Publicado el 12 de septiembre de 2023 / Read in English
En esta edición
Décadas de corrupción, mala administración, decisiones de negocios influenciadas por la política y la postergación del mantenimiento crítico y los gastos de capital requeridos ocasionaron la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”) en el verano de 2017. Los huracanes de septiembre de 2017 y los terremotos de 2020 debilitaron aún más la ya frágil infraestructura de transmisión y distribución eléctrica.
Ahora en 2023, la reconstrucción y transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico está entrando en una etapa crítica, ya que varios procesos importantes –la reestructuración operacional y financiera de la AEE; el inicio de proyectos a gran escala para reconstruir la red; y la redacción de un nuevo Plan Integrado de Recursos– convergen en un momento clave.
Sin embargo, las discrepancias políticas existentes sobre el alcance del uso de gas natural durante la transición a una generación basada 100% en energía renovable y el debate sobre las ventajas y limitaciones de instalar capacidad de generación distribuida (principalmente sistemas solares en techos con baterías) en lugar de proyectos a gran escala han generado retrasos en el despliegue de nueva capacidad de generación renovable y suponen un grave riesgo para la capacidad de Puerto Rico de cumplir con sus objetivos de energía renovable.
–Sergio M. Marxuach, editor
Análisis de CNE
Actualización sobre la AEE
Por Sergio M. Marxuach, director de Política Pública
Privatización: Reestructuración operativa
La reestructuración de las operaciones de la AEE se encuentra en una etapa bastante avanzada tras la ejecución de dos acuerdos para privatizar la operación y administración de (1) la red de transmisión y distribución (“T&D”) de la AEE y (2) los activos legados de generación (“LGA”, por sus siglas en inglés).
LUMA, un consorcio canadiense/estadounidense, ha estado a cargo de las operaciones de despacho de energía y de mantener la estabilidad del sistema de T&D desde julio de 2021. La transferencia a LUMA de los activos de T&D no estuvo libre de dificultades y la empresa se enfrentó a graves problemas durante su primer año de operaciones. Recientemente, sin embargo, el sistema de transmisión y distribución parece haber ganado cierta estabilidad, aunque la duración y la frecuencia de los apagones imprevistos siguen estando muy por encima de la media en comparación con compañías similares en Estados Unidos.
A principios de este año, el gobierno de Puerto Rico seleccionó a Genera PR, una filial de New Fortress Energy (una compañía de gas natural), para administrar y operar la flota de LGA de la AEE. Como parte del acuerdo, Genera está obligada a realizar algunos gastos de capital a corto plazo (financiados por FEMA) para estabilizar el sistema, generar ahorros mediante la renegociación de los contratos de combustible y, finalmente, comenzar la decomisación de las LGA.
Haz clic aquí para leer más sobre cómo se están poniendo en práctica estos dos acuerdos.
Plan de ajuste: Reestructuración financiera
La AEE ha estado en negociaciones con sus acreedores desde julio de 2017. Sin embargo, seis años de duras negociaciones intermitentes no han dado lugar hasta la fecha a un plan integral de ajuste certificado por la corte de las obligaciones de la AEE. Actualmente, la AEE debe alrededor de $9,000 millones en bonos pendientes, tiene un pasivo de pensiones no financiado de $3,800 millones y debe $700 millones adicionales a los prestamistas de la línea de combustible y varios millones más a acreedores no garantizados.
Sin que la AEE reestructure su deuda y otros pasivos, el cliente residencial promedio que consume 425 kWh al mes vería su factura aumentar en aproximadamente 26%. Claramente, ese es un escenario insostenible dado el estancamiento de la economía de Puerto Rico y las altas tasas de pobreza.
El 25 de agosto de 2023, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (“JSAF”) anunció que había “presentado el tercer Plan de Ajuste enmendado para reducir más de $10,000 millones del total de reclamaciones afirmadas por varios acreedores contra la AEE en casi un 80%, al equivalente de $2,500 millones, excluyendo las obligaciones de pensiones”. (Comunicado de prensa de la JSAF, 25 de agosto de 2023)
Haz clic aquí para obtener más información sobre el último informe de la JSAF.
Plan energético a largo plazo de Puerto Rico: Nuevo Plan Integrado de Recursos
En abril de 2022, el Negociado de Energía de Puerto Rico (el “NEPR”) extendió la fecha límite para la radicación del próximo Plan Integrado de Recursos (PIR), estableciendo que LUMA radicará el próximo PIR a más tardar el 1 de marzo de 2024.
El PIR es un documento clave ya que, de acuerdo con la ley de Puerto Rico, establece el calendario y la secuencia para alcanzar el objetivo de generación 100% renovable para 2050. Lamentablemente, los objetivos intermedios fijados en el PIR actualmente en vigor (aprobado en 2020) no se han cumplido.
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Modernización de la red: Reconstrucción del sistema de T&D
En términos de fondos para la reconstrucción de la red, sólo el 19% de los fondos de FEMA ha sido “aprobado” para ser gastado. En términos del número de proyectos de trabajo permanente para reconstruir la red, 134 proyectos de mejoras a la red habían sido “aprobados” por FEMA; y 60 mejoras a la red habían “comenzado a construirse”. Independientemente de la métrica que utilicemos, la conclusión parece ser que el proceso de reconstrucción de la red ha avanzado a un ritmo relativamente lento.
Haz clic aquí para leer más sobre las posibles causas para este retraso.
En nuestro radar…
El presupuesto federal de EE.UU. – En mayo de este año, el Congreso y la Casa Blanca acordaron un plan de gastos de dos años como parte de un acuerdo para elevar el límite de la deuda estadounidense y evitar un impago por parte de Estados Unidos. Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes llegaron a un acuerdo con la administración de Biden para fijar límites a los gastos discrecionales anuales de defensa y en programas domésticos para los años fiscales de 2023 y 2024. Para evitar un cierre del gobierno, cada cámara, la Cámara de Representantes y el Senado, tiene que promulgar 12 medidas presupuestarias y presentarlas al presidente antes del 30 de septiembre. Sin embargo, un reciente análisis del Center for American Progress afirma que “los 12 proyectos de ley que los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes han redactado y presentado violan los términos negociados en tres aspectos fundamentales”: (1) los proyectos de ley asignan $58,000 millones menos para programas discrecionales no relacionados con la defensa que el nivel establecido en el acuerdo sobre el límite de la deuda; (2) los proyectos de ley rescinden $115,000 millones de financiamiento fuera de la jurisdicción del Comité de Asignaciones de la Cámara, significativamente más de los recortes acordados en el acuerdo sobre el límite de la deuda; y (3) los proyectos de ley incluyen varias cláusulas de política pública controversiales relacionadas al financiamiento del muro fronterizo, la eliminación de programas medioambientales y la reducción de la capacidad de funcionamiento del IRS, entre docenas de otros elementos controversiales. Por lo tanto, parece que Washington se encamina a un cierre el 30 de septiembre, a menos que las partes puedan acordar una resolución continua a corto plazo para ganar tiempo y resolver estas complicadas polémicas de política pública.
Ley Agrícola – Según el Servicio de Investigación del Congreso, “la ley agrícola es una ley general multianual que regula una serie de programas agrícolas y alimentarios. Ofrece a los legisladores la oportunidad de abordar de forma exhaustiva y periódica asuntos agrícolas y alimentarios”. La Ley Agrícola suele someterse a revisión y aprobación cada cinco años. La versión que está actualmente en vigor expira el 30 de septiembre. Dada la situación actual en relación con el presupuesto para el año fiscal 2024 (véase más arriba), es muy poco probable que el Congreso promulgue una nueva Ley Agrícola antes de la fecha límite. El escenario más probable es que el Congreso apruebe una prórroga a corto plazo, probablemente hasta el 31 de diciembre, para tener tiempo de abordar varios asuntos pendientes relacionados con la asistencia nutricional, los programas de conservación y el apoyo a los principales cultivos básicos, entre otros. La Ley Agrícola de este año es particularmente importante para Puerto Rico porque es muy probable que incluya un lenguaje que autorice la eliminación gradual del actual Programa de Asistencia Nutricional que ayuda a miles de hogares de bajos ingresos en el archipiélago e incluya a Puerto Rico en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (“SNAP”, por sus siglas en inglés). La transición al SNAP aumentaría el número de hogares que pueden participar en el programa, incrementaría el promedio de beneficios disponibles para la asistencia nutricional y pondría fin a décadas de trato discriminatorio injusto contra los residentes de Puerto Rico que, por lo demás, reúnen los requisitos para participar en este programa. El gobierno de Puerto Rico y muchas ONG, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, abogan actualmente por la inclusión de un lenguaje que permita esta transición en la nueva Ley Agrícola. Al momento de escribir estas líneas, es difícil evaluar las probabilidades de éxito, pero esta es la mejor oportunidad que hemos tenido en años para lograr este importante cambio de política pública.
La Ley de Reducción de la inflación y la energía verde – Estudiosos de Brookings Institution examinan la Ley de Reducción de la Inflación (“IRA” por sus siglas en inglés) las implicaciones económicas de las disposiciones sobre energía verde de la Ley de Reducción de la Inflación (“IRA”), que prevé unos $392,000 millones en incentivos para la energía verde a lo largo de diez años. Según Brookings, “la mayoría de los modelos sugieren que la ley pone a Estados Unidos en camino para lograr reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 2005 en el rango del 32-42% para 2030, lo que supone entre 6 y 11 puntos porcentuales menos que sin la IRA. La IRA reduce los costos de adopción de tecnologías limpias y acelera el despliegue de la generación de electricidad limpia, los vehículos eléctricos y varias tecnologías emergentes, como la captura de carbono y el hidrógeno. Eso reduciría la brecha entre las emisiones actuales y el objetivo fijado para Estados Unidos en el Acuerdo Climático de París”. Puerto Rico puede beneficiarse de estos incentivos, pero tiene que actuar con rapidez, ya que la mayor parte del financiamiento se asignará por orden de llegada.