CNE – Centro Para Una Nueva Economía – Center for a New Economy
Non-profit, economic research and policy development organization
Esta semana vemos el programa de compensación por desempleo de cara a la pandemia de COVID-19, la certificación de la JSAF del plan fiscal de la AEE y la importancia de tomar decisiones basadas en datos al analizar el riesgo y determinar cómo y cuándo abrir distintos sectores industriales.
Hay una gran incertidumbre para los 50 millones de estadounidenses que han dependido de la compensación de emergencia por desempleo para satisfacer sus necesidades básicas después de perder inesperadamente su trabajo debido a la pandemia de COVID-19, ya que la asistencia adicional de desempleo está programada para finalizar el 31 de julio.
Esta semana hacemos una pausa para analizar cómo el discurso de austeridad económica ha llegado a dominar el debate sobre la reforma municipal en Puerto Rico desmenuzando la narrativa oficial y explicando por qué es necesario cambiarla. Además, el equipo de CNE se pregunta cómo Puerto Rico está gastando los $13,900 millones que se han asignado en fondos federales para lidiar con los efectos de la pandemia.
Four years after the federal law PROMESA was approved, and after nearly fifteen consecutive years of fiscal austerity measures, our public management vocabulary has adopted concepts and terms generally associated with the business sector. Since then, efforts have been made to “optimize” resources, improve “efficiency” when providing services, and achieve “self-sufficiency” in public agencies.
Recientemente han estado ocurriendo muchas cosas en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esta semana dedicamos una edición especial del Weekly Review para destacar dos transacciones recientes ejecutadas por la AEE que juntas podrían tener un efecto adverso importante en el sector eléctrico de Puerto Rico.
Cuatro años después de la promulgación de PROMESA, Puerto Rico aún enfrenta una deuda masiva y desafíos económicos; ahora, exacerbados por los huracanes de 2017, la serie de terremotos que han sacudido la isla desde diciembre de 2019 y, más recientemente, la pandemia de COVID-19. Desde el comienzo, el Centro para una Nueva Economía (CNE) advirtió que las medidas que estaba considerando el Congreso no abordarían los problemas subyacentes que afectan a la isla.
Esta semana nos enfocamos en dos asuntos importantes para Puerto Rico. Primero, analizamos los recientes fallos judiciales que sostienen que el Congreso no puede discriminar en contra de los residentes de Puerto Rico y Guam en la aplicación del programa de Seguro de Ingreso Suplementario. En segundo lugar, destacamos algunas de las dificultades inherentes al rastreo de casos y contactos.
El Seguro de Ingreso Suplementario no está disponible para los residentes de Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Dos fallos judiciales recientes han determinado que esta exclusión categórica de los residentes de Puerto Rico y Guam es inconstitucional. Analizamos más de cerca el impacto que el programa SSI podría tener para los residentes de Puerto Rico y los posibles beneficios económicos asociados con éste.
