Publicado el 25 de febrero de 2021 / Read in English
Estimados lectores:
La edición de esta semana del Weekly Review se centra en dos temas que a primera vista pueden parecer no estar relacionados: la reapertura de escuelas y la necesidad de modernizar la infraestructura a la luz del cambio climático, como lo demuestran los apagones generalizados en Texas.
Sin embargo, ambos programas de política pública requieren un alto grado de capacidad estatal para ejecutarse con éxito. Como saben los lectores del Weekly Review, la capacidad estatal es el conjunto de destrezas, capacidades y recursos necesarios para desempeñar funciones de política pública, que van desde el diseño, implementación y prestación de servicios públicos, hasta la evaluación y el ajuste de la política pública, según sea necesario.
Mientras Puerto Rico se prepara para reabrir sus escuelas y gastar miles de millones de dólares en nueva infraestructura, incluida una nueva red eléctrica, muchos dudan de que la isla tenga la capacidad para planificar, ejecutar y administrar iniciativas de política pública complejas de manera eficaz y oportuna. La capacidad de ejecución, de hecho, sigue siendo una pregunta abierta. Los problemas con el desembolso de los fondos de Asistencia por Desempleo Pandémico (“PUA”, por sus siglas en inglés), el colapso de la votación durante las primarias y el hecho de que más de tres años después del huracán María solo se han reconstruido un puñado de casas bajo los programas locales de reconstrucción, son solo algunos ejemplos recientes de la falta de capacidad estatal de Puerto Rico.
Supongo que pronto sabremos si al gobierno central de la isla le queda alguna capacidad para ejecutar programas de políticas complejos y proporcionar al menos algunos de los servicios básicos que el pueblo de Puerto Rico necesita desesperadamente.
—Sergio M. Marxuach, editor
Análisis de CNE
¿Cómo reabrir las escuelas?
Por Jennifer Wolff, Ph.D. – directora, Buró de Madrid
Las Naciones Unidas le han llamado una “catástrofe generacional” en ciernes. El cierre prolongado de las escuelas tendrá repercusiones negativas en el futuro de los niños y jóvenes de todo el mundo y Puerto Rico no será una excepción. Amén de que afectará negativamente el acervo del futuro capital humano de la isla.
Es por esto que la discusión sobre cuándo y cómo reabrir las aulas resulta de particular urgencia. No se trata de prisas sino de otorgarle la prioridad debida al sistema educativo. La experiencia acumulada por otros países nos dice que la reapertura de los planteles no se circunscribe a colocar botes de gel o hacer listas de cotejo, sino que requiere el envolvimiento activo y continuo de los organismos de educación y salud pública, la comunidad escolar y los gobiernos regionales y estatales para que el sistema pueda continuar funcionando de forma segura en medio de la pandemia. Es un proceso intenso en tiempo y esfuerzo que requiere salir de la rigidez de las burocracias y las “zonas de confort”.
Crédito de la imagen: May-Ying Lam for The Texas Tribune
El caos en Texas
Por Sergio M. Marxuach, director de Política Pública
La semana pasada, los residentes de Texas tuvieron su encuentro cercano más reciente con un evento climático extremo. Por sexta vez en veinte años, las temperaturas bajaron a mínimos helados y la demanda de electricidad, como era de esperar, se disparó. Pero el administrador de la red de Texas, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (“ERCOT”, por sus siglas en inglés) estaba extremadamente mal equipado para hacer frente a esta contingencia previsible. Esta es una historia complicada, así que vayamos paso a paso.
Texas, a diferencia de los otros 47 estados contiguos de los Estados Unidos, administra una red en gran parte aislada y que, en general, no está interconectada con generadores de electricidad fuera del estado. Para evitar la regulación federal y “proteger” la poderosa industria de petróleo y gas del estado, el estado ha creado una red de servicios públicos en gran medida independiente y poco regulada. Como resultado, el 90% de la electricidad en Texas se genera en el estado.
Impacto en Política Pública
Por Rosanna Torres – directora, Oficina de Washington, D.C.
La semana pasada, de acuerdo con nuestras recomendaciones y aludiendo a nuestras investigaciones, cinco miembros del Congreso, encabezados por la representante Nydia M. Velázquez, escribieron una carta a la Administración Biden solicitando que retire la petición de certiorari sometida anteriormente por la Administración Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La petición, presentada por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), expone las razones por las que el programa de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) no debería extenderse a los residentes de Puerto Rico. CNE envió un memorando al equipo de transición del presidente Biden en noviembre donde sugerimos, entre otras cosas, que para cumplir con sus promesas de extender el programa SSI a la isla, la Administración debería retirar la petición del DOJ de certiorari en el caso del señor Vaello-Madero.
En nuestro radar...
Política fiscal keynesiana – “Con las economías occidentales golpeadas por COVID-19 y los bancos centrales quedándose sin municiones, la política fiscal es la única alternativa. Esto debe reconocerse abiertamente y las reglas fiscales deben reescribirse para permitir una política anticíclica más activa y un papel mucho más importante del gobierno en la asignación de capital”, escribe Robert Skidelsky para Project Syndicate.
Programas de estabilización automática – William A. Galston, de Brookings Institution, sostiene que “deberíamos autorizar previamente medidas de estabilización económica, cuyo tamaño y programación [se] determinarían mediante umbrales cuantitativos”. Por ejemplo, “cuando la tasa de desempleo de un estado aumenta en una cantidad definida legislativamente, los pagos de contrapartida del gobierno federal para Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) aumentarían automáticamente, y también cualificarían para un seguro de desempleo extendido y mejorado”. Eventualmente, “a medida que la recesión disminuya, la ayuda federal en estas tres categorías se reducirá y se reduciría a cero cuando las condiciones hayan vuelto a la normalidad (según lo defina la legislación)”.
Repercusiones sociales de las pandemias – “Las epidemias pueden tener efectos sociales a largo plazo, aumentando la probabilidad del malestar social. También pueden tener un efecto atenuante, suprimiendo el malestar al disuadir las actividades sociales. Utilizando un nuevo panel mensual sobre disturbios sociales en 130 países, [investigadores del FMI encontraron] una relación transversal positiva entre los disturbios sociales y las epidemias. Pero la relación se invierte a corto plazo, lo que implica que el efecto mitigante domina en el corto plazo. Las tendencias recientes en el malestar social inmediatamente antes y después del brote de COVID-19 son consistentes con esta evidencia histórica”.