Publicado el 29 de abril de 2021 / Read in English
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En esta edición
Esta semana, Rosanna Torres comparte el informe reciente publicado por el Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., que describe las artimañas de la administración Trump en el desembolso de ayuda humanitaria relacionada a los huracanes en Puerto Rico. Luego, Sergio Marxuach provee un breve análisis del papel que juegan los fondos federales en el nuevo Plan Fiscal para Puerto Rico, certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera.
Nuestro Panorama de datos muestra una actualización sobre el estatus de los fondos CDBG-DR para Puerto Rico. En la sección En nuestro radar, le damos un vistazo breve a las nuevas métricas para una economía global verde; la relación entre el COVID-19 y la política industrial; y los factores que afectan la oferta y la demanda de mano de obra en Estados Unidos.
Cerramos con una breve nota de nuestro editor sobre el debate de los requisitos laborales para las mujeres que reciben beneficios del gobierno, ocasionado por una propuesta reciente de la administración Biden para brindar una asignación casi universal por hijos para ayudar a las familias con hijos dependientes.
Análisis de CNE
¿Supervisión o castigo?
Por Rosanna Torres – directora, Oficina de Washington D.C.
La semana pasada, la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) publicó un informe de 45 páginas que detalla las múltiples instancias en las que el liderazgo político de la Oficina de Administración y Presupuesto, un componente crítico dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente, intencionalmente retrasó la ayuda pos desastre. Para muchos fue espantoso escuchar cómo el gobierno federal intencionalmente se demoraba en ayudar a Puerto Rico. Sin embargo, a medida que lo leí, me pareció más una explicación coherente de las muchas piedras en el camino con las que nos topamos cuando abogábamos por los fondos.
Si bien es justo sugerir que existen oportunidades para garantizar mejores decisiones de financiamiento e inversión después de un desastre, una mayor intervención federal por sí sola no es política pública sensata. Primero, porque consume gran parte de los recursos disponibles diseñados para atender las necesidades, y además añade más capas innecesarias de burocracia a un proceso ya altamente complejo. Como dijimos en el pasado y reiteramos ahora, no se debe disfrazar el castigo como supervisión.
Los fondos federales anclan un nuevo plan fiscal
Por Sergio M. Marxuach – director de Política Pública
La Junta de Supervisión y Administración Financiera (“JSAF”) de Puerto Rico certificó un nuevo plan fiscal para el gobierno central el viernes 23 de abril. El nuevo Plan Fiscal, al igual que los demás, se basa en cuatro elementos centrales: (1) consolidación del presupuesto (recortes de gastos y aumentos de ingresos); (2) reformas estructurales; (3) reestructuración de la deuda; y (4) financiamiento federal para asistencia en casos de desastre y asistencia por COVID-19. Esta vez lo nuevo es la magnitud del financiamiento federal. Según la JASF, Puerto Rico recibirá aproximadamente $110,000 millones en fondos federales durante los próximos diez años. Esta cantidad excedería el PIB de Puerto Rico, artificialmente inflado por los precios de transferencias entre compañías multinacionales, de aproximadamente $100,000 millones.
Panorama de datos
Estado actual de los fondos CDBG-DR
Fuente: Junta de Supervisión y Administración Financiera, Plan de Ajuste del gobierno de Puerto Rico, 8 de marzo de 2021
Entre septiembre de 2017 y junio de 2019, el Congreso asignó aproximadamente $20,300 millones en fondos de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (“CDBG-DR”, por sus siglas en inglés) para actividades de mitigación y alivio de desastres relacionadas con los huracanes Irma y María. El proceso habitual de desembolso de estos fondos es algo engorroso. Como se muestra en la tabla anterior, después de que el Congreso asigna el dinero, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (“HUD”, por sus siglas en inglés) tiene que publicar una notificación en el Registro Federal. El beneficiario previsto luego procede a redactar un plan de acción para el uso de los fondos, de acuerdo con las regulaciones publicadas. Si HUD aprueba el Plan de Acción, entonces las partes deben ejecutar un Acuerdo de Subvención para permitir el gasto de fondos de acuerdo con los términos del Plan de Acción.
Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, HUD tardó casi dos años en publicar el aviso requerido en el Registro Federal con respecto al uso de unos $8,300 millones para actividades de mitigación. Teníamos una fuerte sospecha de que esta demora era una acción racista y punitiva tomada contra Puerto Rico por la administración Trump, disfrazada de “supervisión” por la Oficina Federal de Administración y Presupuesto. Un artículo reciente del Washington Post confirma nuestras sospechas.
En contraste, la Administración de Biden se ha movido rápidamente para desbloquear estos fondos, anunciando el 19 de abril que el Acuerdo de Subvención para estos $8,300 millones se ejecutará pronto y el dinero se comprometerá y gastará poco después en proyectos de mitigación muy necesarios.
Conoce al equipo de CNE
El trabajo de CNE es impulsado por personas extraordinarias que ayudan a Puerto Rico a diseñar un camino para el crecimiento económico sostenible. Queremos que conozcas a las personas que forman parte del Equipo de CNE. En esta sección, ofrecemos un vistazo a lo que motiva y dirige nuestro trabajo todos los días.
En nuestro radar...
Nuevas métricas para una economía global verde – El anuncio del presidente Biden de un objetivo de cero emisiones para 2050 como una forma de abordar la contaminación por gases de efecto invernadero e impulsar los sectores económicos de energía limpia en los EE.UU. ha sido un avance muy bienvenido en la comunidad internacional. Europa ha estado buscando liderar el impulso global hacia una economía verde durante un tiempo, y los principales think tanks como el Instituto para la Política Ambiental Europea con sede en Bruselas han comenzado a desarrollar nuevas métricas para medir el progreso real no solo en términos de objetivos económicos sino en términos de sostenibilidad ambiental. Los subsidios verdes se medirían junto con la participación de un país en el área forestal, y la Investigación y Desarrollo verde junto con los cuerpos de agua en buen estado ecológico. Puede acceder a la propuesta prospectiva aquí.
COVID-19 y la política industrial – El lento despliegue de campañas de vacunación en Europa en relación con países como los EE.UU., el Reino Unido e Israel ha alimentado un debate sobre la capacidad de fabricación estratégica, las cadenas de suministro globales y la política industrial similar al diálogo que está surgiendo en los EE.UU. Europa tiene actualmente 52 lugares dónde se producen vacunas y la Agencia Europea de Medicamentos presentó recientemente una serie de recomendaciones para aumentar la capacidad de la región para fabricar y suministrar vacunas COVID-19. Los think tanks como la Fundación Austriaca de Investigación para la Cooperación al Desarrollo (OFSE, por sus siglas en alemán) están promoviendo un debate a más largo plazo y están presionando para reubicar las instalaciones de fabricación (tanto de productos finales como de insumos), diversificar las cadenas de suministro (en términos de proveedores y regiones), y aumentar agresivamente las inversiones en investigación y desarrollo. El tema afecta a Puerto Rico, cuyo sector farmacéutico podría beneficiarse del impulso global para aumentar las capacidades estratégicas de suministros médicos y farmacéuticos. Dos de los artículos recientes de la OFSE se pueden encontrar aquí y aquí.
Oferta y demanda laboral – Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el empleo total en EE.UU. es aproximadamente 9 millones de empleos más bajo que en febrero de 2020, justo antes de la pandemia. Sin embargo, muchos dueños de negocios afirman estar luchando para contratar nuevos trabajadores. Neil Irwin explora algunas de las razones detrás de esta desconexión en este análisis para el New York Times. Específicamente, señala los siguientes factores como razones que podrían explicar esta brecha percibida entre la oferta y la demanda laboral: preocupaciones de salud por COVID-19, beneficios por desempleo expandidos, los salarios bajos que prevalecen en algunos sectores de servicios, la necesidad de estar en el hogar para cuidar de niños o parientes ancianos, y el deseo de reconsiderar las opciones profesionales después de un año pésimo.
Nota del editor
La propuesta de la Administración de Biden de proporcionar una asignación casi universal por hijo para ayudar a las familias con hijos dependientes ha traído a la superficie un debate latente entre quienes apoyan los requisitos laborales para las mujeres que reciben estos beneficios y quienes no.
Según Emily Badger y Claire Cain Miller señalan en este análisis para el New York Times, “las madres estadounidenses siempre han sido clasificadas y divididas, consideradas dignas de ayuda o no, por raza, clase, estado civil, por lo que hacen sus maridos, por si han tenido demasiados hijos o no los suficientes”. La implicación es que es bueno cuando las madres blancas, de clase media y alta, casadas se quedan en casa y cuidan a los niños, pero cuando “las mujeres negras intentan quedarse en casa y cuidar a sus hijos, si no tienen los medios o el marido para hacerlo, son vilipendiadas”.
Estas narrativas se remontan a siglos atrás, cuando las sociedades trataban de establecer qué familias “merecen” ayuda y cuáles no. Desafortunadamente, esas decisiones a menudo se toman sobre la base de evidencia anecdótica, motivaciones racistas y estereotipos clasistas. Por eso la propuesta de Biden es tan controversial, al menos en Estados Unidos. Elimina todo este prejuicio y sencillamente brinda ayuda directamente a las familias con niños, sin ataduras y sin obstáculos. Ahí radica lo positivo de la política: es simple, fácil de administrar y respeta la dignidad individual de los beneficiarios.
Por el contrario, vincular los beneficios del gobierno a los requisitos laborales suena bien en teoría, pero es terrible en la práctica. Los requisitos laborales son costosos de fiscalizar, complicados de administrar, muchas veces se basan en estereotipos raciales de acabar con las “reinas del bienestar”; y suelen ser extremadamente injustos. Este último punto a veces se pierde en el acalorado debate público. Los defensores de este tipo de requisitos laborales asumen que cuidar a los niños en casa de alguna manera “no es trabajo”. También presuponen que todas las mujeres tienen acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad, lo que obviamente no es el caso. Por último, y quizás lo más importante, implícitamente dan más valor a dedicar más horas a un trabajo precario que al bienestar y la estabilidad de la familia.
Si realmente creemos como sociedad que criar una familia es el trabajo más importante que cualquiera de nosotros tendrá, entonces no deberíamos, como ha argumentado el sociólogo conservador Brad Wilcox, presionar por “más medidas que pongan a los padres en la fuerza laboral en vez de pasar tiempo con sus hijos. Necesitamos menos énfasis en el trabajo y más en la familia”.