Publicado el 27 de enero de 2020 / Read in English
Sergio M. Marxuach identifica las fallas en cinco procesos importantes para el futuro energético de Puerto Rico.
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Los terremotos que han afectado a Puerto Rico durante las últimas semanas han resaltado una vez más la fragilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico. Desafortunadamente, la cacofonía generada por la propaganda gubernamental y las recriminaciones sobre la respuesta deficiente después de los temblores ha desviado la atención de cinco procesos importantes que transcurren de manera paralela, cada uno de los cuales afectará el futuro del sistema eléctrico de Puerto Rico.
En estos momentos el Plan Integrado de Recursos (“PIR”) de la AEE está bajo revisión por el Negociado de Energía de Puerto Rico (“NEPR”); la AEE intenta modernizar y reconfigurar la red eléctrica de Puerto Rico como parte del esfuerzo más abarcador de reconstrucción de la isla; la Junta de Control Fiscal ha certificado un Plan Fiscal para la AEE; los términos de la deuda de la AEE con sus bonistas se están renegociando bajo el Titulo III de PROMESA; y el gobierno de Puerto Rico ha iniciado negociaciones para transferir la administración y operación del sistema de transmisión y distribución de electricidad a una entidad privada y pronto comenzará el proceso para hacer lo mismo con la capacidad de generación.
En un país donde se hicieran las cosas bien, estos procesos seguirían una secuencia lógica para obtener los mejores resultados posibles. Viviendo en Puerto Rico, no debe sorprendernos que hay poca o ninguna coordinación entre estos procesos, para el detrimento del pueblo y el beneficio de intereses particulares.
El primer paso debería ser la aprobación del PIR por el NEPR. El PIR es un plan a largo plazo, usualmente veinte años, que esboza los elementos necesarios—inversión de capital, tecnología de generación, recursos humanos, entre otros—para implementar la política pública energética de una jurisdicción. El borrador del PIR presentado por la AEE contiene varias deficiencias, muchas de las cuales han sido señaladas por diversas entidades.
El problema principal es que el escenario favorecido para la modernización del sistema parece estar predeterminado en vez de ser el resultado de un proceso analítico de optimización. Los consultores que prepararon el borrador del PIR, la compañía Siemens, analizaron varias estrategias y escenarios y determinaron que el plan denominado “S4S2” que proyecta que para el 2038 Puerto Rico tendría 2.8 GW de capacidad de generación solar y 1.4 GW de capacidad de generación con gas natural, a un costo estimado de $14,350 millones, sería el óptimo para Puerto Rico.
Sin embargo, la AEE le exigió a Siemens que incluyera otro escenario, diseñado por la AEE, denominado “energy system modernization” (“ESM”). Bajo este escenario, Puerto Rico tendría en el 2038 unos 2.6 GW de capacidad de generación solar y 2.2 GW de capacidad de generación con gas natural a un costo de $14,430 millones. Siemens recomienda este escenario, sin proveer una explicación clara, a pesar de que es más caro y muestra un claro sesgo a favor de los traficantes de gas natural, en violación de la política pública energética de Puerto Rico.
Peor aún, tanto Siemens como la AEE echan a un lado el escenario “S3S2S8” bajo el cual Puerto Rico tendría en el 2038 unos 4.1 GW de capacidad de generación solar y 1.1 GW de capacidad de generación con gas natural, a un costo de $14,360 millones. El documento no contiene una justificación clara para favorecer el ESM por encima de los otros dos escenarios descritos. Hay que cuestionar porqué la AEE insiste en abogar por un escenario que promueve la gasificación a unos niveles que son menos costo efectivo que otros escenarios factibles, que incluyen una cantidad mayor de generación con fuentes renovables.
El segundo paso debería ser la reconfiguración del sistema de transmisión y distribución para hacerlo más resistente y para incorporar generación distribuida alrededor de la isla, un proceso que pudiera tomar una década. La AEE ha presentado un plan para modernizar la red a un costo de aproximadamente $14,000 millones, pero no ha identificado las fuentes de financiamiento, mas allá de albergar la esperanza de que el gobierno federal asuma los costos, a través de FEMA. Tampoco ha explicado como dicho financiamiento se puede ver afectado por su intención de privatizar la administración y operación de la red.
La confección del Plan Fiscal a cinco años para la AEE debería ser el tercer paso en este proceso. Sin embargo, la Junta ya certificó un plan sin esperar a que terminara el proceso de revisión del PIR y a que se consumara la reestructuración de la deuda de la AEE, dos procesos que afectarán significativamente los costos operacionales de la AEE. Más preocupante aún, la AEE incorpora elementos del ESM en el Plan Fiscal certificado, aún cuando el NEPR no ha terminado su evaluación y mucho menos aprobado el PIR.
Ese Plan Fiscal, en algún momento, se tendrá que enmendar para incorporar el servicio de la deuda restructurada. La AEE y la Junta han propuesto un acuerdo de restructuración (“RSA”) que impone un Cargo de Transición que aumentará estructuralmente el costo futuro de la electricidad en Puerto Rico, ya que aumenta por 64% durante la vigencia de los bonos nuevos. De acuerdo con un análisis llevado a cabo por el Dr. Ramón Cao, este cargo afectaría negativamente el crecimiento económico, reduciría el empleo y aumentaría la inflación.
Además, el Cargo de Transición funcionaría como un impuesto regresivo, que afectaría adversamente las finanzas de las familias más pobres de Puerto Rico. De acuerdo con un estudio hecho por el Dr. Héctor Cordero algunas familias tendrían que destinar el 42% de su ingreso al pago de la cuenta de la luz eléctrica. Esto provocará el descuadre del presupuesto mensual de miles de familias puertorriqueñas. Ese impuesto al sol también sería un desincentivo para utilizar fuentes renovables para la generación de electricidad, en contravención de la política pública y las leyes de Puerto Rico.
Finalmente, la AEE ha ofrecido muy pocos detalles sobre el proceso para privatizar la administración y operación de la red. Lo poco que sabemos es preocupante ya que se parece bastante al esquema que ya fracasó dos veces en la AAA. Además, la AEE no ha explicado que incentivo tiene el gobierno federal para gastarse $14,000 millones en modernizar la red eléctrica de Puerto Rico, solo para ponerla en condiciones para que un ente privado maximice sus ganancias administrándola.
Algo no cuadra aquí. El único hilo conector entre estos cinco procesos es un sesgo inexplicable a favor del gas natural, esto a pesar de que la política pública y las leyes de Puerto Rico ordenan una transición a un sistema de generación menos centralizado y basado en fuentes renovables. La AEE tiene que explicar porque apoya un PIR que aumenta la capacidad de generación con gas natural de manera desproporcionada en violación de las leyes de Puerto Rico.
Por otro lado, unas de las condiciones para la aprobación del RSA es que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico exima a la entidad que va a emitir los bonos nuevos de la aplicación de 16 leyes. Le recomiendo a los senadores y representantes que piensen cuidadosamente cómo van a votar cuando tengan este asunto ante su consideración. El pueblo estará bien pendiente.
Está columna se publicó originalmente el 26 de enero de 2020 en El Nuevo Día.