Recomendaciones al Gobernador de Puerto Rico

Memorando de Pol铆tica P煤blica - Recomendaciones al Gobernador de Puerto Rico

Publicado el 4 de febrero de 2021 / Read in English

Centro para una Nueva Econom铆a
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Introducci贸n

Puerto Rico atraviesa por la situaci贸n m谩s dif铆cil que ha enfrentado en medio siglo. La econom铆a de la isla ha estado estancada, en contracci贸n o creciendo m铆nimamente, por 15 a帽os consecutivos. En 2015 el entonces gobernador Alejandro Garc铆a Padilla anunci贸 que la deuda de Puerto Rico no se pod铆a pagar. En 2017 el gobierno de Puerto Rico radic贸 oficialmente su petici贸n de quiebra bajo los t茅rminos y condiciones de la ley federal PROMESA. Ese a帽o tambi茅n sufrimos el azote de dos huracanes de gran potencia. Adem谩s, a principios de 2020 la parte suroeste de la isla sufri贸 da帽os causados por varios terremotos.

Finalmente, en la primavera de 2020 se comenzaron a registrar los primeros casos de COVID-19 en Puerto Rico. El virus SARS-CoV-2 se ha propagado por todo el mundo, afectando a m谩s de 100 millones de personas, y desafortunadamente causado la muerte de m谩s de 2,000,000 de seres humanos. La pandemia global tambi茅n ha afectado adversamente la actividad econ贸mica a trav茅s del mundo, causando cientos de miles de millones en p茅rdidas, y aumentando el desempleo y la pobreza en docenas de pa铆ses.

Puerto Rico, pues, atraviesa por varias crisis simult谩neas y sobrepuestas una sobre la otra. Esta situaci贸n exige una respuesta robusta de parte del gobierno de Puerto Rico precisamente cuando su capacidad de ejecuci贸n se encuentra limitada por la quiebra, la politizaci贸n del empleo p煤blico, a帽os de pol铆ticas de austeridad y la corrupci贸n. Esa conjunci贸n de una agenda de trabajo abrumadora y la falta de recursos humanos y financieros requiere que se establezcan prioridades claras de trabajo. En este memorando presentamos algunas sugerencias sobre cu谩les deben ser esas prioridades y c贸mo atenderlas.

Pandemia de COVID-19

A corto plazo este es el asunto m谩s urgente e importante que enfrenta su administraci贸n. Aunque ya hay varias vacunas aprobadas y en producci贸n, la pandemia no ha terminado a煤n. Es importante seguir educando a la ciudadan铆a sobre la importancia de utilizar mascarillas, guardar distanciamiento social y evitar la aglomeraci贸n de personas en lugares p煤blicos. A la misma vez, hay que redoblar los esfuerzos para realizar pruebas y continuar con el rastreo y contacto de personas que hayan podido estar expuestas al virus.

Segundo, Puerto Rico ha hecho avances en el proceso de vacunaci贸n, pero algunos problemas log铆sticos son previsibles a corto plazo. Actualmente la disponibilidad limitada de vacunas es el obst谩culo principal para lograr el objetivo de vacunar 70 o 75% de la poblaci贸n. Sin embargo, una vez se superen los escollos de producci贸n y distribuci贸n de vacunas y comience a aumentar la porci贸n de la poblaci贸n que cualifica para vacunarse, es previsible que surjan problemas log铆sticos que limiten innecesariamente el ritmo de vacunaci贸n. Sugerimos, al igual que se ha hecho en algunos estados, que se habiliten m煤ltiples centros de vacunaci贸n a nivel local, no solo en hospitales, CDTs y farmacias, sino tambi茅n en centros comunitarios, canchas de escuelas, iglesias, estacionamientos de centros comerciales y otras instalaciones de f谩cil acceso alrededor de toda la isla. Adem谩s, se debe considerar entrenar y autorizar a dentistas, t茅cnicos de emergencias y param茅dicos, y otro personal con entrenamiento apropiado, a vacunar personas contra el COVID-19 (entendemos que los estudiantes de medicina y enfermer铆a ya est谩n autorizados para vacunar).

Finalmente, es necesario continuar apoyando a los due帽os de peque帽as y medianas empresas, as铆 como a las personas que han quedado desempleadas debido a la pandemia. Aunque el presidente Biden ha anunciado un plan abarcador de ayuda para estos grupos, es importante complementarlo con un programa local. Entendemos que la Junta de Supervisi贸n Fiscal ha demostrado estar receptiva a reprogramar fondos de emergencia para estos prop贸sitos. Lo importante es dise帽ar estos programas adecuadamente para ayudar a los m谩s necesitados y a las poblaciones que por una variedad de razones no est茅n cubiertas por el plan del gobierno federal.

Reconstrucci贸n

La lentitud con que se ha llevado a cabo el proceso de reconstruir el acervo de capital destruido por los huracanes de 2017 y los terremotos de 2020 constituye un lastre sobre la econom铆a de Puerto Rico. El Congreso de Estados Unidos ha asignado (鈥渁ppropriated鈥) m谩s de $67,000 millones para los trabajos de reconstrucci贸n en la isla. Sin embargo, el proceso de desembolso por parte de las agencias del ejecutivo federal ha sido sumamente lento, por dos razones. Primero, en nuestra opini贸n, la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal (鈥淥MB鈥, por sus siglas en ingl茅s) ha sido muy lenta en el proceso de prorratear (鈥渁pportion鈥) las asignaciones congresionales para permitir su uso. De acuerdo con el Congressional Research Service:

When Congress passes appropriations bills and they are signed into law, 鈥渂udget execution鈥 begins. A group of statutory provisions that observers refer to collectively as the Antideficiency Act requires OMB to 鈥渁pportion鈥 appropriated funds鈥攖hat is, make appropriations available to agencies in legally binding increments (e.g., quarterly). The statute鈥檚 express purpose is to prevent federal officials from obligating or expending funds at a rate that would prematurely exhaust the funds, such as before the end of a fiscal year.[1]

Entendemos que este proceso es necesario para controlar y supervisar el gasto por parte de las agencias federales. Sin embargo, nos parece que durante la administraci贸n del presidente Trump se utiliz贸 de manera arbitraria y caprichosa para discriminar en contra de Puerto Rico. Recomendamos que su administraci贸n lleve a cabo todas las gestiones necesarias en Washington, D.C. para corregir esta situaci贸n.

En segundo lugar, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (鈥淗UD鈥, por sus siglas en ingl茅s) le impuso a Puerto Rico una serie de condiciones innecesarias para el desembolso de los fondos CDBG-DR, a trav茅s de los contratos de subvenci贸n (鈥済rant agreements鈥) que rigen el uso de esos fondos. Recomendamos que esos contratos, que Puerto Rico nunca debi贸 firmar en primera instancia, se enmienden para establecer un proceso de control razonable y no-discriminatorio.

M谩s all谩 de acelerar el desembolso de los fondos para la reconstrucci贸n, recomendamos que se les otorgue prioridad a las 谩reas de vivienda y energ铆a.

Vivienda

Puerto Rico ha enfrentado una crisis en el sector de la vivienda por d茅cadas, especialmente marcada por una falta de viviendas asequibles. M谩s de la mitad de los inquilinos y casi la mitad de los due帽os de hogares con hipotecas gastan m谩s de una tercera parte de su ingreso en costos de vivienda, lo que implica que est谩n en una situaci贸n muy vulnerable de perder su vivienda. Adem谩s, la lista de espera para vivienda p煤blica y vales de Secci贸n 8 ha alcanzado 16,000 y 10,000 familias, respectivamente. Esto requiere hacer disponible una mayor cantidad de unidades de vivienda a precios asequibles o implementar medidas que permitan evitar el desplazamiento de familias.

El desarrollo de vivienda asequible debe tomar en consideraci贸n la localizaci贸n, pues es importante ubicar estas unidades en las 谩reas que concentran la mayor cantidad de oportunidades econ贸micas, amenidades y servicios, o lo que podemos denominar como Geograf铆as de Oportunidad (鈥淕O鈥). Por lo tanto, las inversiones usando fondos federales o privados deben priorizar proveer vivienda asequible聽y evitar desplazamientos en las GO, mientras que las 谩reas m谩s desaventajadas de Puerto Rico deben ser prioridad de inversiones p煤blicas y privadas dirigidas a mejorar la calidad de infraestructura p煤blica, la calidad de la vivienda y el desarrollo de empleos.

Los huracanes Irma y Mar铆a y los terremotos del 2020 exacerbaron el problema de la falta de vivienda asequible y deterioraron significativamente el acervo de viviendas en Puerto Rico. Seg煤n datos del programa de Asistencia Individual administrado por la Administraci贸n Federal de Manejo de Emergencias (鈥淔EMA鈥, por sus siglas en ingl茅s), sobre 325,000 鈥 aproximadamente el 21% de todas las unidades de vivienda 鈥 sufrieron da帽os causados por estos desastres.

Seg煤n detallamos en el informe de nuestra iniciativa de vivienda, Blueprint,聽el largo proceso de la reconstrucci贸n posdesastre ser谩 definido primordialmente por las necesidades apremiantes de vivienda. Sin embargo, existe una fragmentaci贸n profunda entre diversas visiones e intereses para atender todo lo relacionado al tema de vivienda y la tenencia de la tierra. Ante esto, necesitamos un marco abarcador de planificaci贸n y pol铆tica p煤blica que se fundamente, como m铆nimo, en los siguientes principios: (1) proveer vivienda digna, segura y asequible para todos, (2) desarrollar comunidades inclusivas, saludables y con oportunidades plenas de movilidad social, y (3) fomentar la participaci贸n de comunidades en todos los procesos de toma de decisiones.

Seg煤n algunos informes recientes del Departamento de la Vivienda y la Oficina Central de Recuperaci贸n, Reconstrucci贸n y Resiliencia (鈥淐OR3鈥), ya se han puesto en marcha decenas de programas relacionados con la reconstrucci贸n. Sin embargo, nos preocupa que, a m谩s de tres a帽os del paso de los huracanes,聽hay miles de hogares con techos azules y, hasta octubre del 2020, solo se hab铆an completado 146 reconstrucciones o reparaciones de hogares bajo el programa de reparaci贸n, reconstrucci贸n y relocalizaci贸n de hogares (鈥淩3鈥) que administra el gobierno de Puerto Rico. Ante esta crasa lentitud, resulta imprescindible revisar y enmendar el dise帽o de los principales programas de reconstrucci贸n de viviendas聽para, entre otras cosas: acelerar el paso, asegurar que las comunidades locales est谩n completamente involucradas en todos los procesos de tomas de decisiones, y las inversiones gubernamentales redunden en beneficios a comunidades completas y no solo a un grupo selecto de hogares.

Ciertamente, los estragos de la pandemia han retrasado los programas de la reconstrucci贸n y empeorado la vulnerabilidad residencial de cientos de miles de familias en Puerto Rico. Por esto, resulta imprescindible que el gobierno de Puerto Rico aproveche y administre, r谩pida y efectivamente, los $325 millones que se identificaron para Puerto Rico bajo el programa de 鈥淓mergency Rental Assistance Program鈥 que se cre贸 a trav茅s del Coronavirus Relief Fund. Recientemente, le enviamos un memorando al Secretario Designado de Vivienda, el Lcdo. William Rodr铆guez, con algunas cifras y an谩lisis sobre el posible alcance del programa.

Energ铆a

A la fecha de hoy, hay cuatro procesos importantes que transcurren de manera paralela, cada uno de los cuales afectar谩 el futuro del sistema el茅ctrico de Puerto Rico: el Plan Integrado de Recursos (鈥淧IR鈥) de la Autoridad de Energ铆a El茅ctrica (鈥淎EE鈥) ha sido aprobado por el Negociado de Energ铆a de Puerto Rico (鈥淣EPR鈥) y su implementaci贸n est谩 por comenzar; la AEE intenta modernizar y reconfigurar la red el茅ctrica de Puerto Rico como parte del esfuerzo m谩s abarcador de reconstrucci贸n de la infraestructura de la isla; los t茅rminos de la deuda de la AEE con sus bonistas y otros acreedores se est谩n renegociando bajo el T铆tulo III de PROMESA; y el gobierno de Puerto Rico ha firmado un acuerdo para transferir la administraci贸n y operaci贸n del sistema de transmisi贸n y distribuci贸n de electricidad a una entidad privada y ha comenzado el proceso para hacer lo mismo con la capacidad de generaci贸n.

Es imperativo que la reconstrucci贸n de la red el茅ctrica, la reestructuraci贸n de la deuda de la AEE y la privatizaci贸n de la administraci贸n y operaci贸n del sistema se ejecuten de una manera que sea consistente con el PIR, que es el plan maestro para el sistema el茅ctrico a largo plazo. Nos preocupa, sin embargo, que la implementaci贸n de estos cuatro procesos se esta llevando a cabo con poca o ninguna coordinaci贸n, lo que puede resultar en esfuerzos duplicados, inconsistentes o que no cumplan con las leyes y reglamentos de Puerto Rico y los Estados Unidos, incluyendo los requisitos legales de aumentar la capacidad de generaci贸n el茅ctrica utilizando fuentes renovables de energ铆a.

En t茅rminos de la reconstrucci贸n del sistema, FEMA ya anunci贸 que estar谩 haciendo disponible m谩s de $10,000 millones para la reconfiguraci贸n y modernizaci贸n de la red el茅ctrica de Puerto Rico. A primera vista, sin embargo, parece que se est谩n confeccionando dos planes diferentes y no necesariamente consistentes para la utilizaci贸n de los mismos fondos. De un lado, LUMA, compa帽铆a contratada por la AEE para administrar y operar el sistema de transmisi贸n y distribuci贸n, est谩 preparando un 鈥淪ystem Remediation Plan鈥 (鈥淪RP鈥) para la AEE. Por el otro, la AEE y Burns & McDonnell, un contratista privado, presentaron a FEMA un Plan de Modernizaci贸n de Infraestructura (鈥淧MI鈥) a diez a帽os, en diciembre de 2020. Nos parece que hay una desconexi贸n marcada entre el SRP y PMI, que en este momento se est谩n ejecutando como dos proyectos en paralelo y que efectivamente resultar谩n en esfuerzos duplicados y en el despilfarro de fondos.

Recomendamos, por tanto, (1) que nombre un coordinador que le reporte directamente a la Secretaria de la Gobernaci贸n y que tenga la autoridad para coordinar estos cuatro procesos para que se ejecuten de manera ordenada, eficiente y racional; (2) que el NEPR celebre vistas p煤blicas para que la AEE explique c贸mo se va a coordinar el SRP y el PIM a diez a帽os para que cumplan con el PIR, y c贸mo va a evitar la duplicaci贸n de esfuerzos y el desperdicio y malgasto de fondos; y (3) que su administraci贸n no apruebe la construcci贸n nueva de infraestructura de almacenaje o de generaci贸n el茅ctrica con gas natural, a menos que sea consistente con los requerimientos del PIR.

Reestructuraci贸n de la deuda

La Junta de Supervisi贸n y Administraci贸n Fiscal (鈥淛SAF鈥) est谩 negociando una reestructuraci贸n de los Bonos de Obligaci贸n General (鈥淏OG鈥) y otra deuda cuya fuente de repago en 煤ltima instancia depende del fondo general (aproximadamente $35,000 millones). En octubre de 2020, la JASF revis贸 su oferta a los acreedores para reducir esta deuda a aproximadamente $11,900 millones, consistiendo de (1) $6,000 millones en efectivo; (2) $4,900 millones en nuevos BOG; y (3) $1,000 millones en la forma de un Instrumento de Valor Contingente (鈥淚VC鈥).

El instrumento contingente consiste en $1,000 millones adicionales de BOG pagaderos 煤nicamente por cualquier exceso de ingresos (鈥渄esempe帽o superior鈥) generado por el 5.5% del IVU en relaci贸n con la base establecida en el Plan Fiscal de mayo de 2020. Seg煤n el plan propuesto, la cantidad producto de cualquier desempe帽o superior se dividir铆a en un 60% para el gobierno local y 40% para los bonistas y su distribuci贸n a los acreedores estar铆a sujeta a un l铆mite anual de $50 millones. Los montos no utilizados no se 鈥渁rrastran鈥 al futuro y el valor nominal del IVC se amortizar铆a en $50 millones por a帽o, independientemente de si se realiza un pago en efectivo. La vigencia del IVC es de 20 a帽os. Seg煤n el plan revisado, la tasa de recuperaci贸n combinada para todos los acreedores fluctuar铆a entre el 31.3% (sin incluir los pagos de IVC) y el 34.1% (incluyendo todos los pagos de IVC).

La introducci贸n de un IVC es un avance novedoso y bienvenido, ya que ofrece una alternativa para mitigar el alto nivel de incertidumbre. Es muy dif铆cil hacer proyecciones econ贸micas y financieras fiables a medio y largo plazo en el mejor de los tiempos. Sin embargo, la pandemia actual de COVID-19; la cantidad de “cicatrizaci贸n” econ贸mica (en palabras del Fondo Monetario Internacional) que puede persistir despu茅s de que la pandemia est茅 bajo control; la ambig眉edad que rodea al desembolso de los fondos federales de ayuda para la reconstrucci贸n; y la potencial incapacidad del gobierno de Puerto Rico para llevar a cabo reformas de gobernabilidad muy necesarias, lo hace casi imposible. Hay demasiadas piezas en movimiento y el nivel de incertidumbre no tiene precedentes.

Ante la falta de proyecciones econ贸micas y financieras confiables, no es factible que Puerto Rico presente un Plan de Ajuste de buena fe que sea vinculante para el gobierno de la isla por treinta a帽os. Sin embargo, PROMESA requiere que Puerto Rico presente un Plan de Ajuste (鈥淧OA鈥, por sus siglas en ingl茅s) viable para salir con 茅xito del proceso del T铆tulo III y la jueza Taylor Swain ha dado a las partes hasta el 10 de febrero de 2021 para acordar los t茅rminos b谩sicos de un POA. El IVC ayuda a las partes a sortear este dilema y mitigar parte de la incertidumbre que rodea al Plan Fiscal, ofreciendo a los inversionistas un recobro mayor, en caso de que la econom铆a tenga un desempe帽o superior, mientras protege al gobierno y a los residentes de Puerto Rico en caso de que los ingresos del gobierno est茅n por debajo de las expectativas.

Nuestra principal objeci贸n con el POA propuesto es que, seg煤n el propio an谩lisis de la JSAF, el saldo de caja del gobierno al 30 de junio de 2021, despu茅s del pago de las obligaciones del POA, se estima ligeramente por debajo del nivel de capital m铆nimo requerido de $2,500 millones (que incluye las necesidades de capital del Estado Libre Asociado, los anticipos de FEMA y la liquidez inicial del proyecto de transmisi贸n y distribuci贸n de la AEE). De hecho, seg煤n la propuesta actual, la liquidez se reduce significativamente para 2026 y para 2030 el saldo de caja inicial es negativo al comienzo de ese a帽o fiscal.

Quiz谩s una forma de abordar este problema ser铆a aumentar el componente del IVC, al tiempo que se reduce la contraprestaci贸n pagada en forma de nuevos BOG. La cantidad precisa estar铆a sujeta a negociaci贸n, por supuesto, pero la idea es permitir que el gobierno presente un POA viable; salir con 茅xito de los procedimientos del T铆tulo III y reducir la probabilidad de una crisis de liquidez para fines de la d茅cada. En el an谩lisis final, es una propuesta en la que todos ganan, ya que los inversionistas participan de cualquier escenario econ贸mico potencial al alza; Puerto Rico se queda con una carga de deuda sostenible y; ambas partes mitigan el riesgo de un nuevo incumplimiento a corto plazo.

Agenda en Washington, D.C.

Si bien hay mucho trabajo por hacer a nivel local, es igualmente importante vigilar la esfera federal y fomentar las relaciones con actores clave en las agencias gubernamentales. Con una nueva Administraci贸n y un nuevo Congreso en D.C., CNE mantiene su compromiso de abogar a favor de y promover una buena pol铆tica p煤blica federal para la isla. Esta vez enfocados en promover una mejor comprensi贸n p煤blica de c贸mo funcionan los fondos federales para la reconstrucci贸n y buscar un acceso simplificado a los fondos asignados, adem谩s de garantizar el trato igual para Puerto Rico en varios programas federales de seguridad social.

Los funcionarios del gobierno tambi茅n deben volver a comprometerse a asegurar el acceso equitativo a todos los programas federales para Puerto Rico, especialmente en lo que se refiere a los fondos de Medicaid, la extensi贸n de un Cr茅dito por Ingreso Devengado (鈥淓ITC鈥, por sus siglas en ingl茅s) mejorado, el acceso al Seguro de Ingreso Suplementario (鈥淪SI鈥, por sus siglas en ingl茅s) y una transici贸n bien pensada al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (鈥淪NAP鈥, por sus siglas en ingl茅s). Es importante que, en paralelo, los funcionarios locales ayuden a eliminar el estigma p煤blico y el discurso negativo en torno a las poblaciones que participan en programas de bienestar.

Crecimiento econ贸mico a mediano y largo plazo

A煤n si dejamos a un lado el da帽o econ贸mico causado por los huracanes del 2017, los recientes terremotos y la pandemia COVID-19, est谩 claro que la econom铆a puertorrique帽a ha padecido un estancamiento secular durante al menos una d茅cada y media. Esto no quiere decir que la reconstrucci贸n del acervo de capital da帽ado o destruido por los desastres naturales, o proveerle asistencia tanto a las empresas como a los hogares afectados adversamente por la pandemia COVID-19, no sean asuntos importantes. Sin embargo, esas son acciones necesarias pero insuficientes para reavivar el crecimiento econ贸mico de Puerto Rico. Tenemos que trabajar en mejorar nuestra capacidad an茅mica para producir un crecimiento end贸geno y en la reforma de nuestras instituciones.

Es importante, por tanto, comenzar a pensar en una pol铆tica industrial del siglo 21 para Puerto Rico. Es necesario aclarar que el significado del t茅rmino 鈥減ol铆tica industrial鈥 se ha expandido desde los comienzos de la era de la posguerra. Ahora generalmente se refiere en t茅rminos generales a un grupo de instituciones, programas y organizaciones p煤blicas y privadas que trabajan juntas para lograr una transformaci贸n econ贸mica en un pa铆s o regi贸n determinados.

Adem谩s, los objetivos de una pol铆tica industrial moderna no se limitan a promover la transici贸n de una econom铆a agr铆cola tradicional a una econom铆a industrial moderna basada en la manufactura, sino que busca identificar sectores econ贸micos, por ejemplo, agricultura de alta tecnolog铆a, servicios avanzados o especializados, o manufactura sofisticada, en la que un pa铆s tiene la oportunidad de crear mayor valor agregado y as铆 generar crecimiento econ贸mico, as铆 como nuevos y mejores empleos.

De acuerdo con Robert Devlin, las pol铆ticas industriales eficaces tienen al menos tres elementos en com煤n. Primero, es necesario establecer una visi贸n estrat茅gica nacional para el mediano y largo plazo. En segundo lugar, la colaboraci贸n eficaz con el sector privado, en t茅rminos generales, es un elemento fundamental. Y tercero, la coherencia en la ejecuci贸n de la pol铆tica industrial a lo largo del tiempo es esencial para el 茅xito.

El primer componente, la visi贸n estrat茅gica, requiere a su vez un an谩lisis profundo e intelectualmente honesto de la situaci贸n econ贸mica del pa铆s, sus ventajas y desventajas, 谩reas de oportunidad y la capacidad de sus instituciones y organizaciones para aprender, colaborar y evolucionar.

Luego de realizar este ejercicio de introspecci贸n, el objetivo es determinar la orientaci贸n estrat茅gica de la pol铆tica industrial a mediano y largo plazo. Devlin ha catalogado cuatro orientaciones estrat茅gicas, que no son mutuamente excluyentes: (1) la atracci贸n de inversi贸n extranjera directa; (2) la internacionalizaci贸n de las peque帽as y medianas empresas nacionales; (3) la promoci贸n de exportaciones; e (4) innovaci贸n. Las capacidades identificadas en la primera parte del an谩lisis determinan a su vez la orientaci贸n estrat茅gica de la pol铆tica industrial.

El segundo elemento 鈥 la colaboraci贸n con el sector privado 鈥 es sumamente complejo ya que requiere de la capacidad del estado para coordinar iniciativas y programas, primero, entre los diferentes organismos gubernamentales a cargo de la pol铆tica industrial y, segundo, entre esas agencias y el sector privado.

En Irlanda, por ejemplo, la oficina del聽Taoiseach, o Primer Ministro, coordina este trabajo, con la ayuda de una secretar铆a permanente, el Consejo Econ贸mico y Social Nacional, el Foro Econ贸mico y Social Nacional, el Departamento de Empresa, Comercio y Empleo, la organizaci贸n 鈥淓nterprise Ireland鈥, la Agencia de Desarrollo Irland茅s, Forf谩s, una especie de 鈥渢hink tank鈥 gubernamental, y el Comit茅 Asesor de Ciencia, Tecnolog铆a e Innovaci贸n, entre otras agencias. Cada una de estas agencias implementa una parte del plan de desarrollo socioecon贸mico que se actualiza cada tres a帽os.

El estado, adem谩s, debe tener la capacidad de establecer una relaci贸n de colaboraci贸n productiva con patronos, acad茅micos, l铆deres sindicales y otras organizaciones. La participaci贸n de las organizaciones del sector privado es muy importante porque, si bien el estado conserva el poder de implementar la pol铆tica p煤blica, es el sector privado el que tiene el conocimiento y la informaci贸n sobre el potencial de nuevas oportunidades de desarrollo econ贸mico.

Y precisamente, el tercer elemento es la ejecuci贸n de la pol铆tica industrial. Seg煤n Devlin, es en esta etapa cuando muchos gobiernos fracasan catastr贸ficamente. Un pa铆s puede dise帽ar la mejor estrategia econ贸mica del mundo, pero si sus instituciones estatales y el sector privado no pueden ejecutarla, entonces el esfuerzo no tendr谩 ning煤n impacto significativo en la econom铆a.

No se puede subestimar la importancia de las instituciones en esta etapa. De hecho, algunos acad茅micos sostienen que es fundamental que las instituciones 鈥渟ean efectivas鈥 antes de pensar en pol铆ticas econ贸micas espec铆ficas. Seg煤n Dani Rodrik, una pol铆tica 贸ptima en el marco institucional incorrecto ser谩 considerablemente menos beneficiosa que una pol铆tica inferior (鈥榮econd-best鈥) en un entorno institucional apropiado.

En resumen, es necesario pensar en la pol铆tica industrial como un proceso interactivo de cooperaci贸n estrat茅gica entre el sector privado y el gobierno; que, por un lado, sirve para obtener informaci贸n sobre oportunidades y limitaciones comerciales y, por otro, genera iniciativas de pol铆tica p煤blica en respuesta. El desaf铆o es encontrar un t茅rmino medio para los bur贸cratas del gobierno entre la autonom铆a total y la integraci贸n total con el sector privado. Demasiada autonom铆a para los bur贸cratas minimiza la corrupci贸n, pero no proporciona lo que el sector privado realmente necesita. Pero si los bur贸cratas se involucran demasiado en el sector privado, pueden terminar en el bolsillo de los intereses comerciales.

Notas al calce

[1] Congressional Research Service, Office of Management and Budget: An Overview, RS21665, November 12, 2020, p. 16; ver tambi茅n OMB Circular No. A鈥11 (2017), secciones 120.1 鈥 120.15.