Weekly Review – 10 septiembre 2020

Publicado el 10 de septiembre de 2020 / Read in English

Estimados lectores:

La pandemia de COVID-19 ha resaltado los estresores y debilidades de nuestro sistema de salud, los cuales existían antes de la pandemia, pero permanecían mayormente ocultos hasta ahora. En este ensayo para el New York Review of Books (“NYRB”), Timothy Snyder, profesor de historia de Yale, narra como apenas sobrevivió su experiencia con el complejo médico-industrial.

A fines de 2019, Snyder se sometió a una operación de apendicitis. Pero su apendectomía no fue un caso promedio, su apéndice se había reventado, infectando su hígado y eventualmente causando sepsis, que es fatal en muchos casos. Sin embargo, nadie notó la condición hasta que desarrolló un absceso del tamaño de una pelota de béisbol en el hígado.

Mientras tanto, pasó mucho tiempo en el limbo de una sala de emergencias, que estaba repleta de pacientes y muy escasa de personal; fue sometido a dos punciones lumbares (“spinal taps”) innecesarias y su sepsis no se trató durante tanto tiempo que casi muere. Después de pasar semanas en el hospital, finalmente se fue a casa con “nueve nuevos agujeros”: “tres por la apendectomía, tres por drenajes hepáticos, dos por punciones lumbares y uno en [el] brazo por el tubo que canaliza los antibióticos que [él] se inyecta”.

Snyder, que se especializa en la historia de Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial es notablemente imparcial en su relato. No culpa a los doctores o enfermeras por lo que le pasó. Más bien, los ve como víctimas también de un sistema impulsado principalmente por la búsqueda de ganancias. Como lo expresó en una entrevista con los editores de NYRB, “nuestras interacciones con ellos son profundamente falsas, porque no reconocemos cuán impotentes están ante la medicina comercial”. Y mientras “nos gustaría pensar que tenemos una atención médica que, de paso, implica una transferencia de riqueza; lo que en realidad tenemos es una transferencia de riqueza que, por cierto, implica algo de atención médica”.

Así es en Puerto Rico. Personalmente pasé muchas horas en hospitales con mis padres entre 2016 y 2019. Puedo dar fe de la misma falta crónica de personal; las mismas salas de emergencia rebosantes de pacientes esperando tratamiento en algún pasillo oscuro; el mismo sistema que trata a las personas enfermas como un medio para un fin monetario.

Creo que es difícil esperar algo mejor cuando todo el sistema se basa en obtener grandes beneficios principalmente de procedimientos electivos; restarle importancia a la atención y el tratamiento primarios; y mover los pacientes a través de los hospitales lo más rápido posible.

Snyder parece creer que si cambiamos el sistema podemos cambiar los resultados. Pero aquí creo que se equivoca. Podríamos tener el sistema de salud mejor diseñado, diseñado por las mejores y más brillantes mentes y aún así, nada cambiaría. Es decir, hasta que todos entendamos, como señala el propio Snyder, que “el propósito de la medicina no es exprimir al máximo los beneficios de los cuerpos enfermos durante vidas cortas, sino permitir la salud y la libertad durante las vidas largas”.

—Sergio M. Marxuach, editor

Actualización desde Washington D.C.

Por Rosanna Torres, Directora – Oficina de Washington, D.C.

Con solo 21 días en el calendario legislativo federal antes de las elecciones, los legisladores aún tienen varias tareas por delante. Entre las más importantes están: el financiamiento del gobierno para el año fiscal 2021, legislar otra ronda del tan esperado paquete de ayuda para el coronavirus y, potencialmente, extender ayudas financieras a las víctimas de los desastres naturales más recientes. El tiempo no está a su favor. Al día de hoy, a la Cámara le quedan 14 días antes de lo que se conoce en inglés como el “lameduck session”, cuando el poder de funcionarios en el Congreso se reduce ya que se han elegido sus reemplazos. El Senado tiene 20 días.

Y si se toma en cuenta que para que un proyecto se convierta en ley, la Cámara y el Senado deben estar de acuerdo con el mismo texto legislativo, la cantidad de días se achica aún más. Tradicionalmente, la Cámara inicia el proceso de financiar el gobierno y envía el texto aprobado por su hemiciclo al Senado para su consideración. Si el Senado no está de acuerdo con alguna de sus disposiciones, envía su propia versión a la Cámara para que la reconsidere. Ese proceso de negociación toma tiempo y requiere que la Cámara reinicie los debates sobre los nuevos montos de financiamiento y su lenguaje programático. Teniendo en cuenta ese proceso, entonces solo quedan 13 días para que ambos hemiciclos trabajen entre sí y lleguen a un acuerdo.

Según varias fuentes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llegó a un acuerdo con el representante de la Casa Blanca, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, sobre un proyecto de ley de financiamiento del gobierno antes de las elecciones. Por otra parte, el vicepresidente Mike Pence indicó que las conversaciones sobre el financiamiento del gobierno presionarán al Congreso para que se enfoque en todo lo que queda por hacer.

Sin embargo, si el pasado nos sirve como guía, es poco probable que 13 días sean suficientes. A fines de julio la Cámara envió al Senado dos proyectos de ley que aprobó agrupando varias agencias gubernamentales (estos proyectos se conocen en inglés como “minibuses”), pero las conversaciones se han estancado desde entonces. En circunstancias normales, este es un proceso de negociaciones largo y políticamente difícil. Ahora, con la incertidumbre que rodea las elecciones de noviembre y el prospecto de un Congreso nuevo, existe la posibilidad de que el liderazgo del Congreso opte por financiar al gobierno con la misma cantidad asignada para el año fiscal anterior, conocido en Washington como una resolución continua, y así, postergar las negociaciones difíciles para el año entrante.

También en nuestro radar está la petición de este fin de semana ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación a la decisión de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito sobre la implementación del programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico. En una petición detallada que cita una amplia gama de otros fallos y programas que tratan a Puerto Rico de manera diferente, el Procurador General Interino de los EE.UU. presentó una solicitud al tribunal más alto para revisar “si el Congreso violó el componente de igual protección de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda al establecer el Seguro de Ingreso Suplementario, un programa que brinda beneficios a personas envejecientes, ciegas y discapacitadas necesitadas, en los 50 estados y el Distrito de Columbia, y en las Islas Marianas del Norte en conformidad con un convenio negociado, pero sin extenderlo a Puerto Rico”.

En su solicitud, el Departamento de Justicia afirma en un tono fuerte que “el Congreso tiene un interés legítimo en evitar una relación fiscal unilateral bajo la cual Puerto Rico comparte los beneficios económicos pero no las cargas económicas de la estadidad, y se niega a incluir a Puerto Rico en el programa SSI al ser un medio racional de promover ese interés”. Además, establece que “el costo de incluir a Puerto Rico sería sumamente alto”. En su argumento, los funcionarios federales aluden a una estimación de la Administración del Seguro Social que calcula el costo total del programa entre $1.8 mil millones y $2.4 mil millones anuales durante los próximos diez años.

El candidato demócrata a la presidencia Joe Biden aprovechó la oportunidad para enfatizar cuál sería la postura de su Administración sobre los programas federales para Puerto Rico a través de un tweet: “Una y otra vez, el presidente se ha negado a brindarle a Puerto Rico los recursos que tanto necesita. Ha insultado repetidamente a los puertorriqueños y esta última acción es otro ejemplo de su falta de respeto por la isla. Esto se acabará cuando yo sea elegido presidente”.

Por desgracia, el desenlace de este asunto y el próximo paquete de asignaciones federales no está seguro. Los mantendremos informados sobre cualquier novedad.

¿Cómo gastaron sus pagos de estímulo los consumidores estadounidenses?

La Ley CARES dispuso que el gobierno federal enviara cheques de hasta $1,200 por persona (más $500 por hijo dependiente) a personas que ganaran hasta $99,000 al año ($198,000 para parejas). La idea era que este dinero se gastaría rápidamente y le daría un impulso a la economía. Sin embargo, un estudio citado por The Economist encontró “que los estadounidenses no utilizaron los pagos como esperaba el tío Sam. Utilizando datos de una encuesta reciente de 12,000 estadounidenses realizada por Nielsen, una firma de investigación de mercado, los autores encontraron que solo se gastó el 42% del dinero. Otro 27% se ahorró. El 31% restante se utilizó para pagar deudas”. Sin embargo, hubo “una amplia variación entre los hogares. Los autores encontraron que el 30% de los estadounidenses gastaron todo su cheque de estímulo, mientras que el 40% no gastó nada en absoluto. Como era de esperar, los hogares más pobres gastaron una mayor parte de sus pagos, y la mayor parte se destinó a alimentos y otros productos básicos (ver gráfica); los hogares más grandes también gastaron más”.

En resumen, hay margen para mejorar si el Congreso aprueba una nueva ronda de gastos de estímulo.

Tendencias del COVID – El Institute for Health Metrics and Evaluation (“IHME”) de la Universidad de Washington actualizó recientemente su pronóstico de COVID-19 para casos diagnosticados, hospitalizaciones y muertes esperadas, utilizando tres escenarios diferentes: (1) una continuación de las tendencias actuales; (2) una reducción del distanciamiento social y los requisitos de uso de mascarillas; y (3) la adopción “universal” de requisitos de uso de mascarillas. El pronóstico del modelo del IHME encuentra que si la tendencia actual continúa, el total de muertes esperadas excedería las 410,000 para el 1 de enero de 2021, en contraste con aproximadamente 190,000 muertes registradas hasta ahora. En el escenario de una reducción en el uso de mascarillas, las muertes superarían las 620,000, mientras que en el escenario de uso de mascarillas “universal” las muertes sumarían aproximadamente 288,000 para el día de año nuevo de 2021.

El hambre en Estados Unidos  – Según el New York Times, “la sombra del hambre se cierne sobre Estados Unidos. En la economía de la pandemia, casi uno de cada ocho hogares no tiene suficiente para comer. El toque de queda, con sus épicas filas en los bancos de alimentos, ha revelado lo que estaba oculto a simple vista: que la lucha para hacer que los alimentos duren lo suficiente y para obtener alimentos que sean saludables, lo que los expertos llaman ‘inseguridad alimentaria’, es persistente para millones de estadounidenses”.

Capacidad estatal y la pandemia – Un artículo reciente de Mariana Mazzucato y Rainer Kattel, “argumenta que para gobernar durante una pandemia, los gobiernos requieren capacidades dinámicas que a menudo no tienen. Estas incluyen la capacidad de adaptarse y aprender; capacidad para alinear los servicios públicos y las necesidades ciudadanas; capacidad para gestionar sistemas de producción resilientes; y capacidad para administrar plataformas digitales y de datos”. Lectura obligatoria para personas en la Casa Blanca y la Fortaleza.