Publicado el 11 de febrero de 2021 / Read in English
Estimados lectores:
El paquete de estímulo de $1.9 billones (trillion en inglés) propuesto por el presidente Biden está comenzando a atraer cierta oposición de grupos opuestos a aumentos en el déficit y la inflación en Estados Unidos. Su argumento es que la economía está en mejores condiciones de lo que se pronosticó originalmente la primavera pasada y, por lo tanto, el nuevo paquete de estímulo incrementará la inflación al aumentar el ingreso disponible por encima de la brecha existente entre el producto potencial y el actual. Los partidarios de la propuesta de Biden argumentan que si bien es cierto que el estímulo económico anterior ha ayudado a apoyar a millones de empresas y familias, los fundamentos de la economía aún están débiles y los costos de una recuperación lenta o estancada superan con creces cualquier costo potencial de inflación futura.
En nuestra opinión, los partidarios del plan de Biden tienen mejores argumentos. La inflación ha estado por debajo del objetivo de la Reserva Federal durante años. El empleo total sigue estando unos 10 millones de puestos de trabajo por debajo del nivel de la primavera pasada, el número de desempleados a largo plazo (seis meses o más) sigue aumentando y millones de trabajadores, especialmente mujeres y minorías, han abandonado la fuerza laboral remunerada (y por lo tanto no cuentan como desempleados) para cuidar a familiares enfermos o ayudar a sus hijos con la educación desde el hogar.
Además, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas han cerrado definitivamente, mientras que el futuro de sectores económicos completos, como el comercio al detal, los viajes, el ocio y el entretenimiento, parece tambalearse. Finalmente, la facilidad con la que el coronavirus aún se está propagando, la aparición de nuevas cepas, el lento inicio del lanzamiento de la vacuna COVID-19 y el escaso acceso a las vacunas en gran parte del mundo, han complicado los pronósticos económicos y han hecho que el comportamiento de las empresas y los consumidores sea difícil de predecir.
En resumen, nos parece que los riesgos de hacer muy poco para estimular la economía hoy exceden significativamente los riesgos de inflación hipotéticos que pueden ser avivados por el paquete de estímulo del presidente Biden.
Mantenga el rumbo, señor presidente.
—Sergio M. Marxuach, editor
Análisis de CNE
Plan de ajuste
Por Sergio M. Marxuach, director de Política Pública
La Junta de Supervisión y Administración Fiscal (“JSAF”) anunció ayer que “llegó a un acuerdo en principio con varios grupos de acreedores para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles luego de un exitoso proceso de mediación”. Como resultado de ese acuerdo, la JSAF solicitó a la corte extender hasta el 8 de marzo de 2021 el plazo para presentar un Plan de Ajuste modificado (“PA”), que modificaría los términos y condiciones de las deudas del gobierno central con varios grupos de acreedores. Estas deudas incluyen bonos de Obligación General, bonos emitidos por la Autoridad de Edificios Públicos y obligaciones con varios grupos de acreedores no-asegurados. En total, el PA reestructuraría aproximadamente $35,000 millones en deudas del gobierno central.
La oferta anterior de la JASF a los acreedores buscaba reducir esa deuda a aproximadamente $11,900 millones, consistiendo de (1) $6,000 millones en efectivo; (2) $4,900 millones en nuevos bonos de Obligación General; y (3) $1,000 millones en la forma de un Instrumento de Valor Contingente (“IVC”). Según la JSAF, la tasa de recuperación promedio para todos los acreedores fluctuaría entre 31.3% (sin incluir los pagos del IVC) y 34.1% (incluyendo todos los pagos del IVC), aunque demuestra gran variación entre las diversas clases de acreedores. Los términos de este nuevo acuerdo no se han divulgado todavía.
Ahora bien, el punto importante de todo este andamiaje de reestructuración está anclado en proyecciones económicas a mediano y largo plazo, que a su vez se utilizan para estimar los ingresos disponibles al gobierno y calcular el superávit primario (el dinero que queda después de cubrir los gastos operacionales del gobierno) que se puede utilizar para el servicio de la deuda reestructurada. De acuerdo con informes de prensa y documentos publicados por la JSAF algunos acreedores están objetando las proyecciones económicas de la JSAF porque las consideran demasiado pesimistas. Esto no debe sorprendernos debido a la naturaleza adversativa del proceso de reestructuración. Y también porque hacer proyecciones económicas y fiscales a largo plazo (20 años o más) es difícil en el mejor los tiempos. Y ciertamente no estamos en los mejores tiempos.
Las necesidades insatisfechas de Puerto Rico
Por Rosanna Torres – directora, Oficina de Washington, D.C.
Puerto Rico ha entrado en su cuarto año de reconstrucción. La cantidad de tiempo que ha pasado podría sugerir que la recuperación está completamente en marcha. Sin embargo, la realidad es muy diferente.
A pesar de los miles de millones de dólares que el Congreso ha asignado, las necesidades de la isla prevalecen. No hay duda de que la lentitud en el desembolso de los fondos ha obstaculizado los esfuerzos de reconstrucción de Puerto Rico. Aunque parte del retraso podría atribuirse a los reparos del gobierno federal sobre cómo Puerto Rico administró sus finanzas en el pasado, esa retórica se ha desviado injustamente más allá de la crisis fiscal y se ha transformado en la narrativa más tóxica de que Puerto Rico es incapaz de dirigir su propio gobierno. Aprovechando esa narrativa, la Administración Trump nombró múltiples monitores en agencias federales con responsabilidades ambiguas, lo que resultó en un proceso altamente burocrático e ineficiente que ha impedido que la ayuda llegue.
A la luz de la aprobación del financiamiento más reciente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), aprovechamos esta oportunidad para explicar el proceso de financiamiento detrás del programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Alivio de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) de HUD.
CNExplica
Por Jennifer Wolff, Ph.D. – directora, Buró de Madrid
¿Cuáles son las tendencias globales que Puerto Rico debe tomar en cuenta al armar un plan de crecimiento económico para el siglo XXI? La pandemia del COVID-19 ha propiciado una serie de cambios a nivel mundial por lo que la isla no puede volver a descansar en los mismos esquemas sobre los que se ha apoyado en las últimas décadas.
En nuestro radar...
Vivienda y COVID-19 – Los investigadores Kay Jowers, Christopher Timmins, Nrupen Bhavsar, Qihui Hu y Julia Marshall publicaron recientemente los resultados de una investigación en el website del NBER que encontró que “las políticas que limitan los desalojos reducen las infecciones por COVID-19 en un 3.8% y reducen las muertes en un 11%”. Mientras que “la moratoria sobre las desconexiones de servicios públicos reduce las infecciones por COVID-19 en un 4.4% y las tasas de mortalidad en un 7.4%”. Según los autores, “si tales políticas hubieran estado vigentes en todos los condados (es decir, adoptadas como política federal) desde principios de marzo de 2020 hasta finales de noviembre de 2020, las políticas que limitan los desalojos podrían haber reducido las infecciones por COVID-19 en un 14.2% y las muertes en 40.7%. Para la moratoria sobre las desconexiones de servicios públicos, las tasas de infecciones por COVID-19 podrían haberse reducido un 8.7% y las muertes un 14.8%”.
Monopolio y democracia –Fue el gran Louis D. Brandeis quien escribió que “Podemos tener democracia en este país, o podemos tener una gran riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas”. La profesora Zephyr Teachout escribe sobre el movimiento antimonopolio moderno en este artículo para Foreign Affairs.
Salario mínimo –Según Annie Lowrey de The Atlantic, “los salarios mínimos tienen una forma de arruinar la intuición económica y complicar la lógica simple de la oferta y la demanda. Los beneficios de un salario mínimo de $15 superarían en gran medida los costos. Más que eso, la nueva evidencia económica sugiere que esos costos podrían ser pequeños de todos modos: incluso en las áreas del país con bajos salarios, baja densidad y bajo costo de vida, un mínimo de $15 podría no ser una sentencia de muerte para los pequeños negocios o reducir el empleo para trabajadores con salarios bajos “.