CNE – Centro Para Una Nueva Economía – Center for a New Economy
Non-profit, economic research and policy development organization
Durante más de un siglo, la Universidad de Puerto Rico (“UPR”) ha brindado acceso asequible a educación de alta calidad a miles de puertorriqueños. Continúe leyendo nuestro análisis en el cual daremos un vistazo a algunos de los aspectos más importantes del Plan Fiscal para la UPR certificado el 27 de mayo de 2021.
Preguntas y respuestas con el profesor Jorge L. Giovannetti Torres
The current trends of technological change, climate risks, and social upheavals make the university as a social institution more relevant than ever. It then seems pertinent to examine relevant case studies to understand how much the current assault on the UPR limits Puerto Rico’s capacity to face the challenges of the future.
La “Ley de apoyo a Medicaid en los territorios de EE.UU. de 2021” (H.R. 4406) ayuda a Puerto Rico a evitar un precipicio de fondos de Medicaid a corto plazo y ofrece cierta estabilidad al establecer niveles claros de financiamiento para los próximos cinco años. Sin embargo, el acuerdo de cinco años propuesto no alcanza la paridad con los estados, no es una solución permanente y perpetúa el trato “separado y desigual” de los beneficiarios de Medicaid en los territorios, a quienes se les dice, una vez más, que acepten una oferta “suficientemente buena”.
H.R. 4406 helps Puerto Rico avoid a short-term Medicaid funding cliff and provides some stability by setting forth clear funding levels for the next five years. However, the proposed five-year deal falls short of parity with the states, is not a permanent fix, and perpetuates the “separate and unequal” treatment of Medicaid beneficiaries in the territories, who are being told, once again, to accept a “good enough” deal.
A glimpse into what some of our staff members are reading, watching, and listening to this summer.
En el quinto aniversario de la promulgación de PROMESA, el CNE Review analiza cómo ha evolucionado PROMESA, qué se ha pasado por alto, sus costos para Puerto Rico y sus consecuencias. La conclusión ineludible es que el régimen de bancarrota territorial establecido por esa ley no ha logrado la mayoría de los objetivos planteados por sus autores.
