Focus 2020 Espa√Īol

El objetivo principal y fundamental de CNE como el think tank de Puerto Rico siempre ha sido mejorar el bienestar de todos en nuestro archipiélago y aumentar las oportunidades para las generaciones futuras. Durante las semanas previas al día de las elecciones, como parte de nuestra serie Focus 2020, CNE planteará preguntas interesantes y que invitan a la reflexión sobre algunos de los desafíos más importantes que tenemos en Puerto Rico.

En esta serie de CNE, nuestro equipo de expertos examinará ideas de política económica innovadoras o de vanguardia sobre temas como el estancamiento económico, el proceso de reconstrucción posterior a María y los roles del gobierno y el sector privado en lo que respecta al desarrollo económico.

Nos enfrentamos a muchos problemas pero debemos unirnos y enfocarnos en los temas centrales que afectan a Puerto Rico. ¬°Bienvenidos a Focus 2020!

Cada semana a√Īadiremos un nuevo tema. Regrese los jueves para aprender m√°s o suscr√≠base al Weekly Review para recibir las actualizaciones directamente en su correo electr√≥nico.

En la edici√≥n de esta semana, profundizamos sobre las ra√≠ces de los desaf√≠os econ√≥micos actuales en Puerto Rico. Remont√°ndonos a 1945 con la llegada de las empresas estatales, pasando por la primera fase del ‚Äúmodelo orientado a la exportaci√≥n‚ÄĚ de los a√Īos 50, a la exenci√≥n fiscal federal expandida que impuls√≥ la manufactura desde mediados de los 70 hasta principios de los 2000, tratamos de contestar la pregunta de c√≥mo Puerto Rico lleg√≥ a estar en la peor crisis econ√≥mica que ha visto desde la Gran Depresi√≥n.

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Por Sergio M. Marxuach, director de Pol√≠tica P√ļblica

La historia econ√≥mica moderna de Puerto Rico comienza despu√©s de la Segunda Guerra Mundial, quiz√°s el conflicto m√°s destructivo en la historia de la humanidad. Europa estaba en ruinas desde Normand√≠a hasta las afueras de Mosc√ļ. La capacidad productiva de Alemania y Jap√≥n fue diezmada. China estaba a punto de embarcarse en una guerra civil. India era todav√≠a una colonia del Imperio Brit√°nico que pronto ser√≠a liquidado por los mismos ingleses. La globalizaci√≥n, entendida como el flujo internacional de bienes, inversi√≥n directa, capital financiero y personas (con la excepci√≥n de los millones de personas desplazadas y prisioneros de guerra que regresaban a sus pa√≠ses de origen), se encontraba en un punto bajo.

Setenta y cinco a√Īos es mucho tiempo. Han nacido tres generaciones de puertorrique√Īos desde 1945. Pero es importante recordar que esta econom√≠a de-globalizada fue el contexto en el que Puerto Rico se embarc√≥ en un ambicioso programa para modernizar su sociedad y cambiar la estructura de su econom√≠a principalmente rural a una dominado por la manufactura.

Inicialmente, el plan era que el gobierno de Puerto Rico impulsara directamente el proceso mediante la creaci√≥n de un conglomerado de empresas estatales. Este rumbo, sin embargo, se descart√≥ r√°pidamente despu√©s de un par de a√Īos y las empresas se vendieron al sector privado. Le sigui√≥ lo que entonces era un programa relativamente novedoso e ingenioso basado en atraer capital de los Estados Unidos mediante incentivos fiscales, equipararlo con la mano de obra excedente de Puerto Rico y ‚Äúexportar‚ÄĚ los productos manufacturados de regreso a los Estados Unidos. Sin embargo, esta estrategia econ√≥mica se bas√≥ en ventajas que resultaron ser temporales o caracter√≠sticas de un mundo de-globalizado, es decir la falta de otros destinos para el capital estadounidense, la disponibilidad de mano de obra barata y el acceso gratuito y exclusivo al mercado de EE.UU.

El consenso entre los historiadores es que este modelo ‚Äúbasado en la exportaci√≥n‚ÄĚ, con algunas modificaciones posteriores, fue relativamente exitoso. Las tasas de crecimiento econ√≥mico de Puerto Rico se dispararon entre 1948 y 1974, con una tasa real promedio anual de 6 por ciento entre 1950 y 1975 y un crecimiento comparable en la producci√≥n por trabajador. Los niveles de vida tambi√©n aumentaron, utilizando como medida los indicadores est√°ndar: tasas de alfabetizaci√≥n y logros educativos; resultados de salud y esperanza de vida; mortalidad infantil; acceso a agua potable, electricidad y viviendas m√°s seguras; y la cantidad de personas por m√©dico mejoraron significativamente.

Sin embargo, utilizando otras medidas, la transformación estructural de la economía y la sociedad de Puerto Rico no alcanzó la meta. El rápido crecimiento del empleo en el sector manufacturero no reemplazó todos los trabajos que se perdieron en el sector agrícola/ tradicional y el empleo total en 1960 fue menor que en 1950. La aparente contradicción entre un crecimiento rápido y un desempleo relativamente alto se explica por una tasa de participación muy baja y una gran reserva de mano de obra infrautilizada. Incluso con un fuerte crecimiento interno, Puerto Rico experimentó una emigración masiva. Más de 650,000 personas abandonaron la isla durante el período entre 1945 y 1964, de una población total de 2.2 millones en 1950.

Una respuesta fue la construcci√≥n de un enorme complejo petroqu√≠mico en la parte sur de la isla, impulsado por una Orden Ejecutiva presidencial que exim√≠a a Puerto Rico de las cuotas de importaci√≥n de crudo de Estados Unidos. El objetivo era pasar a operaciones de manufactura intensivas en capital y de mayor valor agregado que crearan empleos con salarios altos y generaran v√≠nculos y enlaces con industrias locales, as√≠ como efectos secundarios positivos en, la econom√≠a puertorrique√Īa.

Este plan logr√≥ traer a la isla a algunas de las firmas m√°s grandes de la industria petroqu√≠mica. Sin embargo, ten√≠a una debilidad cr√≠tica: la nueva estrategia de industrializaci√≥n de Puerto Rico se basaba en el acceso barato a una materia prima, el petr√≥leo, que Puerto Rico no produc√≠a ni controlaba. Esta debilidad se hizo palpablemente clara con el embargo de la OPEP despu√©s de la Guerra de Yom Kippur de 1973. De cierta manera Puerto Rico nunca se recuper√≥ por completo de la primera crisis petrolera, que puso fin a los sue√Īos petroqu√≠micos de Puerto Rico.

Los tiempos exig√≠an un profundo cuestionamiento de la estrategia econ√≥mica imperante, pero el gobierno de Puerto Rico, en lugar de repensar el modelo econ√≥mico existente y reestructurar la base productiva de la econom√≠a, simplemente lo manipul√≥: implementando una nueva exenci√≥n de impuestos federales para las empresas estadounidenses que operaban en Puerto Rico (Secci√≥n 936), aumentando el empleo gubernamental, buscando aumentos adicionales en transferencias federales (cupones de alimentos, entre otros), y emitiendo deuda p√ļblica en montos cada vez mayores.

Este ‚Äúmodelo‚ÄĚ econ√≥mico impulsar√≠a el crecimiento en Puerto Rico, pero nunca a los niveles observados durante las d√©cadas de 1950 y 1960. De hecho, entre 1975 y 2004, el PIB de la isla crecer√≠a a una tasa anual promedio de 3.9 por ciento. Sin embargo, en la primera d√©cada del siglo XXI, se hizo evidente que el modelo econ√≥mico de Puerto Rico se hab√≠a agotado. La Secci√≥n 936 hab√≠a sido eliminada por el gobierno federal y la cantidad de empleos en el gobierno hab√≠a aumentado hasta sus l√≠mites superiores. Adem√°s, las transferencias federales depend√≠an de la din√°mica econ√≥mica y pol√≠tica de Washington D.C. y, por lo tanto, no pod√≠an ser la base del crecimiento futuro, y el endeudamiento p√ļblico alcanz√≥ m√°ximos hist√≥ricos.

Adem√°s, aquellas ventajas que eran espec√≠ficas o particulares para Puerto Rico en 1945, o hab√≠an desaparecido, en el caso de la mano de obra barata, o hab√≠an dejado de ser exclusivas de Puerto Rico, en el caso del d√≥lar, el acceso privilegiado al mercado estadounidense y la estabilidad pol√≠tica. Al mismo tiempo, se dispararon el comercio internacional, las inversiones y los flujos financieros, as√≠ como los movimientos migratorios. El desaf√≠o apremiante era pensar en c√≥mo Puerto Rico podr√≠a insertarse en estos flujos globales. Sin embargo, los responsables por pol√≠ticas p√ļblicas en Puerto Rico permanecieron ajenos o deliberadamente ignorantes ante esta nueva realidad.

Dada esta serie de eventos desafortunados, no es sorprendente que en 2006 la econom√≠a de Puerto Rico entrara en un per√≠odo de declive sostenido. Como se muestra en la gr√°fica a continuaci√≥n, la producci√≥n real hoy est√° aproximadamente un 21% por debajo del nivel de 2006. Es comprensible que el gobierno de Puerto Rico se mostrara reacio a recortar los gastos operacionales durante este periodo: despedir empleados del gobierno cuando la econom√≠a privada se estaba contrayendo habr√≠a dejado a muchas familias sin ingresos y se habr√≠a sumado a los problemas econ√≥micos generales. Pero sostener el gasto actual requiri√≥ cada vez desviar las aportaciones patronales al sistema de pensiones de los empleados p√ļblicos y pr√©stamos a largo plazo para cubrir los d√©ficits presupuestarios en curso.

Para 2015, Puerto Rico se había quedado sin dinero y sin opciones. La economía había estado en un declive secular prolongado, una depresión en realidad, desde 2006; la emigración neta a Estados Unidos estaba aumentando, mientras que la tasa natural de crecimiento demográfico estaba disminuyendo, lo que generaba una reducción significativa de la población de la isla; el gobierno tenía déficits presupuestarios crónicos; la evasión fiscal fue generalizada y la corrupción gubernamental proliferó.

Al mismo tiempo, el gobierno de la isla emiti√≥ cantidades cada vez mayores de deuda p√ļblica solo para seguir operando. De hecho, entre 2000 y 2014 el endeudamiento de la isla aument√≥ a una tasa promedio dos veces m√°s r√°pida que su PNB. Para el verano de 2015, era obvio que Puerto Rico no podr√≠a posponer su d√≠a de ajuste de cuentas por mucho m√°s tiempo, deb√≠a $72 mil millones en deuda en bonos (excediendo su PNB) y otros $50 mil millones en obligaciones de pensiones no financiadas. El gobernador Garc√≠a Padilla reconoci√≥ lo obvio y anunci√≥ al mundo que la deuda de Puerto Rico era impagable.

En resumen, la econom√≠a puertorrique√Īa estaba en un profundo declive estructural antes de declararse en quiebra y de sufrir los da√Īos causados por los huracanes, los terremotos y la pandemia. Y hasta donde sabemos, Puerto Rico es la √ļnica jurisdicci√≥n que atraviesa simult√°neamente por una crisis fiscal/de deuda, un proceso de reconstrucci√≥n despu√©s de un gran desastre natural y una pandemia. Este, amigo lector, es el complejo trasfondo que enmarca nuestra situaci√≥n econ√≥mica actual.

Esta semana queremos destacar:¬†las aportaciones¬†del presidente de CNE, Miguel A. Soto-Class, sobre la capacidad del gobierno para administrar fondos federales y c√≥mo el colapso institucional afectar√° las oportunidades de recuperaci√≥n de Puerto Rico. La¬†columna¬†m√°s le√≠da de CNE en 2013,¬†Se acab√≥ la fiesta, destaca c√≥mo llegamos a la situaci√≥n en la que nos encontramos hoy. Si desea leer acerca de una gama m√°s amplia de temas importantes de pol√≠tica p√ļblica que afectan el desarrollo econ√≥mico de la isla, puede leer¬†Restablecer el crecimiento en Puerto Rico: Panorama y alternativas¬†(2006) de CNE, un libro completo de pol√≠tica econ√≥mica con an√°lisis de docenas de acad√©micos locales e internacionales.

√Črase una vez cuando Puerto Rico ten√≠a un alto grado de capacidad estatal, definida como ‚Äúel conjunto de habilidades, capacidades y recursos necesarios para llevar a cabo funciones gubernamentales, desde la prestaci√≥n de servicios p√ļblicos hasta el dise√Īo e implementaci√≥n de pol√≠ticas p√ļblicas‚Ä̬†(Wu et al, 2018)¬†Sin embargo, con el tiempo, esas habilidades, capacidades y recursos se erosionaron por varias razones: el desmantelamiento de la administraci√≥n p√ļblica profesional; la subcontrataci√≥n y privatizaci√≥n de funciones clave; y a√Īos de reducciones de recursos financieros debido a pol√≠ticas de austeridad. Sin embargo, incluso cuando Puerto Rico enfrenta m√ļltiples crisis hoy, su gobierno est√° llamado a ejecutar a un alto nivel. Esta brecha entre la baja capacidad y las altas expectativas es quiz√°s el problema pol√≠tico m√°s importante que enfrentamos en este momento, pero nadie parece hablar de ello.

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Por Deepak Lamba-Nieves, Ph.D. – director de Investigaci√≥n, y Sergio M. Marxuach – director de Pol√≠tica P√ļblica

Entre principios de la d√©cada de 1990 y la Gran Recesi√≥n de 2008, el campo de la administraci√≥n p√ļblica estuvo dominado por te√≥ricos que defend√≠an la adopci√≥n de estrategias del sector privado para ‚Äúmaximizar el valor‚ÄĚ en el sector p√ļblico¬†(Mazzucato and Kattel, 2020). Entre estas estrategias se encuentran el establecimiento de objetivos de eficiencia, la subcontrataci√≥n de ‚Äúfunciones no esenciales‚ÄĚ, la privatizaci√≥n de algunos servicios gubernamentales, el establecimiento de la competencia entre proveedores de servicios p√ļblicos y privados, la desregulaci√≥n, la provisi√≥n de incentivos financieros a los trabajadores p√ļblicos (‚Äúskin in the game‚Äú) y la fragmentaci√≥n deliberada de las agencias p√ļblicas. Los objetivos generales eran que el gobierno fuera m√°s peque√Īo, m√°s eficiente y, con suerte, m√°s receptivo a las necesidades de la gente.

En muchos casos, sin embargo, la adopci√≥n de estas pol√≠ticas result√≥ en una erosi√≥n de la capacidad del sector p√ļblico para desempe√Īar sus funciones b√°sicas y en la transferencia de rentas significativas del sector p√ļblico al privado. La disminuci√≥n general de la capacidad estatal en los pa√≠ses que adoptaron estas pol√≠ticas lleg√≥ a un punto cr√≠tico con la crisis financiera mundial de 2008, cuando qued√≥ palpablemente claro que la econom√≠a mundial colapsar√≠a en ausencia de una intervenci√≥n estatal a gran escala y la coordinaci√≥n de pol√≠ticas econ√≥micas internacionales.

La Gran Recesión de 2008 provocó un replanteamiento del papel adecuado del estado en las economías avanzadas y emergentes. Ese debate, a su vez, ha vuelto a pasar a primer plano cuando el mundo se enfrenta a su peor pandemia en un siglo. En palabras de Mazzucato y Kattel:

Abordar los grandes desaf√≠os requiere revitalizar la inversi√≥n, la innovaci√≥n y la colaboraci√≥n p√ļblicas y privadas. No se trata de m√°s o menos estado, sino de un tipo diferente de estado: uno que sea capaz de actuar como el primer inversionista, catalizar nuevos tipos de crecimiento y, al hacerlo, atraer inversiones e innovaciones del sector privado-que son en esencia funciones sobre expectativas de √°reas de crecimiento futuro.

Sin embargo, se ha informado ampliamente que la negativa de la administraci√≥n Trump de emplear la Ley de Producci√≥n de Defensa y otros mecanismos de pol√≠tica p√ļblica para ‚Äúatraer‚ÄĚ la inversi√≥n privada y coordinar las respuestas p√ļblicas y privadas a la pandemia en los Estados Unidos, puede haber dado lugar a la p√©rdida de miles de vidas. En cambio, un peque√Īo grupo de asesores alrededor de Jared Kushner, en su mayor√≠a consultores de administraci√≥n de empresas y banqueros,¬†abogaba ciegamente por que el mercado¬†‚Äúse ocupara‚ÄĚ de la escasez de ventiladores y la falta de equipo de protecci√≥n personal.

Bueno, al final, la magia del mercado falló, y los gobiernos estatales y locales se vieron obligados a encargarse de la pandemia mayormente por su cuenta.

Mientras tanto, durante los pasados meses, hemos sido testigos de situaciones incre√≠bles que nos hacen preguntarnos si el gobierno central de Puerto Rico tiene alguna capacidad para ejecutar iniciativas necesarias y cumplir con metas b√°sicas para el beneficio de la sociedad. El desbarajuste con el desembolso de los fondos de Asistencia de Desempleo Pand√©mico (PUA, por sus siglas en ingl√©s), el descalabro de la votaci√≥n primarista y el hecho de que, a tres a√Īos del hurac√°n, solo un pu√Īado de residencias se han reedificado bajo los programas locales de reconstrucci√≥n posdesastre, son solo algunas se√Īales recientes de eso que llamamos ‚Äúfalta de capacidad gubernamental‚ÄĚ.

Vale la pena resaltar que aumentar la capacidad del estado no es tarea f√°cil, pues no se trata √ļnicamente de sacar una lista de programas nuevos y recitar lo que funcion√≥ en otros lugares. Lograr mejor√≠as en la capacidad del estado requiere, entre otras cosas, transformar las relaciones de poder entre el estado, sus agentes y la sociedad, y cambiar patrones y pr√°cticas que llevan a√Īos enquistados en la gesti√≥n gubernamental.

Lamentablemente, se nos hace m√°s f√°cil ver y nombrar ejemplos de incapacidad gubernamental que experiencias locales que nos sirvan como posibles modelos a seguir. Pero existen ejemplos interesantes y en lugares adonde no solemos mirar. Me vienen a la mente algunos de la regi√≥n monta√Īosa de la isla: la creaci√≥n de un¬†consorcio entre cinco municipios¬†que busca reactivar una planta hidroel√©ctrica y utilizar paneles solares para generar electricidad, y el¬†programa municipal¬†de rastreo de casos para controlar la propagaci√≥n del COVID-19. Aunque ninguno de estos ejemplos representa soluciones abarcadoras para nuestras grandes carencias en los sectores energ√©ticos y de la salud, una mirada m√°s a fondo seguramente nos revelar√° algunas pistas √ļtiles para atender y mejorar la capacidad estatal.

Para más información sobre este tema explore las siguientes columnas e informes de CNE:

Esta semana queremos, en primer lugar, alejarnos un poco de la guerra con las cifras de financiamiento federal y revisar algunas lecciones aprendidas del camino hacia una reconstrucci√≥n justa. En segundo lugar, presentamos un breve resumen de cu√°ntos fondos se han asignado, comprometido y gastado para la reconstrucci√≥n. Por √ļltimo, presentamos una serie de preguntas que creemos merecen respuestas a medida que avanza el proceso de reconstrucci√≥n.

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Por Deepak Lamba-Nieves, Ph.D., director de Investigación

Poco tiempo despu√©s de que nos azotara el hurac√°n Mar√≠a, en el CNE comenzamos a educarnos sobre los programas y procesos de reconstrucci√≥n posdesastre para identificar algunas lecciones generales que nos sirviesen de gu√≠a en este largo y tortuoso camino hacia una recuperaci√≥n justa. Al cabo de tres largos a√Īos, durante los cuales se ha logrado muy poco y hemos tenido que afrontar nuevas cat√°strofes, vale la pena repasar algunas de esas lecciones que emanan de la literatura acad√©mica (Kates et. Al. 2006; Olshansky, 2006; Olshansky, et. al. 2008) principalmente de la experiencia de Nueva Orleans luego del Hurac√°n Katrina:

  • La reconstrucci√≥n ser√° un proceso largo, costoso y contencioso.
  • Los fondos disponibles impulsan la reconstrucci√≥n, y la experiencia dicta que siempre se van a necesitar m√°s fondos.
  • La recuperaci√≥n no es una etapa final, sino un proceso que evoluciona con el tiempo y logra el mayor √©xito cuando las organizaciones locales pueden responder r√°pidamente y sin mayores trabas a su contexto.
  • Se debe priorizar atender las necesidades de las comunidades de escasos recursos y de las peque√Īas empresas. Dado que la recuperaci√≥n es un proceso sumamente desigual, los hogares y las empresas de altos ingresos suelen recibir la mayor atenci√≥n y son capaces de sobreponerse m√°s r√°pido.
  • Los esfuerzos de recuperaci√≥n deben avanzar r√°pidamente para asegurar que no se desintegran las redes sociales y econ√≥micas existentes, pero tambi√©n se debe invertir tiempo en buenos procesos de planificaci√≥n posdesastre.
  • Las cat√°strofes proveen oportunidades para actualizar los sistemas de planificaci√≥n existentes y reconfigurar los lazos de colaboraci√≥n entre las instituciones federales, estatales, locales y comunitarias.
  • El gobierno es solo uno de los actores involucrados en los procesos posdesastres. Durante el trayecto, emergen nuevas organizaciones y las ONGs con una trayectoria probada son las que responden de manera m√°s efectiva y eficiente.

Por¬†Rosanna Torres¬†‚Äď directora, Oficina de Washington D.C., y¬†Sergio M. Marxuach, director de Pol√≠tica P√ļblica

Como se muestra en la gr√°fica a continuaci√≥n, seg√ļn el Grupo de Liderazgo de la Funci√≥n de Apoyo a la Recuperaci√≥n de FEMA, al 31 de julio de 2020 se hab√≠an asignado aproximadamente $45.9 mil millones, principalmente al Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en ingl√©s) ($20.2 mil millones) y a FEMA ($17.6 mil millones) para hacer frente a los da√Īos causados por los huracanes Irma y Mar√≠a. Del total asignado, $25.5 mil millones hab√≠an sido obligados principalmente por FEMA ($17.6 mil millones), y un total de $16.8 mil millones se hab√≠an gastado realmente, de nuevo principalmente por FEMA ($13.9 mil millones). Es importante se√Īalar que estas cantidades no incluyen los fondos de asistencia nutricional de emergencia ni la financiaci√≥n suplementaria de Medicaid.

Fuente: Grupo de Liderazgo de la Función de Apoyo a la Recuperación de FEMA al 31/julio/2020

La gr√°fica anterior tampoco incluye la asignaci√≥n m√°s reciente de FEMA. El 18 de septiembre de 2020, la gobernadora V√°zquez celebr√≥ una conferencia de prensa para anunciar una asignaci√≥n multimillonaria de FEMA en virtud de la Secci√≥n 428 de la Ley Stafford para Puerto Rico. Los fondos para este programa provienen del Fondo de Ayuda para Desastres. Por lo tanto, aunque la fuente de fondos no es totalmente nueva, el anuncio de esta semana asigna fondos espec√≠ficamente a la Autoridad de Energ√≠a El√©ctrica de Puerto Rico (AEE) y al Departamento de Educaci√≥n de Puerto Rico, que ser√°n considerados como fondos ‚Äúnuevos‚ÄĚ para los sub-recipientes de Puerto Rico. El anuncio provee $9.4 mil millones para los proyectos de trabajo permanente de la AEE y otros $2.29 mil millones para el Departamento de Educaci√≥n para reparar y reconstruir las escuelas p√ļblicas.

A continuaci√≥n, presentamos algunas preguntas que creemos que deben ser abordadas por los candidatos a la gobernaci√≥n de Puerto Rico. El proceso de reconstrucci√≥n tomar√° al menos una d√©cada, probablemente m√°s. En CNE creemos que es importante que la prensa pregunte y que los candidatos respondan a las preguntas sobre c√≥mo prev√©n que evolucione el proceso de reconstrucci√≥n durante los pr√≥ximos cuatro a√Īos.

  • ¬ŅC√≥mo se puede hacer que el proceso de reconstrucci√≥n sea m√°s inclusivo? ¬ŅQu√© acciones afirmativas est√° dispuesto a tomar el gobierno de Puerto Rico para aumentar la inclusi√≥n?
  • ¬ŅPor qu√© Puerto Rico est√° sujeto a un mayor escrutinio que otras jurisdicciones que est√°n en proceso de reconstrucci√≥n despu√©s de un desastre natural? ¬ŅEs necesaria la oficina del coordinador federal en la Casa Blanca? ¬ŅQu√© hay del monitor para Puerto Rico en el HUD?
  • ¬ŅC√≥mo se puede limitar la influencia de las organizaciones perniciosas que vienen ‚Äúllevando la carga del hombre blanco‚ÄĚ en Puerto Rico? ¬ŅC√≥mo podemos aumentar la participaci√≥n efectiva de las ONG y las organizaciones sin fines de lucro locales en el proceso de reconstrucci√≥n?
  • ¬ŅPor qu√© los contratos se conceden principalmente a empresas de fuera de Puerto Rico con poca o ninguna conexi√≥n local? ¬ŅQu√© mecanismos existen para aumentar la capacitaci√≥n y la transferencia de conocimientos a la fuerza de trabajo local?
  • ¬ŅQu√© mecanismos son necesarios para mejorar la cooperaci√≥n y la coordinaci√≥n entre todos los interesados pertinentes?

Para más información sobre este tema explore las siguientes columnas e informes de CNE:

En nuestra cuarta edici√≥n de la serie analizamos brevemente la teor√≠a de la captaci√≥n de plusval√≠a del suelo como una manera de mejorar el desempe√Īo fiscal municipal.

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Por¬†Ra√ļl Santiago Bartolomei, Ph.D.¬†‚Äď asociado de Investigaci√≥n, y¬†Deepak Lamba Nieves, Ph.D.¬†, director de Investigaci√≥n

Pregunta:¬†¬ŅC√≥mo puede asegurarse el gobierno central de que los municipios en Puerto Rico puedan sobreponerse a los retos fiscales y proveer servicios p√ļblicos e infraestructura de calidad?

En medio de la pandemia de COVID-19 y la reconstrucci√≥n posdesastre, los municipios de Puerto Rico enfrentan mayores restricciones fiscales y la imposici√≥n de medidas de austeridad. En sus planes fiscales para el Estado Libre Asociado, la Junta de Supervisi√≥n y Administraci√≥n Fiscal (‚ÄúJSAF‚ÄĚ) ha declarado que las transferencias de fondos del gobierno central a los municipios se eliminar√°n gradualmente para 2024.

La JSAF est√° presionando a los municipios para que compensen simult√°neamente esta p√©rdida de ingresos reformando sustancialmente el anticuado r√©gimen de impuestos sobre la propiedad inmueble en Puerto Rico. Si bien los impuestos sobre la propiedad son una fuente esencial de ingresos para los gobiernos municipales y durante muchos a√Īos se ha hablado de reformas, los cambios que apuntan simplemente a aumentar los ingresos fiscales pueden tener efectos regresivos sustanciales. Cuando estas reformas se combinan con pol√≠ticas que buscan reducir el d√©ficit, pueden terminar obstaculizando seriamente la prestaci√≥n de servicios p√ļblicos y las inversiones de calidad en bienes p√ļblicos. Una forma de evitar esta situaci√≥n es concentrarse en la captaci√≥n de plusval√≠a del suelo como parte de una reforma m√°s amplia del impuesto a la propiedad.

¬ŅQu√© es la captaci√≥n de plusval√≠a del suelo (‚ÄúLVC‚ÄĚ, por sus siglas en ingl√©s)? Como se muestra de manera simplificada en el diagrama siguiente, la captaci√≥n de plusval√≠a del suelo se refiere a una serie de instrumentos de pol√≠tica p√ļblica que un gobierno local puede implementar para ‚Äúcapturar‚ÄĚ, mediante impuestos, tarifas o adquisiciones, una fracci√≥n del valor que se agrega a los costos de desarrollo a trav√©s de la especulaci√≥n y los precios de mercado. Una vez que se ‚Äúcaptura‚ÄĚ parte del valor agregado, los gobiernos locales pueden redistribuirlo haciendo inversiones estrat√©gicas en mejoras de infraestructura, viviendas asequibles o servicios p√ļblicos, dando prioridad a los hogares de bajos ingresos. Los instrumentos de pol√≠tica publica com√ļnmente utilizados para LVC incluyen impuestos al valor de la tierra, cargos por impacto del desarrollo, cargos por derechos de construcci√≥n, fideicomisos de tierras comunitarias y bancos de terrenos y propiedades.

VALOR TOTAL DEL SUELO Y CAPTACI√ďN DE PLUSVAL√ćA DEL SUELO

Las herramientas que facilitan el LVC son bastante comunes en todo el mundo, incluidos muchos países de América Latina y Europa. En ciudades como São Paulo, las herramientas de LVC brindan recursos esenciales para proyectos clave de mejoras urbanas. Enrique Silva, director de iniciativas internacionales del Lincoln Institute of Land Policy, discutió este caso en un intercambio de conocimientos organizado por la iniciativa Blueprint de CNE. Su presentación se puede acceder a continuación:

Para más información sobre este tema explore las siguientes columnas e informes de CNE:

En una entrevista publicada recientemente por nuestros amigos de¬†Sin Comillas, el profesor Edwin Irizarry Mora afirm√≥ que el actual ‚Äúestancamiento, [es] producto de las condiciones macroecon√≥micas que siguen estando determinadas por la continuaci√≥n de la depresi√≥n econ√≥mica. Esto se traduce en una capacidad pobre para producir riqueza end√≥gena, con las obvias implicaciones para el empleo, la renta y la producci√≥n de bienes y servicios. Si a esto le a√Īadimos la incapacidad institucional -como tantas veces ha insistido el doctor Francisco Catal√°- para transformar las bases sobre las que opera nuestro sistema econ√≥mico,¬†tenemos la f√≥rmula perfecta para continuar en este abismo, sin esperanza de mejorar en un futuro previsible‚ÄĚ.

Tiene raz√≥n. Incluso si dejamos a un lado el da√Īo econ√≥mico causado por los huracanes del 2017, los recientes terremotos y la pandemia COVID-19, est√° claro que la econom√≠a puertorrique√Īa ha padecido un estancamiento secular durante al menos una d√©cada. Esto no quiere decir que la reconstrucci√≥n del acervo de capital da√Īado o destruido por los desastres naturales, o proveerle asistencia tanto a las empresas como a los hogares afectados adversamente por la pandemia COVID-19, no sean importantes. Sin embargo, esas son condiciones necesarias pero insuficientes para reavivar el crecimiento econ√≥mico de Puerto Rico. Como se√Īala el profesor Irizarry Mora, tenemos que trabajar en mejorar nuestra capacidad an√©mica para producir un crecimiento end√≥geno y en la reforma de nuestras instituciones.

En esta edición de nuestra serie Focus 2020, echamos un vistazo a cómo la implementación de una política industrial moderna podría ayudar en ambos frentes: generar crecimiento endógeno y encaminar reformas institucionales.

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Por¬†Sergio M. Marxuach,¬†director de Pol√≠tica P√ļblica

En los primeros a√Īos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la pol√≠tica industrial se defini√≥ como cualquier iniciativa gubernamental que (i) estimul√≥ actividades econ√≥micas espec√≠ficas, (ii) promovi√≥ el cambio estructural de actividades de baja productividad a actividades de mayor productividad, y (iii) foment√≥ el cambio de actividades econ√≥micas tradicionales a actividades m√°s din√°micas o ‚Äúmodernas‚ÄĚ.

El argumento tradicional a favor de la política industrial se basaba en el hecho de que el mundo está lleno de fallas de mercado y es necesaria una fuerte intervención gubernamental para superar las trampas de la pobreza. En general, hay dos tipos principales de fallas del mercado. El primer tipo de falla del mercado se refiere a las fallas de coordinación, que ocurren cuando el rendimiento de una inversión depende de si se realiza alguna otra inversión. Por ejemplo, construir un hotel cerca de una hermosa playa puede resultar rentable si alguien construye un aeropuerto. Así, las fallas de coordinación se resuelven tradicionalmente mediante inversiones o garantías gubernamentales directas.

El otro tipo típico de falla del mercado se refiere a la falta de control sobre los flujos de información. Esto ocurre porque el proceso de averiguar cuál es la estructura de costos para la producción de nuevos bienes o servicios está plagado de incertidumbre. El primer actor en moverse descubrirá si algo es rentable o no, y si lo es, será copiado por otros participantes, pero si falla, correrá con la pérdida completa. Por lo tanto, los rendimientos privados son más bajos que los beneficios sociales y los incentivos de mercado para estas actividades son ineficientemente bajos. Las fallas de información generalmente requieren subsidios gubernamentales para promover la inversión en nuevas industrias.

Tradicionalmente, este tipo de pol√≠ticas industriales ha sido objeto de varias cr√≠ticas. Primero, algunas personas argumentan que el fracaso del gobierno es peor que el del mercado. Los gobiernos suelen poner en marcha programas costosos y burocr√°ticos dif√≠ciles de manejar y que son muy dif√≠ciles de modificar o eliminar en el futuro. Adem√°s, dicen estos cr√≠ticos, los gobiernos no son buenos para elegir actividades rentables porque las imperfecciones del mercado rara vez se observan directamente y las pol√≠ticas industriales generalmente las implementan bur√≥cratas que tienen poca capacidad para identificar d√≥nde est√°n las imperfecciones o cu√°n grandes pueden ser. Por √ļltimo, los bur√≥cratas son supervisados por pol√≠ticos propensos a la corrupci√≥n y la cacer√≠a de rentas por parte de grupos poderosos y de presi√≥n. Los partidarios de estas cr√≠ticas argumentan que los gobiernos deber√≠an limitarse a garantizar los derechos de propiedad, hacer cumplir los contratos y brindar estabilidad macroecon√≥mica. El mercado se encargar√° del resto.

Bueno, la realidad no ha tratado bien a estas expectativas. Por un lado, la sustituci√≥n de importaciones, la planificaci√≥n p√ļblica y el capitalismo de estado produjeron algunos √©xitos econ√≥micos, pero cuando se afianzaron y osificaron con el tiempo, finalmente llevaron a fracasos y crisis enormes. Por otro lado, la liberalizaci√≥n econ√≥mica, la desregulaci√≥n y la apertura al comercio y la inversi√≥n beneficiaron las actividades de exportaci√≥n, los intereses financieros y a los trabajadores altamente calificados, pero produjeron tasas de crecimiento muy por debajo de lo esperado; promovieron la cacer√≠a de rentas por parte de elites econ√≥micas bien conectadas; y una desigualdad de ingresos significativamente mayor en todo el mundo.

Nuevas reflexiones sobre la política industrial

Durante la √ļltima d√©cada, varios acad√©micos han desafiado el paradigma tradicional de la pol√≠tica industrial de limitarse a actividades relacionadas principalmente con la soluci√≥n de fallas del mercado y problemas de coordinaci√≥n. De hecho, muchos pa√≠ses est√°n buscando un crecimiento ‚Äúinteligente‚ÄĚ impulsado por la innovaci√≥n, que requiere ciertos tipos de inversiones estrat√©gicas a largo plazo.

Mariana Mazzucato, entre otros, argumentan que ‚Äútales inversiones requieren pol√≠ticas p√ļblicas que apuntan a crear mercados, en lugar de simplemente ‚Äėarreglar‚Äô fallas del mercado (o fallas del sistema)‚ÄĚ. Los pa√≠ses que siguen este camino tienen ‚Äúagencias p√ļblicas [que] no solo ‚Äėeliminaron los riesgos‚Äô del sector privado, sino que tambi√©n abrieron el camino en t√©rminos de dar forma y crear nuevas oportunidades tecnol√≥gicas y escenarios de mercado‚ÄĚ, a la vez que encuentran ‚Äúformas en que los riesgos y las recompensas se pueden compartir para que el crecimiento impulsado por la innovaci√≥n ‚Äėinteligente‚Äô tambi√©n pueda resultar en un crecimiento ‚Äėinclusivo‚Äô‚ÄĚ. (Mazzucato, 2015)

Hace unos a√Īos tuve la oportunidad de conocer a uno de esos acad√©micos que est√°n replanteando el campo de la pol√≠tica industrial. Robert Devlin es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins y coautor del libro ‚ÄúBreeding Latin American Tigers: Operational Principles for Rehabilitation Industrial Policies‚ÄĚ (CEPAL/ Banco Mundial, 2011). En este libro, el profesor Devlin presenta un an√°lisis comparativo de las pol√≠ticas industriales implementadas en Australia, Rep√ļblica Checa, Finlandia, Irlanda, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Espa√Īa y Suecia; identifica principios comunes entre ellos; y propone varias formas de implementar esos principios en Am√©rica Latina.

Primero, es importante aclarar que el significado del t√©rmino ‚Äúpol√≠tica industrial‚ÄĚ se ha expandido desde la era de la posguerra. Ahora generalmente se refiere en t√©rminos generales a un grupo de instituciones, programas y organizaciones p√ļblicas y privadas que trabajan juntas para lograr una transformaci√≥n econ√≥mica en un pa√≠s o regi√≥n determinados.

Además, los objetivos de una política industrial moderna no se limitan a promover la transición de una economía agrícola tradicional a una economía industrial moderna basada en la manufactura, sino que busca identificar sectores económicos, por ejemplo, agricultura de alta tecnología, servicios avanzados o especializados, o manufactura sofisticada, en la que un país tiene la oportunidad de crear mayor valor agregado y así generar crecimiento económico, así como nuevos y mejores empleos.

En este sentido, la pol√≠tica industrial moderna puede describirse como un proceso de descubrimiento y aprendizaje continuo que requiere una estrecha colaboraci√≥n y coordinaci√≥n entre el sector p√ļblico, el sector privado, la academia, los sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales, con el fin de generar una estructura de transformaci√≥n econ√≥mica a mediano y largo plazo.

Tres componentes estratégicos

Seg√ļn Devlin, las pol√≠ticas industriales eficaces tienen al menos tres elementos en com√ļn. Primero, es necesario establecer una visi√≥n estrat√©gica nacional para el mediano y largo plazo. En segundo lugar, la colaboraci√≥n eficaz con el sector privado, en t√©rminos generales, es un elemento fundamental. Y tercero, la coherencia en la ejecuci√≥n de la pol√≠tica industrial a lo largo del tiempo es fundamental para el √©xito.

El primer componente, la visión estratégica, requiere a su vez un análisis profundo e intelectualmente honesto de la situación económica del país, sus ventajas y desventajas, áreas de oportunidad y la capacidad de sus instituciones y organizaciones para aprender, colaborar y evolucionar.

Luego de realizar este ejercicio de introspecci√≥n, el objetivo es determinar la orientaci√≥n estrat√©gica de la pol√≠tica industrial a mediano y largo plazo. Devlin ha catalogado cuatro orientaciones estrat√©gicas, que no son mutuamente excluyentes: (1) la atracci√≥n de inversi√≥n extranjera directa; (2) la internacionalizaci√≥n de las peque√Īas y medianas empresas nacionales; (3) la promoci√≥n de exportaciones; e (4) innovaci√≥n. Las capacidades identificadas en la primera parte del an√°lisis determinan a su vez la orientaci√≥n estrat√©gica de la pol√≠tica industrial. As√≠, vemos que algunos de los diez pa√≠ses analizados por Devlin, como Irlanda y Singapur, decidieron trabajar en las cuatro direcciones estrat√©gicas al mismo tiempo, mientras que otros como Australia y Suecia fueron m√°s selectivos y decidieron enfocar sus recursos en solo una o dos √°reas estrat√©gicas.

El segundo elemento ‚ÄĒ la colaboraci√≥n con el sector privado ‚ÄĒ es sumamente complejo ya que requiere de la capacidad del estado para coordinar iniciativas y programas, primero, entre los diferentes organismos gubernamentales a cargo de la pol√≠tica industrial y, segundo, entre esas agencias y el sector privado.

En Irlanda, por ejemplo, la oficina del¬†Taoiseach, o Primer Ministro, coordina este trabajo, con la ayuda de una secretar√≠a permanente, el Consejo Econ√≥mico y Social Nacional, el Foro Econ√≥mico y Social Nacional, el Departamento de Empresa, Comercio y Empleo, la organizaci√≥n ‚ÄúEnterprise Ireland‚ÄĚ, la Agencia de Desarrollo Irland√©s, Forf√°s, una especie de ‚Äúthink tank‚ÄĚ gubernamental, y el Comit√© Asesor de Ciencia, Tecnolog√≠a e Innovaci√≥n, entre otras agencias. Cada una de estas agencias implementa una parte del plan de desarrollo socioecon√≥mico que se actualiza cada tres a√Īos.

El estado, adem√°s, debe tener la capacidad de establecer una relaci√≥n de colaboraci√≥n productiva con patronos, acad√©micos, l√≠deres sindicales y otras organizaciones. La participaci√≥n de las organizaciones del sector privado es muy importante porque, si bien el estado conserva el poder de implementar la pol√≠tica p√ļblica, es el sector privado el que tiene el conocimiento y la informaci√≥n sobre el potencial de nuevas oportunidades de desarrollo econ√≥mico. Sin embargo, el estado, al tiempo que establece mecanismos de cooperaci√≥n con el sector privado, tambi√©n debe velar por el bien com√ļn y evitar la cacer√≠a de rentas por parte de empresarios sin escr√ļpulos o la captura de instituciones estatales por parte de actores privados. La ejecuci√≥n de todas estas funciones es una tarea extremadamente compleja.

Y precisamente, el tercer elemento es la ejecuci√≥n de la pol√≠tica industrial. Seg√ļn Devlin, es en esta etapa cuando muchos gobiernos fracasan catastr√≥ficamente. Un pa√≠s puede dise√Īar la mejor estrategia econ√≥mica del mundo, pero si sus instituciones estatales y el sector privado no pueden ejecutarla, entonces el esfuerzo no tendr√° ning√ļn impacto significativo en la econom√≠a.

No se puede subestimar la importancia de las instituciones en esta etapa. De hecho, algunos acad√©micos sostienen que es fundamental que las instituciones ‚Äúsean efectivas‚ÄĚ antes de pensar en pol√≠ticas econ√≥micas espec√≠ficas. Seg√ļn Dani Rodrik, una pol√≠tica √≥ptima en el marco institucional incorrecto ser√° considerablemente menos beneficiosa que una pol√≠tica inferior (‚Äėsecond-best‚ÄĚ) en un entorno institucional apropiado.

Nuevamente, es necesario pensar en la política industrial como un proceso interactivo de cooperación estratégica entre el sector privado y el gobierno; que, por un lado, sirve para obtener información sobre oportunidades y limitaciones comerciales y, por otro, genera iniciativas de política publica en respuesta. El desafío es encontrar un término medio para los burócratas del gobierno entre la autonomía total y la integración total en el sector privado. Demasiada autonomía para los burócratas minimiza la corrupción, pero no proporciona lo que el sector privado realmente necesita. Pero si los burócratas se involucran demasiado en el sector privado, pueden terminar en el bolsillo de los intereses comerciales.

Y uno m√°s

Adem√°s de los elementos establecidos por Devlin, la implementaci√≥n de una pol√≠tica industrial exitosa en el siglo XXI requiere una distribuci√≥n justa de riesgos y recompensas entre el estado y el sector privado. Seg√ļn Mazzucato:

Tener una visi√≥n de la manera que se impulsar√° una econom√≠a requiere inversiones directas e indirectas en √°reas particulares, no solo crear las condiciones para el cambio. Deben tomarse decisiones cruciales, cuyos frutos generar√°n algunos ganadores, pero tambi√©n muchos perdedores ‚Ķ Esta situaci√≥n sugiere que es necesario que tales inversiones se realicen en un enfoque de cartera de inversi√≥n con algunas de las ganancias al alza cubriendo las p√©rdidas. En otras palabras, si se espera que el sector p√ļblico cubra la falta de capital de riesgo privado (VC, por sus siglas en ingl√©s) destinado a la innovaci√≥n en las primeras etapas, al menos deber√≠a poder beneficiarse de parte las ganancias, como lo hace el VC privado. De lo contrario, no se puede asegurar la financiaci√≥n para tales inversiones. (Mazzucato, 2015)

En un ambiente econ√≥mico donde el gobierno da forma a los mercados, depender √ļnicamente de los ingresos fiscales puede no ser suficiente para financiar continuamente una pol√≠tica industrial din√°mica que implica realizar inversiones de alto riesgo, muchas de las cuales probablemente fracasar√°n. Por lo tanto,¬†como ha sugerido Dani Rodrik,¬†usar un enfoque de cartera de inversi√≥n para la pol√≠tica industrial significa que el estado deber√≠a poder ‚Äúcosechar una recompensa de las ganancias, para financiar las p√©rdidas y la pr√≥xima ronda. Se deben explorar esos mecanismos directos de generaci√≥n de rendimiento, incluida la retenci√≥n de capital, una parte del DPI y pr√©stamos condicionados a los ingresos‚ÄĚ.

Razones para el fracaso

Una pol√≠tica industrial puede fracasar por m√ļltiples razones. Por ejemplo, en algunos pa√≠ses se sobreestima la capacidad del estado o del sector privado para implementar una determinada pol√≠tica industrial. Esta falta de capacidad genera a su vez una brecha de implementaci√≥n entre los objetivos del plan y la realidad econ√≥mica. Esa brecha, eventualmente, se traduce en desconfianza, apat√≠a y escepticismo entre los diversos actores sociales y el gobierno.

En otros pa√≠ses, la causa del fracaso radica en la politizaci√≥n extrema del proceso y en la negaci√≥n de espacios de participaci√≥n en el desarrollo de la estrategia a la oposici√≥n pol√≠tica o representantes de otros sectores importantes. Es el d√©ficit de participaci√≥n lo que eventualmente provoca lo que Devlin llama el ‚Äús√≠ndrome de la refundaci√≥n‚ÄĚ que ocurre cuando un partido pol√≠tico llega al poder y se siente obligado a eliminar todas las iniciativas del gobierno anterior por considerarlas ileg√≠timas. Un fen√≥meno con el que, lamentablemente, estamos bastante familiarizados aqu√≠ en Puerto Rico.

Finalmente, el fracaso puede ocurrir a causa de la falta de un sistema independiente para evaluar y medir los resultados. En un proceso tan complicado como este, es inevitable que se cometan errores o se sobreestime el potencial de un sector económico. Lo importante es identificar el error de manera oportuna, analizar qué paso y por qué sucedió, y redirigir oportunamente recursos a otros sectores con mayor potencial.

Objeciones tradicionales en Puerto Rico

Al hablar de pol√≠tica industrial en Puerto Rico, inmediatamente surgen dos objeciones, ambas falsas. La primera es que Puerto Rico no tiene el poder pol√≠tico ni los recursos econ√≥micos para llevar a cabo una pol√≠tica industrial. De hecho, Puerto Rico lleva d√©cadas negociando acuerdos de inversi√≥n con empresas multinacionales y en t√©rminos de recursos, el presupuesto consolidado¬†ya destina¬†miles de millones de d√≥lares, tanto en gastos directos como en incentivos fiscales, para el ‚Äúdesarrollo econ√≥mico‚ÄĚ. Donde ha fallado Puerto Rico ha sido en el establecimiento de v√≠nculos entre el sector externo y el interno, en posibilitar la formaci√≥n de una red productiva nacional y en la coordinaci√≥n eficiente del gasto p√ļblico en desarrollo econ√≥mico, que generalmente se realiza de manera fragmentada.

La segunda objeci√≥n es que el concepto de pol√≠tica industrial es ajeno a la econom√≠a pol√≠tica de los Estados Unidos. Esta afirmaci√≥n no podr√≠a estar m√°s lejos de la verdad. Desde sus inicios hasta la actualidad, tanto el gobierno federal como muchos estados han implementado diversos tipos de pol√≠ticas industriales, ya sea de manera formal y estructurada o de manera informal y t√°cita. Por ejemplo, el 5 de diciembre de 1791, Alexander Hamilton present√≥ al Congreso su ‚ÄúInforme sobre el tema de las manufacturas‚ÄĚ recomendando una pol√≠tica econ√≥mica para estimular el crecimiento econ√≥mico y la industrializaci√≥n de la naci√≥n reci√©n creada.

En tiempos m√°s recientes, la pol√≠tica industrial estadounidense se ha llevado a cabo a trav√©s de varias agencias, como la NASA, el Departamento de Defensa y los Institutos Nacionales de Salud. De hecho, muchos avances cient√≠ficos, desde la creaci√≥n del Internet y el GPS hasta la investigaci√≥n b√°sica en biolog√≠a y qu√≠mica para la producci√≥n de medicamentos, han sido financiados o subvencionados por el gobierno federal. Por otro lado, a nivel estatal, casi todos los estados, tanto los grandes como Florida y Texas, como los peque√Īos como Carolina del Sur, han desarrollado pol√≠ticas industriales para crecer y desarrollar la econom√≠a estatal, y en algunos casos, la regional.

Conclusión

En resumen, si Puerto Rico realmente desea enderezar el rumbo de su econom√≠a, es imperativo dise√Īar una pol√≠tica industrial moderna que nos ponga a la vanguardia de la actividad econ√≥mica global y crear las instituciones p√ļblicas y privadas necesarias para implementarla.

Para más información sobre este tema explore las siguientes columnas e informes de CNE:

La pandemia de COVID-19 ha puesto a la vista de todos tanto la¬†inseguridad econ√≥mica¬†que ha estado afectando a los trabajadores durante d√©cadas ‚ÄĒ ingresos estancados, empleos sin futuro y sin beneficios marginales que pagan el salario m√≠nimo durante a√Īos, falta de acceso a atenci√≥n m√©dica, aumento en la desigualdad ‚ÄĒ como las deficiencias de la red de seguridad social estadounidense. Fueron necesarias muchas semanas, meses en algunos casos, para brindar asistencia a millones de personas que perdieron sus trabajos esta primavera debido al impacto econ√≥mico de la pandemia. Y ahora esa asistencia se est√° agotando, con el desempleo a√ļn alto, una nueva ola de infecciones en el horizonte y el Congreso a√ļn¬†no ha llegado¬†a un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda.

Tiene que haber una mejor manera de hacer esto, dicen muchas personas. Resulta que en realidad hay una forma mejor. Se llama Renta B√°sica Universal (‚ÄúRBU‚ÄĚ), una vieja idea cuyo momento puede haber llegado finalmente.

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Por¬†Sergio M. Marxuach,¬†director de Pol√≠tica P√ļblica

La idea de proporcionar un ingreso b√°sico ‚ÄĒun pago en efectivo universal, regular e incondicional distribuido por el gobierno‚ÄĒ no es nueva. Santo Tom√°s Moro mencion√≥ una forma de este programa en¬†Utop√≠a¬†(1516), mientras que Thomas Paine (Agrarian Justice,¬†1796) favoreci√≥ un programa similar poco despu√©s de la guerra de independencia de Estados Unidos. M√°s recientemente, la idea ha sido favorecida por¬†algunos en la derecha,¬†como Friederich Hayek, Milton Friedman y Richard Nixon, en la forma de un ‚Äúimpuesto a la renta negativo‚ÄĚ, as√≠ como por algunos en la izquierda, como John Kenneth Galbraith, James Tobin y George McGovern, entre otros.

Renta B√°sica Universal ‚Äď El modelo ideal

Basamos nuestro an√°lisis en el ‚Äúmodelo‚ÄĚ o ‚Äúideal‚ÄĚ de la RBU descrito por Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght en su libro,¬†Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy¬†(Harvard, 2017). Su definici√≥n de la RBU es bastante simple: un ingreso b√°sico universal significa ‚Äúun ingreso regular en efectivo que se paga a todos, de forma individual, sin una prueba de recursos o un requisito de trabajo‚ÄĚ. Echemos un vistazo m√°s de cerca a cada uno de estos elementos.

Un¬†ingreso b√°sico,¬†por definici√≥n, implica que la cantidad no es suficiente para sobrevivir por s√≠ sola. La idea es m√°s bien ofrecer una base que brinde estabilidad cuando ocurren eventos inesperados en la vida, como el desempleo, una enfermedad o un desastre natural, entre otros incidentes similares. Esto significa que hay flexibilidad en el dise√Īo del programa seg√ļn la cantidad de dinero que una sociedad determinada considere apropiada para proveer una base estable.

Un ingreso individual significa que el beneficio se proporciona independientemente de la situación del hogar. Es decir, es irrelevante si la persona está casada, divorciada, viuda o convive con alguien o si hay hijos en el hogar. Esto tiene al menos tres beneficios. Primero, respeta la autonomía individual dado que recibir la RBU no está condicionada a ajustarse a un estilo de vida o estructura familiar determinados. En segundo lugar, ofrece un mínimo de apoyo financiero para las personas que quieren liberarse de las relaciones abusivas. Y, en tercer lugar, reduce los costos administrativos, ya que no es necesario tener un ejército de trabajadores sociales entrometidos que visiten a los beneficiarios para verificar su estado familiar, al tiempo que libera a los beneficiarios de interactuar con burócratas intrusivos.

Un ingreso en efectivo¬†maximiza la flexibilidad en el uso de los recursos, reduce la burocracia y los costos administrativos y ‚Äúdeja al beneficiario libre para decidir c√≥mo usarlo, permitiendo as√≠ que las preferencias individuales prevalezcan entre las diversas opciones disponibles‚ÄĚ. Los beneficios de los pagos en efectivo se hicieron palpablemente claros esta primavera cuando el gobierno federal otorg√≥ pagos √ļnicos de $1,200 a cada persona con un ingreso de $75,000 o menos. A diferencia de la asistencia en especie, proporcionar dinero en efectivo significaba que las personas pod√≠an usarlo para satisfacer cualquier necesidad que entendieran m√°s urgente: por ejemplo, pagar la hipoteca, comprar medicamentos o conseguir una computadora port√°til para que un ni√Īo pudiera tomar sus clases desde la casa.

Los defensores de la prestación de asistencia en especie argumentan que brindar dinero en efectivo aumenta la probabilidad de que el dinero se desperdicie. Sin embargo, estudio tras estudio demuestra que ese no es el caso. Los programas piloto desde la década de 1970 en Manitoba, Canadá, han demostrado que los beneficiarios gastan mucho más del 95% de los fondos en necesidades como alimentos, atención médica o vivienda. De hecho, esa ha sido la experiencia reciente en la ciudad de Stockton, California, que está llevando a cabo un programa piloto de RBU.

Un ingreso universal¬†significa que la recibir la RBU no est√° sujeto a una prueba de ingresos o recursos econ√≥micos. Esta caracter√≠stica de la RBU es controversial porque aumenta su costo significativamente y significa que se beneficiar√≠an personas extremadamente ricas. Sin embargo, existen buenas razones para estructurar el programa de esta manera. La primera es filos√≥fica, en el sentido de que la universalidad busca eliminar una distinci√≥n odiosa que se ha hecho desde los tiempos b√≠blicos entre los pobres que ‚Äúmerecen‚ÄĚ ayuda y los que ‚Äúno merecen‚ÄĚ ayuda. Los primeros, generalmente definidos como viudas, hu√©rfanos y personas extremadamente enfermas o discapacitadas, se consideraban ‚Äúmerecedores‚ÄĚ de ayuda p√ļblica, ya que eran pobres por causas ajenas a su voluntad. A los √ļltimos, sin embargo, se les consideraba simplemente vagabundos vagos que no ‚Äúmerec√≠an‚ÄĚ ayuda alguna a menos que estuvieran ‚Äúdispuestos‚ÄĚ a trabajar (no importa que a veces no hab√≠a trabajo disponible). De ah√≠ la creaci√≥n de esa terrible instituci√≥n conocida como el ‚Äúasilo para pobres‚ÄĚ (workhouse). En segundo lugar, la universalidad elimina al menos parte del estigma social asociado con recibir asistencia gubernamental, ya que no es vergonzoso recibir un beneficio que tambi√©n se le paga a todos los dem√°s.

Quiz√°s lo m√°s importante es que la universalidad aborda lo que Van Parijs y Vanderborght llaman la¬†‚Äútrampa del desempleo‚ÄĚ.¬†Bajo los programas tradicionales de asistencia con verificaci√≥n de recursos, los beneficiarios pierden parte o la totalidad de sus beneficios si deciden trabajar incluso en el trabajo m√°s precario. Enfrentarse a una tasa impositiva marginal del 100% o m√°s, significa que muchos beneficiarios de la asistencia social deciden no trabajar o trabajar en la econom√≠a informal, a menudo en condiciones peligrosas. En este contexto, la universalidad significa que los ingresos que las personas generan se destinan a aumentar sus ingresos netos, eliminando as√≠ un gran desincentivo al trabajo asociado con los programas tradicionales de asistencia social.

Finalmente,¬†un ingreso libre de obligaciones¬†significa que sus beneficiarios no tienen la obligaci√≥n de trabajar o estar disponibles para trabajar en el mercado laboral. Esta es quiz√°s la caracter√≠stica m√°s controversial de la RBU. Sin embargo, la libertad de obligaci√≥n ataca otra ‚Äútrampa‚ÄĚ asociada con los programas tradicionales de asistencia p√ļblica, a saber, la¬†‚Äútrampa del empleo‚Äú. Actualmente, muchos programas de asistencia p√ļblica requieren que los beneficiarios trabajen o participen en ‚Äúactividades similares al trabajo‚ÄĚ, lo que significa que a menudo terminan aceptando trabajos ‚Äúp√©simos o degradantes‚ÄĚ (palabras de Van Parijs y Vanderborght, no m√≠as), ofrecidos por patronos sin escr√ļpulos que saben que los beneficiarios de la asistencia social podr√≠an perder sus beneficios si perdieran sus empleos. Un programa de RBU que proporciona un ingreso libre de obligaciones aborda este potencial de explotaci√≥n al hacer que sea m√°s f√°cil decir ‚Äúno‚ÄĚ a trabajos poco atractivos y mal pagados.

Algunas objeciones

Como podr√°n imaginarse, los cr√≠ticos tanto de izquierda como de derecha han presentado muchas objeciones a la RBU. Aqu√≠ solo podemos abordar algunas de ellas, pero aquellos interesados en un an√°lisis completo de las objeciones √©ticas, econ√≥micas y pol√≠ticas a la RBU deber√≠an leer el libro de Van Parijs y Vanderborght. Para aquellos menos inclinados a profundizar en los detalles de pol√≠tica p√ļblica, recomendamos leer¬†Give People Money: How a Universal Basic Income Would End Poverty, Revolutionize Work, and Remake the World¬†(Crown, 2018) por la periodista Annie Lowrey. Otro libro que pudiera interesarles es¬†Raising the Floor: How a Universal Basic Income Can Renew Our Economy and Rebuild the American¬†Dream¬†por Andy Stern, ex-presidente de la Service Employees International Union.

Primero, los datos de varias encuestas muestran que muchas personas parecen creer que es ‚Äúinjusto que personas sanas de cuerpo y mente vivan del trabajo de otros‚ÄĚ. Si asumimos que este argumento se hace de buena fe y no se basa en estereotipos clasistas, entonces debe basarse en alguna noci√≥n de reciprocidad social que ser√≠a ‚Äúinfringida‚ÄĚ por personas que reciben un ingreso b√°sico sin trabajar. Equivaldr√≠a a una especie de ‚Äúaprovechamiento gratuito‚ÄĚ (free ride).

A simple vista, este argumento parece convincente, pero se cae por s√≠ solo tras examinarse con m√°s detenimiento. Como sostienen Van Parijs y Vanderborght, ‚Äúsi uno se toma en serio la negaci√≥n de un ingreso a quienes pueden, pero no quieren trabajar, esta negaci√≥n deber√≠a aplicarse tanto a los ricos como a los pobres‚ÄĚ. Es decir, hay un doble est√°ndar aqu√≠, uno para los gerentes de fondos de cobertura (hedge fund) que navegan por el Mediterr√°neo y otro para las personas que trabajan cuarenta horas a la semana por el salario m√≠nimo. En las mordaces palabras de John Kenneth Galbraith: ‚ÄúEl ocio es muy bueno para los ricos ‚ÄĒ bastante bueno para los profesores de Harvard ‚ÄĒ y muy malo para los pobres. Cuanto m√°s rico eres, m√°s se cree que tienes derecho al ocio. Pero para cualquiera que tenga asistencia social, el ocio es algo malo‚ÄĚ. En segundo lugar, si estamos realmente preocupados por el oportunismo, la principal preocupaci√≥n, seg√ļn Van Parijs y Vanderborght, ‚Äúno deber√≠a ser que algunas personas se salgan con la suya sin trabajar, sino que innumerables personas hacen mucho trabajo esencial y terminan sin ingresos propios‚ÄĚ, por ejemplo, personas que pudieran estar mejorando su educaci√≥n en la universidad, cuidando de familiares enfermos o simplemente administrando su hogar.

La segunda objeci√≥n que queremos abordar se remonta a¬†Karl Marx, quien se opuso a esquemas similares a la RBU en el siglo 19, argumentando que deprimir√≠a el nivel de los salarios porque ‚Äúla restricci√≥n del fondo, la subsistencia, se habr√≠a eliminado‚ÄĚ. Esto no es necesariamente cierto, pero para entender por qu√© tenemos que entender la relaci√≥n entre las caracter√≠sticas de universalidad y de libertad de obligaci√≥n de la RBU. La condici√≥n de universalidad facilitar√≠a la aceptaci√≥n de trabajos atractivos, que ofrecen la oportunidad para aprender destrezas nuevas, pero tradicionalmente son mal remunerados, como los internados y pasant√≠as, y por lo tanto tiende a reducir el nivel general de compensaci√≥n.

Por otro lado, la condici√≥n de libertad de obligaci√≥n permite que las personas rechacen trabajos poco atractivos y mal remunerados. Cuando la demanda de trabajos ‚Äúp√©simos‚ÄĚ disminuye, los patronos pueden intentar automatizarlos. Si eso no es posible, pueden intentar hacerlos m√°s atractivos, pero cuando eso es imposible o demasiado caro, tendr√°n que aumentar los salarios que pagan. Por lo tanto, ‚Äúesos trabajos p√©simos y mal pagados que no so√Īar√≠as hacer tendr√°n que ser mejor pagados‚ÄĚ.¬†El efecto neto sobre los niveles salariales, por lo tanto, es incierto.¬†Sin embargo, se puede esperar que el efecto sobre el salario promedio de los ‚Äútrabajos existentes peor pagados sea positivo‚ÄĚ. En segundo lugar, nada en la RBU es incompatible con las leyes y regulaciones de salario m√≠nimo.

Finalmente, la tercera objeción que vale la pena mencionar aquí es el costo. Una RBU es cara, bastante cara. Sin embargo, no es tan cara como para resultar inasequible. Primero, el costo total dependería del nivel de ingreso básico proporcionado. En segundo lugar, a medida que se implemente el programa, será necesario aumentar los ingresos fiscales y reemplazar muchos de los programas actuales sujetos a verificación de recursos. Esto generará espacio fiscal para el programa. En tercer lugar, debemos tener en cuenta no solo los costos, sino también todos los beneficios asociados, tanto en términos monetarios como no monetarios.

Conclusión

Hasta hace poco, la RBU era una idea popular sólo entre los académicos y “el tipo de personas que usaban camisetas con bromas disfrazadas de ecuaciones matemáticas. Era algo así como un interés marginal“. Sin embargo, la pandemia cambió todo eso. De hecho, la Ley CARES incluyó un ingreso básico parcial y temporal en forma de pagos de $1,200 a personas por debajo de cierto umbral de ingresos y de $600 adicionales agregados a los beneficios básicos por desempleo.

A medida que luchamos contra el da√Īo econ√≥mico causado por la pandemia, el apoyo pol√≠tico a la RBU puede aumentar. En el lado ‚Äúliberal‚ÄĚ, significar√≠a proporcionar una base para que todas las personas soporten la recesi√≥n econ√≥mica, mientras se deshacen de ‚Äúprogramas de redes de seguridad que no logran atrapar a muchas personas y en los que muchas otras quedan atrapadas‚ÄĚ. En el lado ‚Äúconservador‚ÄĚ, una RBU significa una restricci√≥n presupuestaria estricta, pocas reglas y ninguna burocracia nueva. Pero quiz√°s lo m√°s importante es que nos permitir√≠a ‚Äúatacar la ra√≠z de los problemas tanto de quienes se enferman por trabajar demasiado como de quienes se enferman porque no pueden encontrar trabajo‚ÄĚ. Un objetivo digno por s√≠ mismo, de hecho.

Para más información sobre este tema explore las siguientes columnas e informes de CNE y otros recursos:

En 2016, el gobierno federal decidi√≥ establecer una junta de supervisi√≥n fiscal para Puerto Rico, similar a la adoptada en Washington D.C., para controlar esencialmente todos los aspectos relacionados con el presupuesto y el gasto del gobierno. En aquel entonces cre√≠amos firmemente que imponer una junta no elegida no era la √ļnica opci√≥n disponible y que hab√≠a otra forma de atender el problema.

Por lo tanto,¬†presentamos una serie de propuestas de pol√≠ticas espec√≠ficas¬†que habr√≠an sentado las bases para una amplia reforma de la infraestructura fiscal de Puerto Rico. Nuestro enfoque se bas√≥ en la noci√≥n de que un esfuerzo impulsado localmente para reformar instituciones clave, y la adopci√≥n de una regla fiscal bien dise√Īada, podr√≠an transformar la posici√≥n fiscal de Puerto Rico e introducir reformas de gobernanza muy necesarias para garantizar la gesti√≥n fiscal a largo plazo de Puerto Rico, su solvencia y sostenibilidad, al tiempo que aborda las preocupaciones federales leg√≠timas y reconoce los reparos pol√≠ticos v√°lidos en la isla.

Desafortunadamente, nuestras propuestas cayeron en o√≠dos sordos, ya que miembros del Congreso, el Ejecutivo de los Estados Unidos, banqueros voraces y un grupo de colaboradores puertorrique√Īos abogaron con √©xito por la implementaci√≥n de la Junta de Supervisi√≥n y Administraci√≥n Fiscal (‚ÄúJSAF‚ÄĚ) para Puerto Rico.

Cuatro a√Īos despu√©s, la JSAF no ha logrado un progreso sustancial en el logro de las metas estatutarias que se le orden√≥ agenciar: las pocas reestructuraciones de deuda que se han ejecutado han sido demasiado generosas con los bonistas; se ha avanzado poco para equilibrar el presupuesto del gobierno central; y¬†nada ha sucedido bajo el tan promocionado T√≠tulo V que aparentemente ‚Äúacelerar√≠a‚ÄĚ proyectos de infraestructura cr√≠tica.

En el lado positivo, Puerto Rico ha podido (1) beneficiarse de la suspensión de demandas que buscan el pago de la deuda por incumplimiento y (2) financiar el costo de brindar servicios gubernamentales esenciales utilizando fondos que de otro modo se habrían pagado a los deudores.

No obstante, la promulgaci√≥n de PROMESA no ha impedido la presentaci√≥n de decenas de demandas que cuestionan la constitucionalidad y/o legalidad de acciones emprendidas tanto por el gobierno de Puerto Rico como por la JASF. Adem√°s, tal como advertimos en 2016, el proceso complejo e iterativo instituido por PROMESA para elaborar tanto el presupuesto anual como el Plan Fiscal de cinco a√Īos¬†ha demostrado ser no factible en la pr√°ctica y ha hecho que Puerto Rico sea esencialmente ingobernable.

Es en este contexto que echamos otro vistazo a nuestra propuesta de una regla fiscal para Puerto Rico.

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Por¬†Sergio M. Marxuach,¬†director de Pol√≠tica P√ļblica, y ¬†Deepak Lamba Nieves, Ph.D.¬†, director de Investigaci√≥n

Características principales de las reglas fiscales y las leyes de responsabilidad fiscal

Las reglas fiscales pueden ser definidas como mecanismos que permiten el establecimiento y el monitoreo de objetivos y estrategias fiscales. Ganaron popularidad a partir de la década de 1990 y actualmente son utilizadas en países de Europa, Asia y América Latina. El deseo de establecer mecanismos institucionales permanentes ha llevado a su vez a la adopción de Leyes de Responsabilidad Fiscal (LRF). Los marcos legales de las LRF varían enormemente, ya que estas deben ser adaptadas a los contextos políticos, institucionales y económicos específicos de cada país.

Por lo general las LRF incluyen dos elementos: reglas procesales y reglas numéricas. Las reglas procesales usualmente proveen principios para una gerencia fiscal sensata y efectiva, requisitos de información y medidas de transparencia y rendición de cuentas. Las reglas numéricas establecen objetivos fiscales precisos y obligatorios en relación, por ejemplo, a los déficits, el nivel de endeudamiento y el gasto gubernamental.

Las reglas procesales ayudan a mejorar las debilidades institucionales del aparato fiscal, aumentan la transparencia y permiten controlar los problemas de participaci√≥n c√≠vica en los procesos gubernamentales ya que incorporan procesos de rendici√≥n de cuenta por parte de los funcionarios p√ļblicos.¬†Las mejoras en los procesos tambi√©n ayudan a acelerar la transformaci√≥n del espacio fiscal. Unas gu√≠as robustas que fomenten la elaboraci√≥n de informes y que generen informaci√≥n m√°s precisa, por ejemplo, pueden ayudar a mejorar sustancialmente el proceso de toma de decisiones de los funcionarios p√ļblicos.

Las reglas numéricas provocan muchas veces reducciones en el sesgo a favor de los gastos que generalmente exhiben los funcionarios del gobierno. Estas proveen objetivos claros que limitan la discreción de los funcionarios, quienes muchas veces confeccionan los presupuestos a base de consideraciones políticas.

El andamiaje institucional que apoya las LRF es sumamente importante.¬†Unos sistemas de gerencia fiscal p√ļblica (PFM por sus siglas en ingl√©s) que sean d√©biles o est√©n mal dise√Īados pueden afectar la efectividad de las LRF. La existencia de pr√°cticas transparentes y sobrias para preparar presupuestos, entes de supervisi√≥n independientes, marcos fiscales de mediano plazo, y est√°ndares contables y estad√≠sticos confiables, entre otros requisitos institucionales, son esenciales para la implementaci√≥n efectiva de las LRF. Por tanto, en t√©rminos de secuencia, los pa√≠ses que adopten e implementen LRF deben comenzar por transformar sus sistemas de gerencia fiscal p√ļblica y gradualmente introducir objetivos en t√©rminos de procesos y num√©ricos.

Por √ļltimo, los mecanismos de aplicaci√≥n estrictos son cruciales para la eficacia de las LRF.¬†Si bien se espera que los legisladores y otros funcionarios p√ļblicos supervisen el cumplimiento, los medios de comunicaci√≥n y las organizaciones no-gubernamentales tambi√©n pueden desempe√Īar un papel importante para garantizar que se cumplan los par√°metros y que las sanciones se apliquen r√°pidamente. En pa√≠ses con un historial de cumplimiento d√©bil, es posible que se requiera una supervisi√≥n y monitoreo independientes. Adem√°s, las LRF requieren una amplia aceptaci√≥n pol√≠tica. Si los agentes p√ļblicos y los actores pol√≠ticos que estar√°n encargados de asegurar la implementaci√≥n y el monitoreo no est√°n de acuerdo con la ley, o no est√°n de acuerdo con la necesidad de reformas fiscales profundas, la aplicaci√≥n ser√° laxa y las sanciones ineficaces.

Recomendaciones para una Ley de Responsabilidad Fiscal para Puerto Rico

Proponemos que la Legislatura de Puerto Rico adopte una Ley de Responsabilidad Fiscal abarcadora con dos componentes: (1) una regla fiscal simple, fácil de entender y objetiva y (2) guías procesales que den paso a una reestructuración a gran escala de los sistemas, instituciones y prácticas de gerencia fiscal.

Para los prop√≥sitos de este an√°lisis, ‚Äúreestructuraci√≥n institucional‚ÄĚ se refiere no solo a arreglos administrativos y de gesti√≥n particulares que deben ocurrir dentro de las agencias p√ļblicas, sino tambi√©n a cambios m√°s amplios en los marcos legales, de pol√≠ticas y regulatorios que afectan los comportamientos sociales y econ√≥micos dentro de la sociedad puertorrique√Īa. Como han argumentado numerosos economistas, las instituciones de calidad (en el sentido m√°s amplio del t√©rmino) son fundamentales para poder alcanzar el desarrollo y el crecimiento econ√≥mico, en gran parte porque ayudan a dar forma a los diferentes acuerdos que apoyan la producci√≥n y el intercambio.

(1)  Una Regla Fiscal para Puerto Rico

Una regla fiscal robusta y bien dise√Īada toma en cuenta la naturaleza c√≠clica del ingreso gubernamental a la vez que provee para que la deuda p√ļblica sea sostenible a largo plazo. Por tanto, proponemos una regla para Puerto Rico que requiera que el gasto del Fondo General no exceda (1) los ingresos ajustados c√≠clicamente, seg√ļn los determine y certifique un panel independiente de economistas profesionales y otros expertos en materia fiscal, menos (2) un peque√Īo super√°vit estructural. Dentro de estos l√≠mites, la Legislatura de Puerto Rico asignar√≠a los fondos a las agencias y departamentos del gobierno de acuerdo a sus prioridades.

La implementaci√≥n de este tipo de regla fiscal tiene varias ventajas. Primero, el gasto gubernamental queda limitado al ingreso estructural menos el super√°vit que se establezca como objetivo. De esta forma, el gasto p√ļblico ser√° independiente de las fluctuaciones de corto plazo que registren los ingresos del gobierno.¬†M√°s a√ļn, este tipo de regla fiscal obligar√≠a a Puerto Rico a mejorar sustancialmente la metodolog√≠a para desarrollar sus estimados de ingreso.¬†De acuerdo a C√©spedes, Parrado y Velasco, ‚Äúlos errores de pron√≥stico, por definici√≥n, deben ser aleatorios y de corta duraci√≥n‚ÄĚ. En Puerto Rico, los pron√≥sticos de ingresos est√°n sesgados hacia el lado alto de manera consistente.

En segundo lugar, seg√ļn Velasco y Parrado, este tipo de regla fiscal, al limitar el gasto al ingreso fiscal permanente, suaviza el gasto p√ļblico durante el ciclo econ√≥mico.¬†En esencia, el gobierno ahorra durante las alzas y no ahorra durante las recesiones.¬†Por lo tanto, la regla fiscal excluye aumentos considerables del gasto cuando la econom√≠a est√° en auge, as√≠ como un ajuste fiscal dr√°stico cuando hay una desaceleraci√≥n econ√≥mica sustancial. ‚ÄúPor lo tanto, el crecimiento del gasto p√ļblico se vuelve mucho m√°s estable con el tiempo‚ÄĚ.

En tercer lugar, la regla fiscal que proponemos requiere que Puerto Rico tenga un peque√Īo super√°vit (que se determinar√° como porcentaje del PNB)¬†a trav√©s de la duraci√≥n del ciclo econ√≥mico. Este requisito es necesario porque (1) la carga de la deuda de Puerto Rico no es sostenible a largo plazo; (2) el gobierno del Estados Libre Asociado enfrenta obligaciones contingentes que podr√≠an ser paralizantes que surgen de las pensiones p√ļblicas no financiadas y los gastos relacionados con el programa de atenci√≥n m√©dica del gobierno; y (3) el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, que proporcion√≥ financiamiento deficitario significativo en el pasado, ha dejado de existir.

(2)¬†¬†Reestructuraci√≥n de los sistemas p√ļblicos de gerencia fiscal (PFM)

Primero, en t√©rminos de los procesos para formular el presupuesto, Puerto Rico necesita adoptar pr√°cticas presupuestarias estrat√©gicas: confeccionar presupuestos guiados por normas de desempe√Īo; utilizar horizontes para la planificaci√≥n de gastos de mediano plazo; reformar los procesos de compras que fomentan el comportamiento oportunista y la ‚Äúcacer√≠a de rentas‚ÄĚ (‚Äúrent seeking‚ÄĚ) por parte del sector privado; y aplicar y ejecutar la regla fiscal que explicamos arriba.

Segundo, en términos del proceso de aprobación del presupuesto, es necesario mejorar sustancialmente la capacidad analítica de la rama legislativa, creando quizás una oficina legislativa de presupuesto con la capacidad de cotejar y retar los supuestos económicos y fiscales que utiliza el ejecutivo en la confección del presupuesto.

Tercero, en t√©rminos de la ejecuci√≥n del presupuesto, el gobierno tiene que abordar los problemas que recurrentemente tiene con su contabilidad enga√Īosa, controles fiscales y financieros deficientes y la presentaci√≥n de informes financieros en general.

Adem√°s, las agencias a cargo de las finanzas p√ļblicas tienen que establecer procedimientos para coordinar entre s√≠ las pol√≠ticas p√ļblicas. Tambi√©n tienen que mejorar sus capacidades operacionales y de ejecuci√≥n, incluyendo el reclutamiento de recursos humanos capacitados, establecer sistemas de informaci√≥n integrados, y mejorar los controles internos, as√≠ como las capacidades de auditor√≠a interna y monitoreo en tiempo real.

Finalmente, Puerto Rico debe publicar sus informes financieros auditados que están atrasados a la mayor brevedad posible. Debe además implementar las políticas que sean necesarias que aseguren la producción y publicación oportuna de estos informes auditados en el futuro.

La implementaci√≥n de este tipo de transformaci√≥n profunda no ocurre de la noche a la ma√Īana. Es importante, por tanto, que la Ley de Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico esboce un calendario y una secuencia espec√≠fica para implementar las reformas de los PFM, as√≠ como indicadores y objetivos que le permitan medir el progreso.

La implementaci√≥n de la Ley de Responsabilidad Fiscal requerir√° tambi√©n el establecimiento de un ente supervisor aut√≥ctono que sea independiente y duradero y que est√© imbricado en el espacio institucional fiscal p√ļblico de la isla. Este organismo tiene que ser inmune a las presiones partidistas, pero debe poder abordar de forma efectiva las consideraciones pol√≠ticas (no-partidistas) y proveer el conocimiento t√©cnico necesario para abordar los retos que presenten la implementaci√≥n de estas reglas. Una comisi√≥n local que responda al pueblo de Puerto Rico no solo le proveer√° legitimidad a este esfuerzo, sino que asegurar√° que la experiencia y el conocimiento acumulado a trav√©s del tiempo se internalice efectivamente dentro de la infraestructura gubernamental de forma m√°s amplia.

Finalmente, estas transformaciones deben ocurrir como parte de una reestructuración institucional más abarcadora de las diferentes agencias del gobierno encargadas de establecer e implementar las políticas y planes de desarrollo económico para Puerto Rico.

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