Publicado el 8 de mayo de 2020 / Read in English

Raúl Santiago-Bartolomei

Deepak Lamba-Nieves

Estamos a inicios del mes de mayo y, como bien saben los inquilinos en Puerto Rico, nuevamente se vencen los pagos de alquiler. Pero, tras dos meses de un cierre parcial de la economía para contener la transmisión del nuevo coronavirus, a muchos inquilinos de bajos ingresos les es más difícil pagar la renta. Recientemente, el CNE argumentó que es necesario implementar una moratoria de alquileres y que se paralicen los desahucios (esto segundo se logró parcialmente luego de que los tribunales decretaran una suspensión de este tipo de orden). También, abogamos por que se otorgue un subsidio o asistencia directa para los inquilinos, una medida que han apoyado otras organizaciones. Esta última propuesta es importante, pues otras opciones que podrían considerarse, como cancelar o congelar la totalidad de los pagos de alquiler mientras dure la emergencia, dejaría a muchos arrendadores en una situación precaria, sin poder cumplir con sus pagos hipotecarios y demás obligaciones financieras.

Es importante tomar en consideración cómo se debe implementar un programa de asistencia para los que alquilan porque una estructura muy burocrática o un programa creado “desde cero” puede fracasar en el objetivo de asistir a los inquilinos de manera expedita. Un buen ejemplo de esto en Puerto Rico es el desembolso lento y errático de los cheques federales de estímulo económico como parte de la Ley federal CARES. Debido a estas dificultades, existe un consenso entre expertos y activistas de que la mejor manera de implementar un programa de asistencia durante la pandemia es a través de la expansión del programa de vales para la elección de vivienda. Este programa, conocido comúnmente como Sección 8, consiste en un subsidio para la vivienda de alquiler que administra el Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). El programa provee vales para familias de bajos ingresos (aquellas que obtienen menos del 50% de la mediana de ingreso del área, o AMI, por sus siglas en inglés) con los que subsidiar alquileres en el libre mercado. Según las reglas del programa, los hogares que cualifican pagan hasta un 30% de su ingreso mensual en alquiler y el gobierno federal cubre el resto.

Realizamos un cálculo aproximado y conservador sobre cuánto haría falta para expandir el programa de vales de Sección 8 para cubrir las necesidades de los inquilinos de bajos ingresos durante la pandemia, y estos fueron nuestros hallazgos:

Puerto Rico necesitaría, por un año, unos $455 millones adicionales para mitigar los efectos que la pandemia tiene sobre la capacidad de pagar el alquiler entre los inquilinos de bajos ingresos.

* Fuente: Promedio de 5 años del PRCS de 2018 y los límites de ingreso de HUD para 2020
** Fuente: Datos de HUD sobre vivienda subsidiada

¿Cómo llegamos a estos resultados? Usando datos de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico (PRCS, por sus siglas en inglés) para el 2018 y los límites de ingreso para hogares elegibles establecidos por HUD para cada municipio, logramos estimar el total de hogares con ingresos menores al 50% del AMI. Luego, utilizamos los datos de HUD sobre viviendas subsidiadas para identificar cuántas unidades en Puerto Rico reciben algún subsidio de alquiler de esta agencia, incluyendo los vales para la elección de vivienda, subsidios de Sección 8 centrados en proyectos (“Project-based Section 8”), vivienda pública y Sección 202, entre otros. Restamos este número del total de hogares con ingresos bajo el 50% del AMI para determinar el total de hogares de bajos ingresos que no reciben subsidios de HUD.

Otros datos de HUD sobre viviendas subsidiadas nos sirvieron para determinar que, en el 2019, la agencia invirtió, en promedio, $514 mensuales por hogar en el programa de Sección 8. Al multiplicar esta cifra por el total de hogares de bajos ingresos que no reciben subsidios de HUD, identificamos que la brecha mensual de asistencia para inquilinos asciende a $37.9 millones o unos $455 millones por un año.

Este análisis es parte de una serie de esfuerzos de la Iniciativa Blueprint del CNE, en alianza con Habitat for Humanity Puerto Rico, que buscan incidir en temas de política pública.