CNE – Centro Para Una Nueva Economía – Center for a New Economy
Non-profit, economic research and policy development organization
Francamente no entiendo porque hay personas en Puerto Rico que se sorprenden ante la incompetencia demostrada por la Autoridad de Energía Eléctrica en el manejo de la reconstrucción del sistema eléctrico posteriormente al azote del huracán María.
Puerto Rico is at a critical junction in the disaster recovery process after Hurricane María. Relief efforts, while still ongoing in certain parts of the island, are slowly winding down and soon will give way to recovery activities and the rebuilding of the island. It is, therefore, “a time of desperate loss, yet also a time of distinct possibility.”1
Antes del paso de los huracanes Irma y María, tanto la creación de la Junta de Control Fiscal (“JCF”) como el proceso de restructuración de la deuda fueron objeto de un álgido debate público. Sin embargo, ese no fue el caso con la definición de servicios esenciales y al día de hoy ni el gobierno ni la JCF ha tomado una posición clara sobre cuáles son las prestaciones primarias que provee el gobierno. Ha sido necesario el azote de un huracán categoría 4 para traer este tema al centro del discurso público.
TREAT PUERTO RICO FAIRLY – Puerto Ricans are US citizens by birth. Therefore, Congress should treat Puerto Rico as a state for purposes of allocating disaster recovery and rebuilding funds. Funding provided through FEMA and the Community Development Block Grant-Disaster Recovery program should be allocated to Puerto Rico on terms and conditions no less advantageous than those applicable to the fifty states, including funding for hazard mitigation to ensure we minimize harm from similar events in the future.
This hurricane season has been particularly bad with major storms hitting Florida, Texas, Puerto Rico, the United States Virgin Islands, and several Gulf states. Total damages are estimated to exceed $200 billion. The Federal Emergency Management Agency (“FEMA”) is doing the best job it can with the resources it has at its disposal, but it is clearly reaching the limits of its capabilities.
Se supone que la ley PROMESA facilitaría una transformación radical en el desempeño de nuestro sector público. Según la narrativa oficial, la intervención federal era inevitable ante nuestro desbarajuste administrativo.
El final de la Gran Recesión provocó gran interés en estudiar los efectos de la implementación de políticas de austeridad económica en países atravesando por una crisis fiscal. Mark Blyth, profesor en la Universidad de Brown, publicó uno de los mejores análisis sobre la austeridad y sus efectos en su libro Austerity: The History of a Dangerous Idea (Oxford, 2013).
El científico político puertorriqueño Jaime Lluch argumenta en una columna publicada recientemente en este diario, ¿Por qué fracasa Puerto Rico?, que nuestras instituciones y prácticas políticas muestran un alto nivel de deterioro: la prevalencia de redes de clientelismo y de corrupción; la dependencia en las conexiones sociales entre grupos sociales privilegiados por encima del criterio de mérito en todo tipo de relaciones económicas y políticas; un alto grado de disfuncionalidad e ineficiencia del aparato estatal y la burocracia; y unas élites asociadas a los dos partidos principales que usan al gobierno para su beneficio.
