CNE – Centro Para Una Nueva Economía – Center for a New Economy
Non-profit, economic research and policy development organization
La sorprendente paralización de la certificación de los representantes del interés público en la Junta de Gobierno de la AEE es el ejemplo más reciente de un sistema arbitrario que se ha abrogado impunemente el poder y que se auto-reproduce a costa de los mejores intereses del pueblo.
Proveer una infraestructura adecuada, que fomente y facilite el desarrollo económico, es una de las funciones básicas de cualquier gobierno moderno. La inversión pública en activos con una vida útil relativamente larga, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, hospitales, escuelas, plantas generadoras de electricidad, represas, plantas de tratamiento de aguas, y líneas de transmisión y distribución de electricidad, entre otros, es beneficiosa para el desarrollo económico por múltiples razones.
The executive branch of the government of Puerto Rico carries out its operations through two distinct sets of administrative structures. On the one hand, there are the agencies and departments, such as the Justice and the Treasury departments, which constitute the “central government” of the Commonwealth. On the other hand, there are the state- owned enterprises, commonly known as “public corporations” in Puerto Rico, which constitute what we may call the “other” central government of Puerto Rico.
El viernes pasado, 25 de noviembre, la Autoridad de Energía Eléctrica (la “AEE”) publicó un aviso a sus clientes en un periódico de circulación nacional. Dicho aviso, el cual reproducimos aquí, anuncia la “creación de una nueva tarifa residencial no subsidiada” La tarifa será efectiva el 1 de diciembre y “estará disponible con carácter temporero (sic).”
Recientemente se han presentado varias propuestas para reducir el costo de la electricidad en Puerto Rico. Algunas de estas sugerencias son muy buenas.
No conozco a nadie en estos momentos que esté contento con la Autoridad de Energía Eléctrica. Ni las otras agencia de gobierno, ni siquiera muchos de sus propios empleados, y de la ciudadanía en general ni se hable. Se está desarrollando una indignación popular ante los abusos de esa corporación pública y ante las posturas de prepotencia que han asumido que difícilmente amainarán.
En días recientes se ha suscitado un caldeado debate público sobre el tema de la factura que pagamos por el consumo de energía eléctrica. Para el cliente residencial promedio, que no disfruta de subsidios ni créditos, dicha factura consiste de cuatro componentes.
Se ha formado una tormenta en Puerto Rico y no es Irene a quien me refiero. Una vez más, la Autoridad de Energía Eléctrica esta en la mirilla ciudadana por las exorbitantes facturas que insistente y descaradamente nos envían cada mes sin falta.
