Publicado el 1 de octubre de 2020 / Read in English
Estimados lectores:
El 20 de septiembre de 2017 el huracán María azotó a Puerto Rico con una fuerza que no se veía en estas latitudes en casi un siglo. Los daños se estimaron en $90,000 millones, sin tener en cuenta el costo de los lazos sociales y económicos rotos, así como aproximadamente 3,000 muertes; el número exacto de muertes no se ha determinado y probablemente nunca se conocerá. En los tres años transcurridos desde entonces, el debate público se ha centrado en el flujo lento de fondos federales para los esfuerzos de recuperación y el desprecio, por no decir el racismo indiscutible, con el que la administración Trump ha tratado a Puerto Rico. En el WR de hoy, brindamos una breve descripción general de cómo debería ser una reconstrucción justa y el estado actual de los fondos federales para dicho propósito.
Además, dado que quedan menos de cinco semanas antes de las elecciones generales, ofrecemos una introducción a la mecánica del Colegio Electoral en los Estados Unidos. A muchos politólogos les preocupa que el presidente Trump intente desacreditar la legitimidad de las elecciones generales y manipule la maquinaria decrépita de más de doscientos años del Colegio Electoral para mantenerse en el poder. Puede que se sorprendan de lo que encontramos.
—Sergio M. Marxuach, editor
Análisis de CNE
Parte III – Lecciones para la reconstrucción de Puerto Rico
Esta semana queremos, en primer lugar, alejarnos un poco de la guerra con las cifras de financiamiento federal y revisar algunas lecciones aprendidas del camino hacia una reconstrucción justa. En segundo lugar, presentamos un breve resumen de cuántos fondos se han asignado, comprometido y gastado para la reconstrucción. Por último, presentamos una serie de preguntas que creemos merecen respuestas a medida que avanza el proceso de reconstrucción.
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Repasando lecciones
Por Deepak Lamba Nieves, Ph.D. , director de Investigación
Poco tiempo después de que nos azotara el huracán María, en el CNE comenzamos a educarnos sobre los programas y procesos de reconstrucción posdesastre para identificar algunas lecciones generales que nos sirviesen de guía en este largo y tortuoso camino hacia una recuperación justa. Al cabo de tres largos años, durante los cuales se ha logrado muy poco y hemos tenido que afrontar nuevas catástrofes, vale la pena repasar algunas de esas lecciones que emanan de la literatura académica (Kates et. Al. 2006; Olshansky, 2006; Olshansky, et. al. 2008) principalmente de la experiencia de Nueva Orleans luego del Huracán Katrina:
- La reconstrucción será un proceso largo, costoso y contencioso.
- Los fondos disponibles impulsan la reconstrucción, y la experiencia dicta que siempre se van a necesitar más fondos.
- La recuperación no es una etapa final, sino un proceso que evoluciona con el tiempo y logra el mayor éxito cuando las organizaciones locales pueden responder rápidamente y sin mayores trabas a su contexto.
- Se debe priorizar atender las necesidades de las comunidades de escasos recursos y de las pequeñas empresas. Dado que la recuperación es un proceso sumamente desigual, los hogares y las empresas de altos ingresos suelen recibir la mayor atención y son capaces de sobreponerse más rápido.
- Los esfuerzos de recuperación deben avanzar rápidamente para asegurar que no se desintegran las redes sociales y económicas existentes, pero también se debe invertir tiempo en buenos procesos de planificación posdesastre.
- Las catástrofes proveen oportunidades para actualizar los sistemas de planificación existentes y reconfigurar los lazos de colaboración entre las instituciones federales, estatales, locales y comunitarias.
- El gobierno es solo uno de los actores involucrados en los procesos posdesastres. Durante el trayecto, emergen nuevas organizaciones y las ONGs con una trayectoria probada son las que responden de manera más efectiva y eficiente.
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Actualización de los fondos de reconstrucción
Por Rosanna Torres – directora, Oficina de Washington D.C., y Sergio M. Marxuach, director de Política Pública
Como se muestra en la gráfica a continuación, según el Grupo de Liderazgo de la Función de Apoyo a la Recuperación de FEMA, al 31 de julio de 2020 se habían asignado aproximadamente $45.9 mil millones, principalmente al Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) ($20.2 mil millones) y a FEMA ($17.6 mil millones) para hacer frente a los daños causados por los huracanes Irma y María. Del total asignado, $25.5 mil millones habían sido obligados principalmente por FEMA ($17.6 mil millones), y un total de $16.8 mil millones se habían gastado realmente, de nuevo principalmente por FEMA ($13.9 mil millones). Es importante señalar que estas cantidades no incluyen los fondos de asistencia nutricional de emergencia ni la financiación suplementaria de Medicaid.
Fuente: Grupo de Liderazgo de la Función de Apoyo a la Recuperación de FEMA al 31/julio/2020
La gráfica anterior tampoco incluye la asignación más reciente de FEMA. El 18 de septiembre de 2020, la gobernadora Vázquez celebró una conferencia de prensa para anunciar una asignación multimillonaria de FEMA en virtud de la Sección 428 de la Ley Stafford para Puerto Rico. Los fondos para este programa provienen del Fondo de Ayuda para Desastres. Por lo tanto, aunque la fuente de fondos no es totalmente nueva, el anuncio de esta semana asigna fondos específicamente a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y al Departamento de Educación de Puerto Rico, que serán considerados como fondos “nuevos” para los sub-recipientes de Puerto Rico. El anuncio provee $9.4 mil millones para los proyectos de trabajo permanente de la AEE y otros $2.29 mil millones para el Departamento de Educación para reparar y reconstruir las escuelas públicas.
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Preguntas para los candidatos
A continuación, presentamos algunas preguntas que creemos que deben ser abordadas por los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. El proceso de reconstrucción tomará al menos una década, probablemente más. En CNE creemos que es importante que la prensa pregunte y que los candidatos respondan a las preguntas sobre cómo prevén que evolucione el proceso de reconstrucción durante los próximos cuatro años.
- ¿Cómo se puede hacer que el proceso de reconstrucción sea más inclusivo? ¿Qué acciones afirmativas está dispuesto a tomar el gobierno de Puerto Rico para aumentar la inclusión?
- ¿Por qué Puerto Rico está sujeto a un mayor escrutinio que otras jurisdicciones que están en proceso de reconstrucción después de un desastre natural? ¿Es necesaria la oficina del coordinador federal en la Casa Blanca? ¿Qué hay del monitor para Puerto Rico en el HUD?
- ¿Cómo se puede limitar la influencia de las organizaciones perniciosas que vienen “llevando la carga del hombre blanco” en Puerto Rico? ¿Cómo podemos aumentar la participación efectiva de las ONG y las organizaciones sin fines de lucro locales en el proceso de reconstrucción?
- ¿Por qué los contratos se conceden principalmente a empresas de fuera de Puerto Rico con poca o ninguna conexión local? ¿Qué mecanismos existen para aumentar la capacitación y la transferencia de conocimientos a la fuerza de trabajo local?
- ¿Qué mecanismos son necesarios para mejorar la cooperación y la coordinación entre todos los interesados pertinentes?
Análisis de las elecciones de EE.UU.: ¿Cuándo terminan las elecciones?
Por Sergio M. Marxuach, director de Política Pública
A menos de cinco semanas para las elecciones generales en Estados Unidos, la temperatura partidista está aumentando a medida que los políticos y sus abogados trazan sus estrategias electorales. Recuerde, en los Estados Unidos, la contienda por la presidencia es, en esencia, cincuenta y una elecciones diferentes (incluida la de DC), gobernadas por aproximadamente 10,500 autoridades electorales, cada una de las cuales aplica un conjunto diferente de reglas. De hecho, la lucha por delimitar esas reglas ya ha comenzado, ya que abogados de ambas partes han presentado aproximadamente 200 demandas en al menos 28 estados, según la reseña de Jeffrey Toobin para The New Yorker.
Para complicar las cosas, todavía hay una pandemia y muchos estados han cambiado las reglas para facilitar la votación por correo, a fin de evitar largas filas el día de las elecciones. Estos cambios han provocado una reacción visceral del presidente Trump, quien ha argumentado, sin presentar evidencia alguna, que el aumento en la votación por correo conducirá a un fraude generalizado. Esto es una tontería.
Panorama de datos
Daños a la vivienda causados por el huracán María
Fuente: Análisis de CNE usando datos de FEMA y archivos de la Junta de Planificación de Puerto Rico
Este “mapa de calor” muestra los daños totales en los hogares después del huracán María. Los puntos más oscuros indican una mayor concentración de hogares que sufrieron más daños.
En nuestro radar...
Una moratoria de desalojo es necesaria pero no suficiente – “Una moratoria de desalojo durante la pandemia COVID-19 es crítica para la seguridad económica de los inquilinos, pero es sólo la mitad de la solución. Sin ayuda para el alquiler, los propietarios pequeños (“mom and pop”) experimentarán un shock de ingresos significativo debido a la pérdida de ingresos de alquiler bajo la moratoria”…escriben Kristen Broady, Wendy Edelberg y Emily Moss en un blog del Brookings Institution.
El camino hacia la recuperación – Los profesores Rob Olshansky y Laurie Johnson analizan “los impactos de la actual crisis de salud pública en la preparación para los desastres y la planificación comunitaria, y qué se necesitará para construir un futuro más equitativo y resiliente” en este artículo publicado por el Lincoln Institute of Land Policy.
Impacto económico de las políticas de estabilización en los Estados Unidos – El economista Raj Chetty y su equipo de Opportunity Insights acaban de publicar un estudio sobre los impactos económicos de COVID-19. Algunas de sus conclusiones son que “(1) la reapertura de las economías ordenada por el Estado ha tenido pequeños impactos en el gasto y el empleo; (2) los pagos de estímulo a los hogares de bajos ingresos aumentaron drásticamente el gasto de los consumidores, pero poco de este aumento del gasto se destinó a las empresas más afectadas por la crisis de COVID-19, amortiguando sus impactos en el empleo; (3) los préstamos del Programa de Protección de Nómina aumentaron el empleo en las pequeñas empresas en sólo un 3%, lo que implica un costo de $290,000 por cada puesto de trabajo salvado”. Según su análisis, “estos resultados sugieren que las herramientas macroeconómicas tradicionales -estimular la demanda agregada o proporcionar liquidez a las empresas- tienen una capacidad limitada para restaurar el empleo cuando el gasto de los consumidores se ve limitado por problemas de salud. Durante una pandemia, puede ser más fructífero mitigar las dificultades económicas a través de un programa de seguridad social”.