Weekly Review – 3 diciembre 2020

Publicado el 3 de diciembre de 2020 / Read in English

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Estimados lectores:

A medida que el año llega lentamente a su fin, es normal, tal vez incluso esperado, mirar hacia atrás a los eventos y experiencias que dieron forma a nuestras vidas durante ese año. Diciembre no es como ninguna otra época del año, un lienzo en el que podemos proyectar un abanico amplio de emociones, tanto nuestras alegrías como nuestras reflexiones. Ciertamente, 2020 será uno de los años más importantes y memorables de nuestras vidas. El año en que la globalización se detuvo en seco; cuando muchos de nosotros (re) consideramos el valor del ajetreo que solíamos llamar vida “normal”; y cuando nos dimos cuenta de lo frágil que es realmente este mundo aparentemente moderno en el que vivimos.

Por esa razón esta semana les traemos algunos temas destacados del trabajo de CNE durante este año complicado de terremotos; pandemia; esfuerzos de reconstrucción estancados; y un proceso de quiebra en curso. Esperamos que les resulte útil mientras continúan con sus propias reflexiones de fin de año.

Por último, la pandemia sigue causando estragos en el mundo, incluso mientras escribo esta introducción, especialmente en Estados Unidos, mientras que Puerto Rico ha experimentado un aumento de casos nuevos, hospitalizaciones y, lamentablemente, muertes. Sí, las vacunas están en camino, pero todavía faltan entre siete y ocho meses para haber vacunado a suficientes personas para controlar completamente la propagación del virus.

Hasta entonces, la fría y dura realidad es que después de ocho meses no hemos logrado fortalecer nuestra capacidad de salud pública. Por lo tanto, no nos quedan buenas opciones. Algunos especialistas en salud pública están pidiendo implementar un cierre total de dos semanas. Esto puede parecer una medida fuerte, lo es, pero es poco probable que funcione. Según el Dr. Michael Osterholm, director del Center for Infectious Disease Research and Policy de la Universidad de Minnesota, necesitamos un cierre total de 4 a 6 semanas para controlar realmente el virus.

Desafortunadamente, si hacemos eso sin recibir nueva ayuda del gobierno federal para los gobiernos estatales y locales, las pequeñas y medianas empresas y las familias que están en dificultades, corremos el riesgo de que aumente el desempleo, aumente la pobreza y la desesperación, y posiblemente de infligir un daño económico permanente a largo plazo, como Osterholm reconoce en este artículo de opinión para el New York Times que escribió con Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis.

Sin embargo, no podemos darnos el lujo de dejar que el virus se propague sin control ni de imponer un estado policial tipo Gestapo para hacer cumplir el toque de queda. Por eso, en este momento, nuestras mejores, pero imperfectas opciones, consisten en, primero, seguirle pidiendo a las personas que se laven las manos, usen mascarillas y mantengan el distanciamiento social; y segundo, comenzar a preparar hospitales de campo, construir unidades de aislamiento temporero, adquirir ventiladores, abastecerse de equipo de protección personal para los profesionales de la salud y aumentar el inventario de tratamientos que han demostrado ser efectivos para reducir la tasa de mortalidad por COVID-19. Si el brote de invierno/vacaciones es inevitable, por lo menos deberíamos estar preparados.

En ausencia de un nuevo apoyo federal, eso es lo mejor que podemos hacer, no solo aquí sino también en muchos estados. Sin embargo, esperamos que los oficiales del gobierno en Washington estén escuchando y, con suerte, se estén preparando para actuar.

Sergio M. Marxuach, editor

Diez aspectos destacados del trabajo de CNE durante 2020

En 2020, CNE desarrolló cientos de Daily Briefings y Weekly Reviews, informes de política pública, investigaciones empíricas, análisis basados ​​en evidencia y columnas. Destacamos los siguientes diez porque despertaron el mayor interés de nuestros lectores y son particularmente relevantes para los desafíos que enfrenta Puerto Rico.

1. Acuerdo entre la AEE y LUMA

Uno de los acontecimientos más importantes en el sector de energía este año fue la firma de un acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”) y LUMA Energy para la operación y administración del sistema de transmisión y distribución de la AEE. CNE publicó un informe de política pública analizando el Acuerdo; destacamos algunos riesgos asociados con su desempeño; identificamos varias reservas que tenemos con la transacción; y ofrecimos algunas recomendaciones para mejorarlo.

2. Trasfondo de la crisis actual

Como todos sabemos, 2020 fue un año de elecciones (¿cómo podríamos olvidarlo?) Alrededor de dos meses antes de las elecciones pensamos que era el momento adecuado para darle un vistazo a ideas de política económica innovadoras o de vanguardia que pudieran ser implementadas por las nuevas administraciones en Puerto Rico y EE.UU. Nuestra serie de siete semanas, Focus 2020, planteó preguntas interesantes sobre algunos de los muchos problemas que afectan a Puerto Rico, como el estancamiento económico, el proceso de reconstrucción posterior a María y los roles del gobierno y el sector privado en lo que respecta al desarrollo económico.

Sin embargo, pensamos que era importante entender primero los éxitos y fracasos de la política económica de las últimas décadas antes de entrar en el mundo de las nuevas ideas de política pública. Por lo tanto, nuestra primera edición fue una breve historia económica de Puerto Rico desde 1945. A menudo olvidamos que nuestros problemas económicos no comenzaron con el incumplimiento de la deuda en 2015. De hecho, se podría argumentar que el incumplimiento fue esencialmente una función de una economía estancada a largo plazo.

3. JSAF v. Aurelius

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) no violaba la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. La Cláusula de Nombramientos establece que el presidente “nominará, y por y con el consejo y consentimiento del Senado, designará embajadores, otros ministros y cónsules públicos, jueces de la Corte Suprema y todos los demás oficiales de los Estados Unidos…” (Art. II, §2, cl. 2). Los miembros de la JSAF fueron nombrados en conformidad con un proceso complicado que no requirió el consejo y consentimiento del Senado.

4. El impacto del programa de Seguro de Ingreso Suplementario en Puerto Rico

El Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa creado por el Congreso en 1972 para reemplazar el programa de Asistencia para Personas de Edad Avanzada, con Ceguera o Discapacidades (AABD, por sus siglas en inglés) que brinda asistencia monetaria a las personas mayores, ciegas y discapacitadas con recursos limitados para cubrir sus gastos básicos de vida. Está disponible para los residentes de los estados de EE.UU., el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte. Sin embargo, en Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, continúa operando el antiguo programa AABD y no el SSI.

El 10 de abril, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los EE.UU. emitió un fallo en el que confirmó una decisión del Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico, que declaró que dicha discriminación era inconstitucional bajo la Cláusula de Igual Protección de la Leyes de la Constitución de EE.UU. La decisión, si no es revocada por la Corte Suprema, podría beneficiar a más de 400,000 personas en Puerto Rico, quienes calificarían para unos $2,500 millones en beneficios anuales, según el análisis de Rosanna Torres, directora de la oficina de CNE en Washington, D.C.

5. El efecto de las políticas de austeridad en los municipios

Raúl Santiago Bartolomei, Ph.D., investigador asociado de CNE analizó las reformas municipales del más reciente Plan Fiscal para Puerto Rico, según certificado por la JSAF. Evaluó específicamente las propuestas de la JSAF para: (1) eliminar, de manera escalonada, todas las transferencias de fondos del gobierno central hacia los municipios para llevar a cabo las tareas que les son delegadas (para algunos municipios, estas transferencias representan cerca del 80% de su presupuesto), (2) reformar el sistema de contribución sobre la propiedad para aumentar los recaudos, y (3) la consolidación de servicios municipales a través de regiones o condados.

6. La importancia de la capacidad del estado

Puerto Rico enfrenta crisis simultáneas: la quiebra; una lenta reconstrucción posterior a María; y la pandemia de COVID-19. Abordar cada una de estas crisis requiere un alto nivel de capacidad estatal para implementar políticas complejas. Érase una vez cuando Puerto Rico tenía un alto grado de capacidad estatal, definida como “el conjunto de habilidades, capacidades y recursos necesarios para llevar a cabo funciones gubernamentales, desde la prestación de servicios públicos hasta el diseño e implementación de políticas públicas”. Sin embargo, con el tiempo, esas habilidades, capacidades y recursos se erosionaron por varias razones: el desmantelamiento de la administración pública profesional; la subcontratación y privatización de funciones clave; y años de reducciones de recursos financieros debido a políticas de austeridad. Sin embargo, incluso cuando Puerto Rico enfrenta múltiples crisis hoy, su gobierno está llamado a ejecutar a un alto nivel. Esta brecha entre la baja capacidad de ejecución y las altas expectativas es quizás el problema político más importante que enfrentamos en este momento, pero nadie parece hablar de ello, como mi colega Deepak Lamba-Nieves, Ph.D., y yo subrayamos en este análisis de la capacidad del estado en Puerto Rico.

7. Compensación por desempleo

A medida que la pandemia de COVID-19 se extendía por EE.UU., los gobiernos estatales y locales se vieron obligados a detener la actividad económica para reducir la tasa de infección. Estas medidas llevaron a un gran aumento en el desempleo. El Congreso respondió promulgando varios proyectos de ley de ayuda económica, incluido el Coronavirus Aid, Relief, and the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES, por sus siglas en inglés), que brindó asistencia muy necesaria tanto a las empresas como a los trabajadores desempleados. Sin embargo, incluso mientras la pandemia continuaba en su apogeo, el Congreso dejó que los beneficios adicionales por desempleo caducaran, como sostiene Rosanna Torres en su análisis de lo que podemos llamar el “precipicio de compensación por desempleo”.

8. Política industrial para el siglo 21

Incluso si dejamos a un lado el daño económico causado por los huracanes del 2017, los recientes terremotos y la pandemia COVID-19, está claro que la economía puertorriqueña ha padecido un estancamiento secular durante al menos una década. Esto no quiere decir que la reconstrucción del acervo de capital dañado o destruido por los desastres naturales, o proveerle asistencia tanto a las empresas como a los hogares afectados adversamente por la pandemia COVID-19, no sean importantes. Sin embargo, esas son condiciones necesarias pero insuficientes para reavivar el crecimiento económico de Puerto Rico. Tenemos que trabajar en mejorar nuestra capacidad anémica para producir un crecimiento endógeno y en la reforma de nuestras instituciones. Es por esta razón que dedicamos una edición de nuestra serie Focus 2020, a cómo la implementación de una política industrial moderna podría ayudar en ambos frentes: generar crecimiento endógeno y encaminar reformas institucionales.

9. Captación de plusvalía del suelo

¿Qué es la captación de plusvalía del suelo (“LVC”, por sus siglas en inglés)? Como Raúl Santiago Bartolomei y Deepak Lamba Nieves muestran en esta explicación corta, la captación de plusvalía del suelo se refiere a una serie de instrumentos de política pública que un gobierno local puede implementar para “capturar”, mediante impuestos, tarifas o adquisiciones, una fracción del valor que se agrega a los costos de desarrollo a través de la especulación y los precios de mercado. Una vez que se “captura” parte del valor agregado, los gobiernos locales pueden redistribuirlo haciendo inversiones estratégicas en mejoras de infraestructura, viviendas asequibles o servicios públicos, dando prioridad a los hogares de bajos ingresos. Los instrumentos de política publica comúnmente utilizados para LVC incluyen impuestos al valor de la tierra, cargos por impacto del desarrollo, cargos por derechos de construcción, fideicomisos de tierras comunitarias y bancos de terrenos y propiedades.

10. Transformación en tiempos de pandemia

Este año le dimos la bienvenida de regreso a CNE a Jennifer Wolff, Ph.D., como directora de nuestro Buró de Madrid. En este artículo, Jennifer escribe sobre el plan presentado por el presidente de España Pedro Sánchez (PSOE) para revertir los daños económicos causados por la pandemia del COVID-19. El plan consiste de una política expansiva de gastos que guiará los presupuestos estatales por los próximos siete años. De acuerdo al análisis de Jennifer, la iniciativa contiene diez políticas clave que podrían contribuir a crear una agenda de prioridades futuras para Puerto Rico. Entre estas se encuentran la digitalización y la descarbonización de la economía, la renovación del capital tecnológico, un aumento en la internacionalización del sector empresarial, la integración a corredores de transporte regionales, y la implementación de políticas sociales que aseguren la incorporación al proceso de transformación de las mujeres y los sectores precarizados.