y es la más alta de todos los estados. Aún mayor es la pobreza infantil en la isla, que asciende a casi un 57%, mientras que la participación laboral apenas alcanza un 40.8%, muy por debajo de la tasa nacional de 63.2%.
Cabe destacar que el Crédito por Trabajo no es un concepto novedoso en Puerto Rico, pues el gobierno había establecido un EITC en 2006. Ese crédito experimentó una expansión en 2010, pero se terminó derogando en 2014 a raíz de la crisis fiscal. A pesar de haber sido una buena iniciativa, aquel EITC nunca fue lo suficientemente robusto como para cumplir con su objetivo. “No eliminó las altas tasas de impuestos sobre trabajadores con ingresos bajos, y tampoco bastó para fomentar, adecuadamente, el empleo formal”, indica el plan fiscal certificado en 2019 por la Junta de Supervisión Fiscal.
El nuevo EITC de Puerto Rico tiene un costo aproximado de $204 millones anuales, y concede créditos máximos de $300 a $2,000, dependiendo de ciertos factores demográficos como estado civil y cantidad de hijos. En términos comparativos, el nuevo EITC es bastante mejor que el anterior, sobre todo porque la pasada versión no contabilizaba este tipo de rasgos demográficos. Gracias a estas mejoras, los beneficios del nuevo EITC llegarían con mayor precisión a quienes más los necesitan, reduciendo la pobreza y aumentando la participación laboral con mayor efectividad.
A pesar de contar con un diseño más efectivo, el nuevo EITC sigue teniendo un alcance muy reducido. Esta limitación se hace aún más notable en Puerto Rico, donde no hay acceso al EITC federal. En principio, los residentes de Puerto Rico no pueden acceder al crédito federal porque no pagan el impuesto federal sobre ingreso. Sin embargo, en Puerto Rico sí se tributan todos los demás impuestos federales vinculados con el ingreso, entre ellos el Seguro Social; precisamente, el EITC se diseñó para aliviar la carga económica de este tipo de impuestos. Además, es importante señalar que gran parte de las familias e individuos que obtendría el EITC no pagaría, de todas formas, el impuesto federal sobre ingreso porque sus ganancias anuales son muy bajas.
Versus el nuevo EITC de Puerto Rico y su homólogo federal, es evidente que la gama de créditos que ofrece la isla es mucho menor. Así, por ejemplo, una madre soltera con dos hijos podría acceder a un crédito máximo de $5,828 bajo el EITC federal, y tan solo $1,500 mediante el EITC de Puerto Rico. La brecha es mayor aún entre Puerto Rico y aquellos estados que tienen un EITC estatal, pues allí los trabajadores pueden reclamar el crédito estatal y federal.
Consecuentemente, es de suma importancia que el Congreso atienda propuestas que adjudiquen mayores fondos para el EITC de Puerto Rico. La medida del Comité de Medios y Arbitrios concedería unos $600 millones anuales para impulsar una expansión considerable del crédito en Puerto Rico. De hecho, antes de que existiera esta medida, ya el Presidente Obama había propuesto asignarle a Puerto Rico $600 millones para un EITC como parte del presupuesto federal del año fiscal 2017. Esa idea, sin embargo, no prosperó en el Congreso.
Teniendo en cuenta que el EITC de Puerto Rico tiene un costo estimado de unos $200 millones anuales, una suma adicional de $600 millones en fondos federales permitiría cuadruplicar su tamaño, llegando así a un total de $800 millones. Los fondos federales -que estarían disponibles mediante un mecanismo de pareo, a razón de $3 a $1 ($600 millones versus $200 millones)- serían cónsonos con múltiples iniciativas fiscales y afianzarían la permanencia y efectividad del EITC de Puerto Rico. Lógicamente, una expansión brindaría mayores beneficios a familias trabajadoras de ingresos bajos y moderados, e incentivaría a un número mayor de trabajadores de la economía informal a participar en la economía formal. La propia Junta de Supervisión Fiscal ha avalado esta propuesta y ha pedido directamente al Congreso que la convierta en ley.
Aunque una inversión federal de $600 millones pueda parecer generosa a la luz de los $200 millones que ha destinado Puerto Rico para su EITC, la realidad es que va muy por debajo de lo que reclaman otros estados por concepto de EITC federal. En 2016 se reclamaron casi $1,100 millones de EITC federal en Mississippi, el estado más pobre de EE. UU. Puerto Rico, con sus $600 millones, tendría casi la mitad de lo que recibió Mississippi ese año, a pesar de que ambos lugares tienen poblaciones cercanas a los tres millones de habitantes y, en Puerto Rico, la media de ingresos es menos de la mitad que en Mississippi.
En síntesis, es fundamental que se incluya una expansión del EITC de Puerto Rico dentro de cualquier propuesta o programa económico que apunte a reducir la pobreza y aumentar la participación laboral. La larga historia del EITC ha comprobado que las expansiones de este crédito benefician directamente a la población trabajadora más necesitada, toda vez que reducen la pobreza infantil y -reiteramos- aumentan la participación laboral en la economía formal.
Rosanna Torres es directora de la oficina en Washington D.C. del Centro para una Nueva Economía (CNE), un think tank no partidista fundado en Puerto Rico. Javier Balmaceda es analista senior de políticas públicas en Puerto Rico para el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), un instituto independiente de investigación de políticas públicas con sede en Washington D.C.