En Washington D.C., existe una fecha simbólica de 100 días para medir el desempeño de una nueva Administración. Después de todo, la primera impresión cuenta. A medida que la Administración y el nuevo Congreso se acercan a los primeros 100 días, respectivamente, Puerto Rico, para bien o para mal, se ha mantenido dentro de las prioridades nacionales.
A fines de febrero, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. decepcionó a muchos puertorriqueños cuando presentó un alegato de respuesta en el caso Peña-Martínez contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito. En su escrito, el DOJ justifica la exclusión discriminatoria de los residentes de Puerto Rico de varios programas federales, incluyendo el Seguro de Ingreso Suplementario, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y los subsidios de bajos ingresos de la Parte D de Medicare.
Luego vino el Plan de Rescate Estadounidense y el estado de ánimo cambió rápidamente. Junto con la expansión permanente del crédito por trabajo local (EITC, por sus siglas en inglés), muchas familias puertorriqueñas se beneficiaron de los cheques de estímulo, la extensión de las transferencias electrónicas de beneficios pandémicos (P-EBT, por sus siglas en inglés) para estudiantes de bajos ingresos, un pequeño aumento en los beneficios alimentarios y la extensión permanente del Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) a familias con uno o dos hijos en Puerto Rico.
También se reservó una cantidad considerable de fondos para la isla a través del Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local para mitigar los efectos económicos del COVID. Los municipios con problemas de liquidez finalmente están recibiendo un alivio muy necesario con casi $1,000 millones en fondos de ayuda fiscal. Se espera que el gobierno central de Puerto Rico reciba otros $2,500 millones. Este dinero se puede utilizar para:
- Ayudar a los hogares, pequeños negocios y las organizaciones sin fines de lucro, o apoyar a las industrias afectadas por la pandemia;
- Extender una bonificación a trabajadores esenciales;
- Brindar servicios gubernamentales que fueron reducidos a la fuerza por la pandemia; o
- Hacer inversiones en infraestructura de agua, alcantarillado y banda ancha (broadband).
Los fondos no se pueden utilizar para capitalizar fondos de pensión o para compensar las reducciones en los ingresos fiscales. Mas allá, todos los fondos deben gastarse para fines de diciembre de 2024. Aún tenemos que esperar por los detalles sobre el proceso de solicitud y el uso de los fondos, pero en general, los gobiernos deberán presentar al Tesoro de Estados Unidos un certificado de necesidad que explique las dificultades en cada jurisdicción y la necesidad de dicha ayuda.
El lunes pasado, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) también anunció la eliminación de las onerosas restricciones sobre los fondos de Subsidios en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) que fueron impuestos exclusivamente a Puerto Rico por el exsecretario de HUD Ben Carson. La combinación de todos estos fondos debería, en teoría, permitir que Puerto Rico se beneficie de un potencial aumento en inversión pública. El reto recae en asegurar que los municipios y el gobierno central tengan la capacidad de administrar la entrada de todos estos fondos a la vez, y en elegir inversiones de calidad que creen empleos, contribuyan al bienestar de los residentes e impulsen el crecimiento económico a largo plazo.
Mientras tanto, a un par de millas de distancia en la Avenida Pennsylvania, el nuevo Congreso ya ha celebrado dos vistas enfocadas en Puerto Rico. En marzo, el Subcomité de Salud de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. celebró una vista para examinar el impacto del llamado “precipicio fiscal de Medicaid” en cada uno de los territorios de EE.UU. con representación de miembros del Congreso de cada uno de los territorios, y representación tanto de Medicaid y la Comisión para el Pago y Acceso de Medicaid y CHIP (MACPAC, por sus siglas en inglés) como de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), la vista expuso las deficiencias del financiamiento de salud en los cinco territorios: Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de EE.UU., Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte.
La semana pasada, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes celebró una audiencia legislativa para discutir el H.R.1522 y el H.R. 2070, dos proyectos de ley diseñados para abordar el estatus político de Puerto Rico. H.R.1522, redactado por el representante Darren Soto y coauspiciado por 60 miembros, busca ratificar una petición para que Puerto Rico sea admitido como estado de EE.UU. Mientras que el H.R. 2070, de la autoría de la representante Nydia Velázquez y coauspiciado por 73 miembros del Congreso, pide una convención sobre el estatus y establece un mecanismo para que el Congreso considere dicha decisión.
Finalmente, la semana pasada la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca anunció el nombramiento de Gretchen Sierra-Zorita como directora asociada para Puerto Rico y los otros cuatro territorios de Estados Unidos. Tener a Sierra-Zorita y un equipo de expertos en la Casa Blanca enfocados únicamente en los problemas de los territorios de EE.UU. es sin duda una buena noticia. En lo que se refiere a los asuntos de Puerto Rico, esperamos que la oficina considere nuestras recomendaciones.
Después de décadas de negligencia por parte de Washington, la atención y ayuda que se le está brindando a la isla es una buena señal para las organizaciones puertorriqueñas como nosotros, que durante mucho tiempo han abogado a favor de que gobierno federal actúe. Es probable que las discusiones sobre los temas mencionados anteriormente, y otros, se intensifiquen en Washington en los próximos meses, especialmente a medida que la isla se acerca a otro precipicio de financiamiento de Medicaid y la Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para emitir su veredicto sobre el caso de Vaello Madero. En este último asunto, el gobierno de Estados Unidos aún tiene tiempo para retirar su apelación. Estaremos monitoreando de cerca e insistiendo para que la isla siga siendo una prioridad en este nuevo panorama gubernamental.