Sergio M. Marxuach

Con la colaboración de:
Deepak Lamba-Nieves, Ph.D. – Director de Investigación
Francis G. Torres – Analista Senior de Política Pública

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Tabla de Contenido

• Introducción
• Un fracaso de comunicación
• Principios
• Prioridades de política pública para la recuperación
• Una propuesta para aplicar principios y prioridades de política pública para la reconstrucción
• Conclusión
• Notas al calce

Introducción

El 18 de septiembre, en vísperas del quinto aniversario del huracán María y cuando Puerto Rico se preparaba para conmemorar las vidas perdidas y reflexionar sobre la destrucción causada por una de las tormentas más fuertes jamás vistas por estas latitudes, la madre naturaleza nos hizo una mala jugada enviando al huracán Fiona hacia nosotros. Fiona golpeó la isla como un huracán de categoría 1 con vientos sostenidos de alrededor de 85 millas por hora. Se estima que la tormenta derramó 1 billón de galones de agua sobre Puerto Rico en aproximadamente 48 a 60 horas. Los daños causados por las inundaciones y la marejada ciclónica fueron graves, potencialmente mortales en algunos casos y generalizados.

Fiona, por lo tanto, puso en evidencia una vez más la gran vulnerabilidad de la sociedad puertorriqueña ante este tipo de acontecimientos. El impacto de una tormenta de este tipo no sólo depende de su fuerza o potencia, sino también del nivel de vulnerabilidad preexistente de una sociedad determinada. Puerto Rico era extremadamente vulnerable antes del huracán Fiona porque sólo se había comenzado el 30% de los trabajos permanentes de reconstrucción relacionados con el huracán María; miles de personas seguían viviendo en zonas propensas a inundaciones y, básicamente, no se había hecho nada para robustecer la red eléctrica y otras infraestructuras críticas o aumentar su capacidad de resistencia. Dado todo esto, la pregunta clave debe ser: ¿por qué está tan atrasado el proceso de reconstrucción cinco años después del huracán María?

La respuesta corta, como subrayamos hace tres años, es que hemos fracasado a la hora de abordar cinco retos clave del proceso de recuperación de Puerto Rico, es decir: (1) la falta de coordinación efectiva entre las partes a cargo de la reconstrucción, (2) plataformas de participación pública mal diseñadas, (3) los esfuerzos superficiales de transparencia, (4) la falta de implementación de mecanismos de supervisión adecuados, y (5) el desembolso extremadamente lento de los fondos de recuperación, especialmente para las obras permanentes a largo plazo.^[1]

Los daños ocasionados por el huracán Fiona añadirán sin duda otra capa de complejidad a lo que ya era un esfuerzo difícil y complicado. Sin embargo, irónicamente, también nos brinda la oportunidad de repensar los planes y programas clave, identificar las deficiencias existentes y tomar medidas eficaces para remediarlas.

Este informe de política pública se enfoca en la falta de coordinación efectiva entre las partes interesadas, establece principios para guiar el proceso de recuperación, presenta las prioridades de política pública tanto para la respuesta de emergencia ante Fiona como para la reconstrucción en curso relacionada con María, y propone un mecanismo para la coordinación efectiva entre todas las partes interesadas.

Un fracaso de comunicación

Los esfuerzos de recuperación de desastres suelen estar plagados de incertidumbre y complejidad a todos los niveles -económico, político y emocional- y también ponen a prueba la capacidad de los gobiernos locales y de las organizaciones de ayuda humanitaria para responder y avanzar en los esfuerzos de reconstrucción de forma rápida y equitativa. Si se tiene en cuenta la magnitud de los daños provocados por los huracanes María y Fiona, se hacen evidentes las complejidades del proceso de recuperación de desastre en Puerto Rico. Todo Puerto Rico sufrió daños significativos.

Reconstruir las comunidades devastadas en un plazo de tiempo reducido, a menudo haciendo malabarismos entre las demandas y los problemas que surgen a diario, y que son igualmente urgentes, puede resultar un reto incluso en las jurisdicciones mejor preparadas. Después del huracán María, estas tensiones se magnificaron en Puerto Rico porque no sólo se estaba administrando un proceso de recuperación a gran escala, sino que también se atravesaba la mayor quiebra municipal de la historia de Estados Unidos. Y ahora, por supuesto, tenemos que abordar los daños causados por el huracán Fiona.

Además, en cualquier momento en un contexto posdesastre, hay muchos actores que trabajan de forma rápida e independiente, y que dependen de información incompleta, y sus interacciones e intersecciones son importantes durante cada etapa del proceso. Después del huracán Katrina en Nueva Orleans, los expertos en recuperación posdesastre Robert B. Olshansky y Laurie A. Johnson destacaron la importancia de superar los problemas imprevistos: “La coordinación es fundamental para la recuperación, debido a que muchos actores trabajan en un marco de tiempo comprimido y con un flujo de información limitado. La única manera de funcionar eficazmente en un entorno caótico e incierto es brindar información a los actores de forma sistemática y estar en coordinación con ellos regularmente”.^[2]

El gobierno de Puerto Rico trató de abordar esta situación cuando, en octubre de 2017, el gobernador estableció la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, o COR3, para supervisar todos los esfuerzos de recuperación del desastre. El gobierno estableció la expectativa de que esta nueva agencia dirigiera, coordinara e implementara los esfuerzos de recuperación y reconstrucción a largo plazo.^[3]

La clave de esa función fue su capacidad para coordinar los esfuerzos entre todos los actores relevantes. En el caso de Puerto Rico, la coordinación de los esfuerzos de recuperación y reconstrucción implica navegar por una compleja serie de marcos administrativos que incluyen una serie de actores locales y federales: el Departamento de Vivienda de Puerto Rico y numerosas otras agencias del gobierno de Puerto Rico con responsabilidades clave en los esfuerzos de reconstrucción; FEMA y varias otras agencias del gobierno federal; gobiernos municipales; organizaciones no gubernamentales locales y extranjeras; cientos de miles de residentes afectados por el huracán; y una miríada de consultores externos. Por lo tanto, el proceso de recuperación de María requirió la coordinación, en primer lugar, entre las agencias federales pertinentes; en segundo lugar, entre esas agencias federales y sus contrapartes en Puerto Rico; y en tercer lugar, entre las agencias federales y estatales, por un lado, y los municipios, por otro.

Lamentablemente, este proceso de coordinación ha sido, en el mejor de los casos, defectuoso. Todo esto puede sonar muy abstracto al principio, así que utilicemos un ejemplo concreto. En una reciente audiencia del Subcomité de Desarrollo Económico, Edificios Públicos y Manejo de Emergencias del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de EE.UU., la señora Anne Bink, administradora asociada de la Oficina de Respuesta y Recuperación de FEMA, declaró que “el mayor proyecto de infraestructura pública de la historia fue obligado por casi $9,500 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”), que no sólo reconstruirá la red eléctrica de Puerto Rico, sino que la reconstruirá mejor”.^[4]

En la misma audiencia, sin embargo, el señor Chris Currie, director de Seguridad Nacional y Justicia de la Oficina de Contraloría General del Gobierno de Estados Unidos (“GAO”), subrayó que aunque se ha comprometido una cantidad significativa de dinero para reconstruir la red eléctrica, se ha gastado realmente muy poco. Como se muestra en la gráfica siguiente, hasta agosto de 2022 sólo se habían gastado $40 millones de los $9,500 millones asignados por FEMA (vea la “Categoría F” en la gráfica siguiente).^[5]

Fuente: Declaración de Chris Currie, 15 de septiembre 2022, p. 15, GAO-22-106211

Sin embargo, minutos más tarde, el señor Manuel Laboy, director ejecutivo de la COR3, afirmó con seguridad que se han aprobado unos 29 proyectos para reparar algunas partes de la red eléctrica y que se ha desembolsado un total de $183 millones.^[6]

Fuente: Declaración del Hon. Manuel Laboy 15 de septiembre de 2022, p. 26.

Por lo tanto, un observador independiente que intente juzgar los avances en la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico se encontraría con un conjunto de cifras dispares. Si el punto de referencia correcto es la cantidad de dinero destinada a reparar la red, entonces parecería que se ha progresado significativamente. Sin embargo, si, como creen muchos expertos, el punto de referencia adecuado es cuánto dinero se ha gastado realmente en proyectos para fortalecer la red, entonces el progreso ha sido dolorosamente lento.^[7]

Incluso si estamos de acuerdo en que el índice de gastos es el punto de referencia correcto, no sabemos cuál es la cifra correcta: la GAO afirma que se han gastado $40 millones, mientras que el COR3 afirma que han sido $183 millones. Entonces, es obvio que las partes no hablan el mismo idioma, o no utilizan las mismas definiciones, o ambas cosas. Hay una clara falta de comunicación, que en última instancia es una falta de coordinación.

En el caso de la red eléctrica, hay al menos otros dos factores que apuntan a un fallo de coordinación a gran escala. En primer lugar, parece que no hay acuerdo sobre cuál es el plan para reconstruir la red. El Negociado de Energía de Puerto Rico sostiene que la red debe reconstruirse de acuerdo con el Plan Integrado de Recursos (“PIR”) de Puerto Rico, mientras que la AEE parece estar trabajando para implementar un plan diferente llamado “Plan de Modernización de Diez Años” y LUMA parece estar trabajando en su propio “Plan de Remediación del Sistema”. Además, el Departamento de Energía federal está trabajando actualmente en otro plan de modernización de la red para Puerto Rico, que debería estar terminado a finales de 2023.

Hay que tener en cuenta que, si bien el PIR establece los requisitos estatutarios para la modernización y operación de la red a largo plazo (veinte años), éste no fue redactado específicamente para el proceso de reconstrucción y recuperación de María. Por otro lado, los planes presentados por la AEE y LUMA asumen un plazo de tiempo más corto y son propuestas hechas específicamente en relación con el proceso de reconstrucción en curso. El plan del Departamento de Energía federal parece ser un intento de dirigir el proceso de reconstrucción de la red y presentar un camino a seguir para lograr el 100% de generación de fuentes de energía renovable para el 2050. Entonces está claro, que hay una falla de coordinación, porque, aunque estos planes pueden coincidir parcialmente e intersecarse en ciertos aspectos, se basan en suposiciones diferentes, tienen plazos de duración distintos y, en definitiva, pretenden alcanzar objetivos diferentes.

En segundo lugar, como señaló el señor Currie durante la audiencia del 15 de septiembre, LUMA y FEMA han tenido serios desacuerdos sobre

hacer reparaciones más allá de los daños sufridos durante el huracán María. En concreto, el operador privado y FEMA no están de acuerdo en qué aspectos del proyecto propuesto por la agencia cubrirá el financiamiento de la Asistencia Pública. Los funcionarios de FEMA señalan que hay matices en el desarrollo de un proyecto complejo y poder asegurar que sea elegible bajo las leyes y regulaciones federales.^[8]

Por último, y esto aplica a todos los proyectos de recuperación, no sólo a los relacionados con la red eléctrica, la GAO señaló que a menudo los funcionarios del gobierno de Puerto Rico no estaban seguros de cómo proceder de acuerdo con las políticas de FEMA porque no sabían qué conjunto de directrices estaban vigentes en ese momento. Sin acceso a las directrices pertinentes y actualizadas, las partes interesadas en la recuperación se exponían al riesgo de actuar de acuerdo con directrices que habían sido revisadas o sustituidas.^[9]

Fuente: Declaración del Hon. Manuel Laboy, 15 de septiembre de 2022, p. 27

Este último punto explicaría en gran medida por qué, como se muestra en la gráfica anterior, sólo el 5.8% de todos los proyectos de obras permanentes han sido completados hasta agosto de 2022.

De manera similar, las dificultades de coordinación y las trabas burocráticas han ocasionado importantes retrasos en la aprobación y el desembolso de los fondos asignados para completar los proyectos de reconstrucción municipal. Los alcaldes argumentan que se enfrentan a retrasos considerables (que a veces alcanzan los 120 días) para recibir los reembolsos por las obras públicas realizadas. Además, muchos municipios de la isla se enfrentan a graves restricciones presupuestarias debido a la disminución de la actividad económica y a las medidas de austeridad impuestas por la JSAF.^[10]

Como resultado, muchos municipios con problemas de liquidez han tenido que retrasar y a veces detener proyectos de reconstrucción muy necesarios. El señor Laboy ha admitido que los procesos burocráticos innecesarios y la actuación deficiente de ciertas compañías multinacionales contratadas para ayudar al COR3 en la administración de los procesos administrativos son una gran parte del problema.^[11] Por lo tanto, deberíamos analizar y diagnosticar cuidadosamente el problema antes de hacer sugerencias para imponer soluciones rápidas, sin pensar en cómo van a interactuar con otros procesos que afectan a este enorme esfuerzo de reconstrucción.

En esta coyuntura de la recuperación de Puerto Rico, la confusión que rodea el estado del proceso de recuperación resalta la necesidad de definir cuidadosamente marcos precisos de planificación, coordinación y ejecución, y de mejorar el flujo de información. Dicho de otra manera, es necesaria una entidad que coordine y administre de forma integral la recuperación de Puerto Rico.

Principios

Como sugerimos hace cinco años, CNE considera que cualquier entidad o mecanismo diseñado para administrar el proceso de recuperación debe cumplir los siguientes principios^[12]:

• Coordinación y cooperación — La estructura administrativa para el esfuerzo de recuperación debe servir como un foro para coordinar el gasto de todos los fondos federales de recuperación asignados a Puerto Rico, no sólo los fondos de FEMA, y para proveer coordinación primero, entre las agencias federales; segundo, entre las agencias federales y sus contrapartes en Puerto Rico; y tercero, entre las agencias federales y estatales, por un lado, y los municipios por el otro. También debe permitir la coordinación efectiva del trabajo que debe realizar una pluralidad de grupos y partes interesadas que trabajan con diferentes visiones para el nuevo Puerto Rico.

• Legitimidad — Brindar un foro para la participación del gobierno democráticamente elegido de Puerto Rico: Cualquier solución a este conflicto tiene que ofrecer un espacio para la participación efectiva y significativa del gobierno debidamente elegido de Puerto Rico. De lo contrario, el esfuerzo de reconstrucción se percibirá como ilegítimo y no contará con el apoyo de los principales actores políticos de la isla.

• Subsidiariedad — Este principio exige esencialmente que las decisiones que afectan a una comunidad en particular se tomen en el nivel de gobierno más cercano a esa comunidad. Según el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, el principio de subsidiariedad es uno de los más importantes de la filosofía social:

“Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos”.

Además, “conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (“subsidium”) -por tanto de apoyo, promoción, desarrollo- respecto a las menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada, en definitiva, su dignidad propia y su espacio vital.^[13]

El principio de subsidiariedad también se define en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (“UE”). “Su objetivo es garantizar que las decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano y que se realicen controles constantes para verificar que la acción a nivel de la UE está justificada a la luz de las oportunidades disponibles a nivel nacional, regional o local.  En concreto, es el principio por el que la UE no actúa (salvo en los ámbitos que son de su competencia exclusiva) a menos que sea más eficaz que la actuación a nivel nacional, estatal o local”.^[14]

• Inclusión — Ofrecer la oportunidad para participar a las partes interesadas del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales: El sector privado y las organizaciones no gubernamentales de Puerto Rico deben contar con una plataforma para expresar sus visiones y hacer sus propias propuestas para un nuevo Puerto Rico cuando llegue el momento de traducir la retórica de la resiliencia en planes concretos, realidades arquitectónicas, decisiones políticas, prioridades de construcción y costos económicos y financieros. De lo contrario, todo el esfuerzo estará destinado al fracaso, ya que el “nuevo Puerto Rico” inevitablemente no podrá satisfacer las expectativas del sector privado y de la sociedad civil y el resultado neto será un aumento de la migración a Estados Unidos.

• Impacto económico y fortalecer la economía local— La(s) entidad(es) encargada(s) de la reconstrucción de Puerto Rico debe(n) darle prioridad en las contrataciones a residentes de Puerto Rico y a organizaciones locales para garantizar que los sobrevivientes del desastre participen en las actividades de recuperación y se beneficien directamente de los fondos de recuperación. Esto es particularmente importante dada la alta tasa de pobreza y la baja participación en la fuerza laboral de Puerto Rico.

Prioridades de política pública para la recuperación

De acuerdo con los principios anteriores, CNE ha identificado tres prioridades de política pública para garantizar que la siguiente fase del proceso de recuperación promueva un crecimiento económico equitativo y mejore la capacidad de ejecución local.

Estas prioridades incorporan las mejores prácticas de los procesos de recuperación de Nueva Orleans y Nueva York tras los huracanes Katrina y Sandy, respectivamente, así como las lecciones aprendidas de la respuesta al huracán María a través del proyecto ReImagina Puerto Rico de CNE. ^[15]

• La recuperación requiere un esfuerzo de planificación “de abajo hacia arriba”, integral y unificado, muy parecido a lo que se hizo en Nueva Orleans tras Katrina (a través del Plan Unificado de Nueva Orleans) y en el Estado de Nueva York tras la supertormenta Sandy (a través de NY Rising). En la actualidad, el gobierno de Puerto Rico ha centralizado todos los esfuerzos de planificación en la oficina del COR3. Hay asuntos muy complicados, como la titularidad de la tierra, la mitigación frente a la reubicación de las viviendas, entre otras, que deben abordarse para evitar que las propuestas sean rechazadas por los municipios y las comunidades locales. Además, si la planificación y la ejecución se llevan a cabo de forma fragmentada (pasando por alto algunas localidades o sin la secuencia adecuada) se producirán fallas de coordinación que podrían dar lugar a una reconstrucción más larga y costosa.

• Los municipios deben participar. Aunque el gobierno local ha diseñado un proceso de recuperación y reconstrucción centralizado, controlado en gran medida por el poder ejecutivo, la participación de los gobiernos municipales es esencial para el éxito de estos objetivos. Los municipios ofrecen los “servicios de primera respuesta” en el periodo de respuesta a la emergencia y desempeñan un papel fundamental en proveer servicios básicos. También son la entidad gubernamental más cercana a las comunidades locales. Sin embargo, no todos los municipios están capacitados para administrar los fondos de reconstrucción o administrar proyectos a gran escala. La clave para involucrar a los municipios es saber cuáles tienen la capacidad de liderar y cuáles requieren el desarrollo de capacidades. No obstante, los procesos de recuperación y reconstrucción ofrecen numerosas oportunidades para que los municipios desarrollen y apliquen soluciones creativas que reduzcan costos.

• Hay que dar prioridad a los contratistas de la isla en el proceso de recuperación. Tradicionalmente, la respuesta federal a los desastres se ha entendido como “lo positivo” que se deriva de un acontecimiento catastrófico, dados los millones de dólares del gobierno estadounidense que se inyectan en la economía local. El financiamiento federal para la recuperación, según esta lógica, tendrá un efecto multiplicador que podría llevar la tasa de crecimiento económico de Puerto Rico al lado positivo. Aunque gran parte del optimismo está relacionado a las posibles inversiones financiadas por el gobierno federal en Puerto Rico, la mayor parte de los gastos federales para los esfuerzos de asistencia y recuperación no está fluyendo hacia las compañías basadas en Puerto Rico, y por lo tanto dicho gasto no ha sido muy efectivo en estimular la economía local. Tal y como está el proceso de recuperación, no se está fomentando la contratación local ni se está concentrando en los sectores industriales de alto impacto. CNE ha comenzado a analizar los datos de contratación, enfocándose en organismos clave como el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (“DHS”, por sus siglas en inglés), el Departamento de Agricultura de EE.UU. (“USDA”, por sus siglas en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de EE.UU. (“USACE”, por sus siglas en inglés), entre otros. La contratación de un mayor número de compañías locales durante un período de tiempo más largo también podría ofrecer oportunidades de aprendizaje y de desarrollo de capacidades para muchos de estos actores, lo que podría mejorar su capacidad para hacer frente a futuros eventos naturales en Puerto Rico o en cualquier otro lugar de EE.UU. Por lo tanto, se debe dar prioridad a las compañías locales y obligar a las compañías basadas en EE.UU. a contratar subcontratistas locales cuando sea apropiado.

Una propuesta para aplicar principios y prioridades de política pública para la reconstrucción

Una forma de implementar estos principios y prioridades sería crear una entidad similar al Grupo de Trabajo para la Reconstrucción del huracán Sandy, que fue creado por el presidente Obama en virtud de la Orden Ejecutiva 13632 del 7 de diciembre de 2012 (la “Orden Ejecutiva Sandy”). Esa Orden:

• Creó un Grupo de Trabajo presidido por el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Además, incluía a los jefes de otros 23 departamentos, agencias y oficinas del ejecutivo federal que participaban en el proceso de recuperación.

• Declaró que la función principal del Grupo de Trabajo era proporcionar la coordinación necesaria para apoyar la reconstrucción de la zona afectada por el huracán Sandy, incluyendo “trabajar estrechamente con FEMA en el ámbito del Marco Nacional de Recuperación de Desastres (“NDRF”, por sus siglas en inglés)”.

• Ordenó al Grupo de Trabajo que “identifique y trabaje para eliminar los obstáculos a la reconstrucción resiliente de manera que se aborden los riesgos y vulnerabilidades existentes y futuros y se promueva la sostenibilidad a largo plazo de las comunidades y los ecosistemas”.

• Ordenó que el Grupo de Trabajo “coordine con las entidades de la región afectada los esfuerzos para (i) garantizar la transición rápida y ordenada de las personas y familias afectadas a viviendas seguras y sanitarias a largo plazo; (ii) planificar la reconstrucción de las infraestructuras críticas dañadas por el huracán Sandy de manera que se tengan en cuenta las vulnerabilidades actuales a los fenómenos meteorológicos extremos y se aumente la resiliencia de la comunidad y la región para responder a los impactos futuros; (iii) apoyar el fortalecimiento de la economía; y (iv) entender las vulnerabilidades actuales y los riesgos futuros de los fenómenos meteorológicos extremos, e identificar los recursos y las autoridades que pueden contribuir a fortalecer la resiliencia de la comunidad y la región a medida que se reconstruye infraestructura crítica y se restauran las funciones del ecosistema”.

• Exigió al Grupo de Trabajo que “involucre a las partes interesadas locales, a las comunidades, al público, a los miembros del Congreso y a otros funcionarios en todas las áreas afectadas por el huracán Sandy para garantizar que todas las partes tuvieran la oportunidad de compartir sus necesidades y puntos de vista para informar el trabajo del Grupo de Trabajo”.

• Autorizó al presidente a crear un “Grupo Asesor para asesorar al Grupo de Trabajo e invitar a personas a participar. Los participantes serán funcionarios electos estatales, locales y tribales y podrán incluir a gobernadores, alcaldes, ejecutivos de condados, funcionarios electos tribales y otros funcionarios electos de la región afectada que el presidente considere apropiados”.

• Disponía que el Grupo de Trabajo contará con un personal, “encabezado por un director ejecutivo, que prestará apoyo a las funciones del Grupo de Trabajo”.

• Permitió al Grupo de Trabajo “establecer grupos de trabajo técnicos formados por miembros del Grupo de Trabajo, sus representantes, y miembros del Grupo Asesor invitados y funcionarios electos, o sus empleados designados, según sea necesario para brindar asesoramiento en apoyo de su función”.

En nuestra opinión, si se creara una entidad similar para coordinar el proceso de recuperación de los huracanes María y Fiona, esta cumpliría con los principios y las prioridades de política pública expuestas anteriormente porque:

• Tendría un mandato explícito para coordinar los esfuerzos de recuperación entre las agencias federales, y entre el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico.

• Proveería para que se incluyan funcionarios electos puertorriqueños de todos los niveles y sus representantes, incluido el COR3, a través de un grupo asesor.

• Promovería la subsidiariedad y la inclusión mediante la participación de los actores locales, los municipios, las organizaciones comunitarias, las ONG activas en Puerto Rico y los líderes empresariales.
• Y fortalecería la economía local garantizando que los residentes de Puerto Rico y las compañías locales sean contratados de forma prioritaria.

Hemos identificado un mecanismo de coordinación muy específico y particular que satisface unos principios procesales, de equidad e inclusión. CNE no apoyaría, y se opondría activamente a, la creación de cualquier entidad similar que no satisfaga los principios o que no aplique las prioridades de política pública aquí expuestas.

Para ser claros y evitar cualquier duda, no estamos abogando por la “federalización del proceso de recuperación” (lo que sea que eso signifique); el nombramiento de un “zar de la recuperación” en la Casa Blanca; o que la Junta de Supervisión y Administración Fiscal se “hago cargo” del proceso de recuperación.

Para lograr una recuperación justa, Puerto Rico necesita procesos de coordinación y supervisión que funcionen, no medidas punitivas. El éxito de la recuperación requiere una reflexión y un diálogo continuo entre todas las partes involucradas para garantizar que se escuchan todos los puntos de vista relevantes y que tengan la oportunidad de influir en el proceso. Además, el nombramiento de un “zar de la recuperación” o la “federalización” del proceso no brindaría la oportunidad de aumentar la capacidad del gobierno local.

Cuando una oficina aislada dicta el proceso de recuperación de arriba hacia abajo, se pierde la oportunidad de que los actores locales participen en la toma de decisiones y aprendan lecciones clave en la administración de la recuperación. Centralizar la recuperación también centraliza los flujos de información, y puede suponer una amenaza para la responsabilidad y la transparencia si la entidad recién creada no responde ante otros actores implicados en la recuperación.

Conclusión

El huracán Fiona ha abierto una ventana de oportunidad para que los funcionarios gubernamentales de Washington, D.C. y Puerto Rico agilicen el proceso de recuperación en curso del huracán María y encaminen correctamente la respuesta al huracán Fiona. En este Informe de Política Pública, hemos enfatizado la necesidad de: (1) crear un mecanismo de coordinación independiente para la recuperación; (2) implementar principios específicos que permitan la reflexión, la flexibilidad y la adaptabilidad; e (3) implementar algunas prioridades de política pública clave para promover el crecimiento económico equitativo y mejorar la capacidad de ejecución local.

Si se diseña y aplica correctamente, el mecanismo propuesto facilitaría la coordinación eficaz entre las partes interesadas de los distintos niveles de gobierno, aseguraría una participación pública adecuada en el proceso de planificación y supervisión, proporcionaría una mayor transparencia y responsabilidad en la fase de selección de proyectos y en el uso de los fondos, y aceleraría el desembolso de los fondos de recuperación.

Para adelantar el progreso de la reconstrucción, Puerto Rico debe aprovechar esta oportunidad para evaluar el proceso de recuperación del huracán y modificar el marco de gobernanza de la recuperación existente. A fin de cuentas, todo desastre es “un momento de pérdida desesperada, pero también un momento de clara posibilidad”^[16] Aprovechemos al máximo este momento lleno de posibilidades.

Notas al calce

[1] Centro para una Nueva Economía, Oversight that Works, agosto 2019, disponible en https://grupocne.org/wp-content/uploads/2019/08/CNE-Policy-Memo-Oversight-That-Works.pdf

[2] Olshansky, R. B., & Johnson, L. A. (2010). Clear as Mud: Planning for the Rebuilding of New Orleans, Washington, DC: American Planning Association.

[3] Ver Orden Ejecutiva OE-2017-65

[4] Declaración de Anne Bink ante el Subcomité de Desarrollo Económico, Edificios Públicos y Manejo de Emergencias del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, “Recovery Update: Status of FEMA Recovery Efforts in Puerto Rico and U.S. Virgin Islands 5 Years After Hurricanes Irma and Maria”, 15 de septiembre de 2022, p. 2.

[5] Declaración de Chris Currie ante el Subcomité de Desarrollo Económico, Edificios Públicos y Manejo de Emergencias del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, “Recovery Update: Status of FEMA Recovery Efforts in Puerto Rico and U.S. Virgin Islands 5 Years After Hurricanes Irma and Maria”, 15 de septiembre de 2022, p. 15, GAO-22-106211.

[6] Declaración del Honorable Manuel Laboy ante el Subcomité de Desarrollo Económico, Edificios Públicos y Manejo de Emergencias del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, “Recovery Update: Status of FEMA Recovery Efforts in Puerto Rico and U.S. Virgin Islands 5 Years After Hurricanes Irma and Maria”, 15 de septiembre de 2022, p. 26.

[7] Según la declaración del Sr. Currie “Una obligación es un compromiso definitivo que crea una responsabilidad legal del gobierno para el pago de bienes y servicios ordenados o recibidos. A efectos de esta declaración, las obligaciones representan el importe de las subvenciones que FEMA ha concedido a través del programa de Asistencia Pública y del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos para proyectos específicos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Un gasto es una cantidad pagada por las agencias federales, en efectivo o en su equivalente, durante el año fiscal para liquidar las obligaciones del gobierno. Para los propósitos de esta declaración, un gasto representa el gasto real del gobierno de Puerto Rico o el gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos de dinero comprometido por el gobierno federal.”

[8] Declaración de Chris Currie, 15 de septiembre de 2022, p. 19, GAO-22-106211

[9] Id. en p. 12.

[10] Muchos programas de FEMA funcionan a base de reembolsos, lo que representa una dificultad para muchos municipios y organismos gubernamentales que no necesariamente disponen de la liquidez necesaria para financiar proyectos de obras permanentes a largo plazo.

[11] Ver: “Truenan los alcaldes por situaciones con desembolso para la reconstrucción en los municipios”, Primera Hora, 1 de febrero de 2022; “Nuevo director de COR3 acepta responsabilidad en atrasos de los fondos de recuperación a municipios”, Centro de Periodismo Investigativo, 12 de febrero de 2021.

[12] Sergio M. Marxuach, Expediting the Recovery Process: A Proposal to Create a Puerto Rico Development Authority, Centro para una Nueva Economía, diciembre 2017, disponible en https://grupocne.org/wp-content/uploads/2017/12/PRDA-Policy-Brief.pdf

[13] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, 186; ver también, León XIII, Carta Encíclica Rerum Novarum (1892); Pío XI Carta Encíclica Quadragesimo Anno (1931); Juan Pablo II Carta Encíclica Centesimus Annus (1991); y Catecismo de la Iglesia Católica, 1882 y 1883.

[14] Ver Tratado de Lisboa, Artículo 5, (2007) (ratificado en 2009) y http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/subsidiarity.html

[15] El objetivo de Reimagina Puerto Rico era diseñar un proceso en el que el pueblo de Puerto Rico pudiera participar de forma efectiva en definir las prioridades de recuperación. A través de un esfuerzo de participación pública amplio e inclusivo -que incluyó 77 reuniones y actividades con más de 700 participantes en comunidades de la isla y la diáspora- tanto los especialistas como las partes interesadas de la comunidad identificaron cerca de 500 oportunidades de recuperación. Las mejores ideas se recogen en un informe detallado elaborado recientemente por Reimagina, que ofrece 97 acciones prioritarias en seis sectores clave. La aportación de la Fundación Ford, la Fundación Open Societies y la asistencia técnica del proyecto 100 Resilient Cities fueron fundamentales para estos esfuerzos.

[16] Lynne B. Sagalyn, Power at Ground Zero: Politics, Money, and the Remaking of Lower Manhattan, (Oxford, 2016), p. 5.