Weekly Review – 4 febrero 2021

Publicado el 4 de febrero de 2021 / Read in English

Estimados lectores:

Puerto Rico atraviesa por varias crisis simultáneas y sobrepuestas una sobre la otra. Esta situación exige una respuesta robusta de parte del gobierno de Puerto Rico precisamente cuando su capacidad de ejecución se encuentra limitada por la quiebra, la politización del empleo público, años de políticas de austeridad y la corrupción. Esa conjunción de una agenda de trabajo abrumadora y la falta de recursos humanos y financieros adecuados requiere que se establezcan prioridades claras de trabajo. Es por eso que esta semana dedicamos una edición especial del Weekly Review a un Memorando que el equipo de CNE ha preparado para la administración del gobernador Pedro Pierluisi y que le presentamos hoy a ustedes.

En nuestra opinión las prioridades de la nueva administración deben ser:

1. la pandemia de COVID-19;
2. la reconstrucción de la infraestructura dañada o destruida por los huracanes de 2017 y los terremotos de 2020;
3. la reestructuración de la deuda del gobierno central;
4. la agenda de asuntos pendientes en Washington, D.C.; y
5. comenzar a pensar en una estrategia de crecimiento económico endógeno a mediano y largo plazo.

Esto no significa que esas son las únicas áreas importantes que debe atender la nueva administración, pero sí creemos que es urgente atender estas cinco áreas.  Además de identificar prioridades de trabajo también incluimos en el Memorando al Gobernador algunas recomendaciones sobre cómo atenderlas.

Nuestra intención es ayudar a la ciudadanía a entender la complejidad de la situación en que vivimos, resumiendo en un solo documento cinco asuntos importantes que afectarán nuestra calidad de vida por décadas. Buscamos también enfocar la atención de los medios y de la administración en soluciones para algunos de nuestros problemas más apremiantes.

Espero que este Memorando te ayude a discernir la complejidad de nuestro entorno socioeconómico y también a pensar sobre cómo debemos responder colectivamente a esta época complicada que nos ha tocado vivir.

—Sergio M. Marxuach, editor

Memorando de Política Pública
Recomendaciones al Gobernador de Puerto Rico

Resumen Ejecutivo

A corto plazo este es el asunto más urgente e importante que enfrenta su administración. Recomendamos:

• Continuar educando a la ciudadanía sobre la importancia de utilizar mascarillas, guardar distanciamiento social y evitar la aglomeración de personas en lugares públicos.
• Redoblar los esfuerzos para realizar pruebas y continuar con el rastreo y contacto de personas que hayan podido estar expuestas al virus.

Puerto Rico ha hecho avances en el proceso de vacunación, pero algunos problemas logísticos son previsibles a corto plazo. Para atajarlos, sugerimos:

• Habilitar múltiples centros de vacunación a nivel local, no solo en hospitales, CDTs y farmacias, sino también en centros comunitarios y otras instalaciones de fácil acceso alrededor de toda la isla.
• Entrenar y autorizar a dentistas, técnicos de emergencias y paramédicos, y otro personal con entrenamiento apropiado, a vacunar personas contra el COVID-19.

Finalmente, es necesario continuar apoyando a los dueños de pequeñas y medianas empresas, así como a las personas que han quedado desempleadas debido a la pandemia. Recomendamos:

• Diseñar un programa local para ayudar a los más necesitados y a las poblaciones que por una variedad de razones no estén cubiertas por el plan del gobierno federal.

La lentitud con que se ha llevado a cabo el proceso de reconstruir el acervo de capital destruido por los huracanes de 2017 y los terremotos de 2020 constituye un lastre sobre la economía de Puerto Rico. Recomendamos:

• Abogar para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal (“OMB”, por sus siglas en inglés) acelere el proceso de prorratear (“apportion”) las asignaciones congresionales para permitir su uso.
• Enmendar las condiciones para el desembolso de fondos CDBG-DR establecidas en los contratos de subvención (“grant agreements”) con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para establecer un proceso de control razonable y no-discriminatorio.

Más allá de acelerar el desembolso de los fondos para la reconstrucción, recomendamos que se les otorgue prioridad a las áreas de vivienda y energía.

Según detallamos en el informe de nuestra iniciativa de vivienda, Blueprint, el largo proceso de la reconstrucción posdesastre será definido primordialmente por las necesidades apremiantes de vivienda. Necesitamos un marco abarcador de planificación y política pública que se fundamente, como mínimo, en los siguientes principios:

1. proveer vivienda digna, segura y asequible para todos,
2. desarrollar comunidades inclusivas, saludables y con oportunidades plenas de movilidad social, y
3. fomentar la participación de comunidades en todos los procesos de toma de decisiones.

Los estragos de la pandemia han retrasado los programas de la reconstrucción y empeorado la vulnerabilidad residencial de cientos de miles de familias en Puerto Rico. Ante esta crasa lentitud, resulta imprescindible que el gobierno de Puerto Rico:

• aproveche y administre, rápida y efectivamente, los $325 millones que se identificaron para Puerto Rico bajo el programa de “Emergency Rental Assistance Program” que se creó a través del Coronavirus Relief Fund, y
• revise y enmiende el diseño de los principales programas de reconstrucción de viviendas para, entre otras cosas:
  • acelerar el paso,
  • asegurar que las comunidades locales están completamente involucradas en todos los procesos de tomas de decisiones, y
  • que las inversiones gubernamentales redunden en beneficios a comunidades completas y no solo a un grupo selecto de hogares.

A la fecha de hoy, hay cuatro procesos importantes que transcurren de manera paralela, cada uno de los cuales afectará el futuro del sistema eléctrico de Puerto Rico:

• el Plan Integrado de Recursos (“PIR”) de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) ha sido aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (“NEPR”) y su implementación está por comenzar;
• la AEE intenta modernizar y reconfigurar la red eléctrica de Puerto Rico como parte del esfuerzo más abarcador de reconstrucción de la infraestructura de la isla;
• los términos de la deuda de la AEE con sus bonistas y otros acreedores se están renegociando bajo el Título III de PROMESA; y
• el gobierno de Puerto Rico ha firmado un acuerdo para transferir la administración y operación del sistema de transmisión y distribución de electricidad a una entidad privada y comenzado el proceso para hacer lo mismo con la capacidad de generación.

Es imperativo que la reconstrucción de la red eléctrica, la reestructuración de la deuda de la AEE y la privatización de la administración y operación del sistema se ejecuten de una manera que sea consistente con el PIR, que es el plan maestro para el sistema eléctrico a largo plazo. Al momento hay dos planes – el “System Remediation Plan” (“SRP”) y el Plan de Modernización de Infraestructura (“PMI”) – que se están ejecutando como dos proyectos en paralelo y que efectivamente resultarán en esfuerzos duplicados y en el despilfarro de fondos.

Recomendamos, por tanto:

1. que nombre un coordinador que le reporte directamente a la Secretaria de la Gobernación y que tenga la autoridad para coordinar estos cuatro procesos para que se ejecuten de manera ordenada, eficiente y racional;
2. que el NEPR celebre vistas públicas para que la AEE explique cómo se va a coordinar el SRP y el PIM a diez años, y cómo va a evitar la duplicación de esfuerzos y el desperdicio y malgasto de fondos; y
3. que su administración no apruebe la construcción nueva de infraestructura de almacenaje de gas natural o de generación eléctrica con gas natural, a menos que sea consistente con los requerimientos del PIR.

PROMESA requiere que Puerto Rico presente un Plan de Ajuste (“POA”, por sus siglas en inglés) viable para salir con éxito del proceso del Título III y la jueza Taylor Swain ha dado a las partes hasta el 10 de febrero de 2021 para acordar los términos básicos de un POA.

La Junta de Supervisión y Administración Fiscal (“JSAF”) está negociando una reestructuración de los Bonos de Obligación General (“BOG”) y otra deuda cuya fuente de repago en última instancia depende del fondo general (aproximadamente $35,000 millones). En octubre de 2020, la JASF revisó su oferta a los acreedores para reducir esta deuda a aproximadamente $11,900 millones, consistiendo de (1) $6,000 millones en efectivo; (2) $4,900 millones en nuevos BOG; y (3) $1,000 millones en la forma de un Instrumento de Valor Contingente (“IVC”).

En el contexto actual, la introducción de un IVC es un avance novedoso, ya que ofrece una alternativa para mitigar el alto nivel de incertidumbre, ofreciendo a los inversionistas un recobro mayor, en caso de que la economía tenga un desempeño superior, mientras protege al gobierno y a los residentes de Puerto Rico en caso de que los ingresos del gobierno estén por debajo de las expectativas.

En el análisis final, es una propuesta en la que todos ganan, ya que los inversionistas participan de cualquier escenario económico potencial al alza; Puerto Rico se queda con una carga de deuda sostenible y; ambas partes mitigan el riesgo de un nuevo incumplimiento a corto plazo.

Los funcionarios del gobierno deben volver a comprometerse a asegurar el acceso equitativo a todos los programas federales para Puerto Rico, especialmente en lo que se refiere a:

• los fondos de Medicaid,
• la extensión de un Crédito por Ingreso Devengado (“EITC”, por sus siglas en inglés),
• el acceso al Seguro de Ingreso Suplementario (“SSI”, por sus siglas en inglés) y
• una transición bien pensada al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (“SNAP”, por sus siglas en inglés).

Es importante que, en paralelo, los funcionarios locales ayuden a eliminar el estigma público y el discurso negativo en torno a las poblaciones que participan en programas de bienestar.

Es importante comenzar a pensar en una política industrial del siglo 21 para Puerto Rico. Una política industrial moderna busca identificar sectores económicos, por ejemplo, agricultura de alta tecnología, servicios avanzados o especializados, o manufactura sofisticada, en la que un país tiene la oportunidad de crear mayor valor agregado y así generar crecimiento económico, así como nuevos y mejores empleos.

De acuerdo con Robert Devlin, las políticas industriales eficaces tienen al menos tres elementos en común:

1. establecer una visión estratégica nacional para el mediano y largo plazo,
2. colaborar eficazmente con el sector privado, en términos generales,
3. ejecutar coherentemente la política industrial a lo largo del tiempo.

Es necesario pensar en la política industrial como un proceso interactivo de cooperación estratégica entre el sector privado y el gobierno; que, por un lado, sirve para obtener información sobre oportunidades y limitaciones comerciales y, por otro, genera iniciativas de política pública en respuesta.