Publicado el 25 de marzo de 2021 / Read in English
En esta edición
El sistema de salud de Puerto Rico depende en gran medida del financiamiento federal a través del programa Medicaid. Sin embargo, la isla, así como otros territorios de EE.UU., se ven obstaculizados por un proceso de financiamiento de salud pública federal inconsistente y discriminatorio. Rosanna Torres describe cómo el Congreso y la administración de Biden pueden solucionar el problema del “precipicio de Medicaid” de una vez por todas.
Nuestra segunda pieza nos ayuda a contestar preguntas como: ¿qué podemos aprender de la experiencia europea sobre la integración de programas e incentivos de redes de seguridad social para fomentar la participación laboral?, y ¿qué políticas y programas han tenido éxito en la protección de poblaciones social y económicamente vulnerables a la vez que promueven el ingreso a la fuerza laboral? Jennifer Wolff escribe sobre las mejores prácticas en Europa y la nueva propuesta de la Unión Europea para apoyar el empleo y la asistencia social.
Finalmente, nuestro Panorama de Datos le echa un vistazo al aumento en los atolladeros en los puertos de EE.UU. que se anticipa continuarán durante el verano.
Análisis de CNE
La pandemia pone en evidencia la fragilidad del sistema de salud pública de Puerto Rico
Por Rosanna Torres – directora, oficina de Washington, D.C.
En siete meses, Puerto Rico enfrentará una amenaza inminente a su sistema de salud: la escasez de fondos suficientes para operar. Esto no es inusual para Puerto Rico ni para ninguno de los otros territorios de EE.UU. Esta situación se debe a que la forma en que se le brinda financiamiento a las islas no se basa en necesidades programáticas; más bien, el financiamiento es una reacción cíclica a un fallo estructural en los programas de Medicaid para los territorios.
El debate del PUA y el regreso al trabajo: ¿una falsa dicotomía?
Por Jennifer Wolff, Ph.D. – directora, Buró de Madrid
De la reciente discusión pública en Puerto Rico sobre la Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) y el retorno a los centros de trabajo parecería como si las prestaciones sociales fueran una especie de anatema para la inserción en el mercado laboral. Ambas, sin embargo, deben mirarse de forma interrelacionada y requieren de una fina calibración por parte de los gobiernos. Tomo un ejemplo: el Ingreso Mínimo, Renta de Inserción, o Ingreso Social Solidario, una prestación en efectivo que muchos países de Europa le otorgan a los hogares de bajos ingresos y que interactúa con otras medidas que se implantan de forma simultánea para fomentar la inserción en el mercado laboral de esta población.
Panorama de datos
Atolladero de envíos
Fuente: Wall Street Journal
Según Costas Paris, que escribe para el Wall Street Journal, “los atolladeros en los puertos de EE.UU. se están extendiendo más allá de las carreteras obstruidas del sur de California, y las compañías de envío proyectan que los atrasos continuarán durante el verano. Los retrasos que se han extendido desde los muelles hasta los terminales de trenes, los terminales de camiones y los centros de distribución han sacudido las cadenas de suministro para las empresas, desde los grandes fabricantes de automóviles hasta los minoristas familiares, lo que ha hecho que las líneas de ensamblaje se paralicen debido a la escasez de piezas y que los estantes de las tiendas estén vacíos …”
En nuestro radar...
Relaciones entre EE.UU. y China – “Estados Unidos debe forjar una relación con China definida por una paradoja incómoda e innegable: una interdependencia profunda y compleja por un lado e intereses rápidamente divergentes — en cuanto a seguridad, economía, tecnología, ideología y más — por el otro. Los responsables de formular política pública están cuestionando muchas de las ideas fundamentales que alguna vez guiaron la política estadounidense, incluida la convergencia de objetivos económicos y políticos, el valor de la interacción y la idea de que la cooperación puede mitigar la competencia y producir estabilidad”, escribe Evan Medeiros en Foreign Affairs.
El COVID y la apertura de escuelas – Un estudio publicado recientemente en The Lancet, una revista médica, monitoreó los casos de COVID entre casi 20,000 estudiantes y maestros de 131 escuelas primarias en el Reino Unido, entre junio de 2020 y diciembre de 2020. Los investigadores encontraron tasas muy bajas de COVID sintomático o asintomático incluso después de la reapertura de las escuelas en otoño. Sin embargo, esto fue antes de la aparición generalizada del B.1.1.7 (variante identificada por primera vez en el Reino Unido) y otras variantes del SARS-CoV-2, y los investigadores sugieren que se necesita más monitoreo para ver cómo las variantes afectan la transmisión en las escuelas.
Atender la desigualdad –Según James Politi, en el Financial Times, “El proyecto de ley de estímulo de $1.9 billones (trillion) de Joe Biden tiene como objetivo principal acelerar la recuperación estadounidense de la pandemia. Pero tiene un objetivo secundario: hacer que la economía más grande del mundo sea más equitativa. La enorme nueva inyección de gasto del gobierno de los EE.UU., que involucra transferencias a gran escala directamente dirigidas a familias de ingresos bajos y medianos, marca el primer intento de la Casa Blanca para reducir la desigualdad de ingresos y la pobreza, problemas arraigados que se han agravado desde que azotó el coronavirus”.
Nota del editor
Los medios de comunicación locales han informado recientemente que algunos trabajadores que fueron despedidos durante la pandemia supuestamente se niegan a regresar a trabajar, presuntamente porque ganan más dinero recibiendo beneficios ampliados de asistencia por desempleo pandémico que trabajando 40 horas a la semana. Estos informes dieron lugar a una conferencia de prensa de los Secretarios de Trabajo y Desarrollo Económico de Puerto Rico, donde anunciaron la creación de un portal web que permitirá a los patronos denunciar a aquellos empleados que se nieguen a trabajar y eliminarle los beneficios.
Creemos que esta política punitiva, aunque sea impuesta por el gobierno federal, está mal concebida por varias razones:
- Primero, parece que el anuncio de política pública se hizo únicamente basado en pruebas anecdóticas, ya que ninguno de los secretarios tenía datos sobre cuántos trabajadores se “niegan” a trabajar o qué industrias se ven afectadas.
- Segundo, quizás no todos los trabajadores pueden regresar a sus trabajos ahora mismo porque están cuidando (1) de sus hijos en casa (casi el 90% de las escuelas públicas en Puerto Rico siguen cerradas) o (2) adultos mayores (quizás sus padres) que necesitan su ayuda durante estos tiempos difíciles.
- Además, si una persona puede ganar más dinero recibiendo beneficios por desempleo que trabajando a tiempo completo, entonces el problema es que los salarios son bajos, no que los beneficios por desempleo sean altos. De hecho, si la opción es entre ganar $290 a la semana (40 horas a $ 7.25) en un trabajo precario sin beneficios marginales y pocas oportunidades de crecimiento profesional, o recibir cerca de $500 a la semana en beneficios de desempleo, la decisión económicamente racional es recibir los beneficios por desempleo.
- Además, parece haber un estándar doble en juego aquí. Si la queja es que los trabajadores de bajos ingresos de alguna manera están causando un daño a la sociedad porque están “engañando al sistema” o abusando injustamente al obtener un ingreso sin trabajar cuando pueden hacerlo, entonces la misma regla debería aplicarse a las personas sin discapacidad, adineradas que también pueden y no quieren trabajar pero que reciben todo tipo de ingresos pasivos favorecidos por el código contributivo. Desde una perspectiva social, el problema del oportunismo (“free riding”) en ambos casos es el mismo.
- Finalmente, la política pública anunciada es innecesaria a la luz de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense recientemente promulgada, que incluyó $600 millones para parear el Crédito por Trabajo de Puerto Rico (“EITC”, por sus siglas en inglés) en una proporción de 3 a 1. El EITC es un crédito fiscal reembolsable que funciona como una mejora salarial sin aumentar los costos para el patrono. Se considera el programa contra la pobreza más efectivo en los Estados Unidos, promueve el trabajo en la economía formal, requiere que se llene una planilla de contribución sobre ingresos y reduce la dependencia en los programas de asistencia social. Quizás deberíamos intentarlo.