Rosanna Torres

Memo completo (en inglés)

Resumen Ejecutivo

En general, el gobierno federal entrante debería dirigir sus esfuerzos en brindarle a los residentes de Puerto Rico acceso equitativo aquellos programas federales que reducen los niveles de pobreza y estimulan el crecimiento económico. Por mucho tiempo las inversiones en programas gubernamentales han sido insuficientes y, como resultado, han erosionado nuestras instituciones y la capacidad gubernamental local. Por lo tanto, se requerirán inversiones sustanciales a largo plazo por parte del gobierno federal. Y aunque el respaldo de la Administración es clave, debemos tener en cuenta que esos esfuerzos podrían verse obstaculizados si no cuentan con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos.

Esfuerzos de reconstrucción

• La Administración de Trump impuso numerosas restricciones que han obstaculizado el acceso a los fondos de reconstrucción. Cuanto más tarden los fondos en llegar a las víctimas de desastres, más complicado se torna el panorama para lograr un crecimiento económico.
• Si la ayuda se retrasa debido a un proceso gubernamental innecesariamente burocrático se podría erosionar la capacidad del gobierno local para lidiar con otros procesos de recuperación de desastres inesperados (como la pandemia COVID-19), aumenta la emigración fuera de Puerto Rico, y disminuyen los recaudos del gobierno.
• Es importante acelerar el desembolso y el acceso a los fondos de recuperación de desastres para garantizar que las familias puedan finalmente reiniciar sus vidas, tres años después, en hogares seguros. Contar con la capacidad para reconstruir la infraestructura pública y la red energética determinará cuan transformadora será la reconstrucción.

Programas de redes de seguridad de EE.UU.

Cuidado de la salud

• Puerto Rico, al igual que el mundo entero, continúa luchando contra una pandemia mortal, pero Puerto Rico tiene la presión adicional de carecer de fondos suficientes para mantener una infraestructura de salud que ya se estaba desmoronando.
• Esto se debe principalmente a que, bajo el programa Medicaid de Puerto Rico, la parte federal del costo del programa, conocida como el Porcentaje Federal de Asistencia Médica (FMAP, por sus siglas en inglés), es sustancialmente más baja que la que se le provee a los estados. Además, el costo compartido federal es aplicable solo hasta que se alcance un monto de gasto establecido arbitrariamente, reduciendo aun más el porcentaje neto del FMAP.
• Estas limitaciones restringen severamente el alcance del programa Medicaid, como lo demuestran los niveles de elegibilidad más bajos, menos beneficios obligatorios, pagos más bajos a los proveedores y menos gastos por beneficiarios. Incluso antes de la pandemia, 72 de los 78 municipios de Puerto Rico fueron designados como áreas médicamente desatendidas.
• Cíclicamente Puerto Rico enfrenta la difícil decisión de recortar servicios o personas de su programa Medicaid a menos que no se asignen fondos federales adicionales. Reducir costos por servicios no es una opción, ya que la isla provee solo 10 de los 17 servicios obligatorios que se ofrecen en los estados.
• Los fondos federales, nuevamente, caducan en septiembre de 2021. La administración de Biden-Harris tiene la oportunidad de defender y promover en el Congreso una solución permanente al flujo de fondos de Medicaid en Puerto Rico, que permita construir un sistema de salud estable.

SSI

• El Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) es un programa federal que brinda asistencia en efectivo a personas mayores, ciegas y discapacitadas que poseen recursos limitados para cubrir gastos básicos. Precisamente en un momento en que los ancianos han sido los más afectados, los residentes de Puerto Rico injustamente no pueden participar en este programa. Según estimados de CNE, permitir que Puerto Rico ingrese al programa SSI podría proveer aproximadamente $2.58 mil millones en ayuda a más de 435,000 personas.
• Existe una disputa legal sobre la aplicación del SSI a residentes de Puerto Rico ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. En Estados Unidos v. Vaello-Madero, José Luis Vaello-Madero argumenta que la exclusión de Puerto Rico del programa de SSI viola las garantías de igualdad de protección de la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU. Estados Unidos, por su parte, afirma que la denegación de pagos por discapacidad de SSI a Puerto Rico no viola la Quinta Enmienda. En su fallo, el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos otorgó la moción de Vaello-Madero para una sentencia sumaria, que esencialmente afirma la postura del demandante. Meses después, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en Boston emitió un fallo afirmando la decisión del tribunal inferior. La Administración Trump, a través del Procurador General Interino del Departamento de Justicia, Jeffrey B. Wall, presentó este otoño una petición para una petición writ of certiorari a la Corte Suprema sobre la aplicabilidad de tales cambios de política pública.
• Salvo cualquier decisión de la corte suprema de los Estados Unidos antes de la toma de posesión, la administración Biden-Harris puede retractarse de la posición del Departamento de Justicia federal anterior y retirar la petición legal. De lograrlo, la Administración del Seguro Social tendrá que acelerar su trabajo y adjudicar miles de casos de discapacidad a la vez. El Congreso inevitablemente tendrá que otorgar fondos suficientes para los cambios administrativos que hagan efectiva la decisión.

Nutrición

• El gobierno federal brinda asistencia económica a familias de bajos ingresos para comprar alimentos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). A diferencia de los fondos de nutrición que se le proveen a los estados, Guam y las Islas Vírgenes de EE.UU., Puerto Rico recibe una cantidad limitada de fondos federales anuales para ejecutar su propio Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
• Dado que funciona como una subvención fija, cuando aumentan las necesidades, ya sea por un desastre o pandemia inesperada, Puerto Rico no tiene la flexibilidad para expandir el programa para satisfacer el aumento en las necesidades, como ocurre en los estados. En un momento en que casi la mitad de la población necesita estos beneficios para poner comida en la mesa, la reforma del PAN no puede subestimarse.
• Ha llegado el momento de organizar una transición bien hecha hacia la misma asistencia nutricional que el gobierno de los EE.UU. brinda a otras jurisdicciones, un paso que se puede tomar cuando la próxima Ley Agrícola se someta al Congreso para consideración.

Desarrollo económico

• El Crédito por Trabajo federal (EITC, por sus siglas en inglés) se ha convertido en uno de los programas más grandes del gobierno federal para combatir la pobreza. Sin embargo, Puerto Rico está excluido del EITC federal. Con una tasa de pobreza de 43 por ciento, y una tasa de pobreza infantil de 57 por ciento, parece lógico extender los beneficios del EITC para reducir los niveles de pobreza en Puerto Rico y aumentar la participación en la fuerza laboral.
• Debido a la falta de acción federal, en el 2018, Puerto Rico estableció su propio crédito por trabajo local con la intención de incentivar la economía. Si bien este es un paso en la dirección correcta, por sí solo, es pequeño en comparación con lo que reciben hogares de trabajadores de bajos ingresos similares en los Estados Unidos. Y no es suficiente. Confiar en que este programa pueda compensar por las consecuencias negativas de los programas de austeridad en la isla es negligente y peligroso.
• Las propuestas recientes incluidas en el paquete de asignaciones suplementarias de emergencia aprobado por la Cámara en 2019 y la Ley de Movilidad Económica del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de 2019, complementarían el EITC de Puerto Rico con un aumento en fondos federales. El complemento federal serviría como un incentivo para que Puerto Rico aumente el tamaño de su EITC y aumente el beneficio del crédito, con un pareo de tres a uno, basado en el costo anual estimado de $204 millones preparado por Hacienda y certificado por la Junta de Supervisión Federal.

Conclusión

Ahora es el momento de poner estas políticas en práctica para el pueblo de Puerto Rico. La clave para la efectividad de cualquier plan para Puerto Rico es la capacidad de coordinar esfuerzos entre todas las partes, y priorizar la participación de la población general y sus líderes comunitarios. La imposición unilateral de soluciones a la población afectada (la política general hasta el momento) genera desconfianza, incentiva a que las personas eludan las reglas y socava el proceso de recuperación. Estamos listos para trabajar con la administración federal y el gobierno local para el bienestar de Puerto Rico.